ECONOMÍAS

¿A dónde van los precios?

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La inflación cerró 2021 en 51% y retornó al promedio de los dos últimos años de la gestión Cambiemos. Quien haya vivido los últimos 75 años en la Argentina únicamente disfrutó de 20 años con baja inflación -aumentos de precios anuales menores al 15%-. Tenemos un problema crónico y este año no será la excepción. El consenso del mercado proyecta para 2022 nuevamente un aumento de precios del 50%. Principalmente porque el Gobierno ya comenzó a levantar el ancla inflacionaria más importante: la cotización del dólar. Y al mismo tiempo, anunció aumentos en las tarifas de energía, la segunda ancla que usó el año pasado.

Ambas medidas tienen un doble fin, desarmar desequilibrios que en el mediano plazo agravan aún más nuestros problemas y dar señales al FMI. Reducir la inflación, como quedo claro en la exposición del ministro de Economía Martín Guzmán frente a los gobernadores, no forma parte de los objetivos prioritarios del programa en discusión con el organismo multilateral. Es más, su implementación en el corto plazo es pro inflación. La principal preocupación de nuestros prestamistas es que podamos acumular dólares para pagarles.

Ahí hay un límite claro, tanto para la actual gestión de gobierno como para las próximas, en su intento de contener el aumento de precios. Los altos compromisos con acreedores del exterior que tiene la Argentina en los próximos años son incompatibles con apreciaciones sostenidas de nuestra moneda. Un proceso necesario para lograr una caída considerable en la inflación, según indica la experiencia histórica y la literatura económica, por caso la tesis de maestría del actual viceministro de economía Ramiro Morra.

Es evidente que bajar la inflación en el medio de una crisis de deuda externa es bastante más complejo. Y la pandemia complicó aún más las cosas. En 2020 generó un shock que bajó en 20 puntos el aumento de precios, pero también provocó desequilibrios a nivel local e internacional que fueron el combustible de los precios en el 2021. Por ejemplo, en diciembre se registró la suba anual de precios más alta desde 1982 en Estados Unidos al igual que el registro histórico más elevado en la Unión Europea desde su existencia, 7% y 5% anual respectivamente.

Para este año se proyecta a nivel mundial una merma en la inflación, entre otras cosas por la aceleración en el endurecimiento de la política monetaria de la Fed, la autoridad estadounidense en la materia. Una reacción que ya habían tomado otros Bancos centrales como el de Reino Unido y gran parte de las economías en desarrollo como las de nuestra región. En ese marco, la presión sobre la actual presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, para que también siga ese camino es cada vez más alta. Mientras, algunos indicadores son positivos: los cuellos de botella en la oferta de ciertos bienes y servicios comenzaron un lento retroceso a fines del 2021, al igual que los aumentos en los precios de los alimentos. Pero los efectos de la variante Ómicron abren un interrogante respecto al proceso de normalización en las cadenas de producción y comercialización, y el paso al que va a descender la inflación.

Lo que sí sabemos, es que el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos es una muy mala noticia para la estabilización de nuestros precios. Mayores tasas de interés encarecen el endeudamiento del Gobierno y de las empresas argentinas en el exterior, a la par de desencadenar menores cotizaciones de los commodities, por ejemplo, de la soja, nuestro principal complejo exportador. En otras palabras, dificultan nuestra acumulación de dólares y presionan para ir hacia un tipo de cambio más alto.

De todas formas, los cambios en la cotización del dólar no son la única causa de la inflación y el Gobierno tiene herramientas para empezar a resolver el problema. La principal es aprovechar el acuerdo con el FMI para poner sobre la mesa un plan económico que coordine las expectativas sobre la evolución de otras variables claves, como por ejemplo la tasa de interés, el financiamiento del gasto público y la evolución de los salarios. Allí el éxito radica en establecer objetivos creíbles, explicitar las herramientas a usar y cómo se responderá ante cambios en la coyuntura económica. Lo que subyace es también la necesidad de una comunicación fluida sobre la política económica de cara a la sociedad.

El Gobierno avanzó el año pasado en medidas necesarias para la estabilización de precios, pero siempre por fuera de una lógica integral. Por ejemplo, logró que durante el primer trimestre las paritarias cierren en torno al 30%, en línea con la inflación que proyectaba el presupuesto. Sin embargo, cuando a mitad de año era evidente que ese objetivo era imposible de cumplir convalidó aumentos salariales del orden del 45% anual. Y no realizó cambios en la política económica ante una inflación núcleo (aquella que no incluye tarifas ni precios con estacionalidad como las frutas) que nunca bajó del 3% mensual y la aceleración de la inflación mundial. El discurso oficial paso a estar centrado en la necesidad de profundizar los controles de precios, una visión que públicamente algunos funcionarios del equipo económico no convalidaban.

Este año el Gobierno tiene que volver a convencer a los sindicatos para cerrar paritarias en porcentajes que ayuden a bajar la nominalidad de la economía. Tarea difícil. Sin embargo, puede usar un argumento contundente. Si la inflación no baja, difícilmente puedan recuperar el poder de compra que perdieron desde 2018 los salarios. Como se observa en el gráfico, desde 1946 cuando la inflación superó el 50% las probabilidades de aumentar el salario real fueron muy bajas[1]. Y de hacerlo su sostenibilidad fue imposible, con una inflación de 50,8% los salarios crecieron 7% en 1958, sin embargo, al año siguiente cayeron 26 puntos mientras los precios se duplicaban. Hoy estabilizar es la política más expansiva.

En ese marco, los controles de precios son necesarios en tanto y en cuanto evitan que el peso de des-indexar la economía caiga únicamente sobre los asalariados y cuentapropistas. Así como el Gobierno y los trabajadores tienen que hacer su aporte para evitar un salto en la nominalidad, las empresas también. En un proceso de desinflación, es menester administrar la puja distributiva para que el reparto de costos no profundice aún más los altos índices de pobreza que ya tenemos.

CC/DT

La inflación cerró 2021 en 51% y retornó al promedio de los dos últimos años de la gestión Cambiemos. Quien haya vivido los últimos 75 años en la Argentina únicamente disfrutó de 20 años con baja inflación -aumentos de precios anuales menores al 15%-. Tenemos un problema crónico y este año no será la excepción. El consenso del mercado proyecta para 2022 nuevamente un aumento de precios del 50%. Principalmente porque el Gobierno ya comenzó a levantar el ancla inflacionaria más importante: la cotización del dólar. Y al mismo tiempo, anunció aumentos en las tarifas de energía, la segunda ancla que usó el año pasado.

Ambas medidas tienen un doble fin, desarmar desequilibrios que en el mediano plazo agravan aún más nuestros problemas y dar señales al FMI. Reducir la inflación, como quedo claro en la exposición del ministro de Economía Martín Guzmán frente a los gobernadores, no forma parte de los objetivos prioritarios del programa en discusión con el organismo multilateral. Es más, su implementación en el corto plazo es pro inflación. La principal preocupación de nuestros prestamistas es que podamos acumular dólares para pagarles.

Ahí hay un límite claro, tanto para la actual gestión de gobierno como para las próximas, en su intento de contener el aumento de precios. Los altos compromisos con acreedores del exterior que tiene la Argentina en los próximos años son incompatibles con apreciaciones sostenidas de nuestra moneda. Un proceso necesario para lograr una caída considerable en la inflación, según indica la experiencia histórica y la literatura económica, por caso la tesis de maestría del actual viceministro de economía Ramiro Morra.

Es evidente que bajar la inflación en el medio de una crisis de deuda externa es bastante más complejo. Y la pandemia complicó aún más las cosas. En 2020 generó un shock que bajó en 20 puntos el aumento de precios, pero también provocó desequilibrios a nivel local e internacional que fueron el combustible de los precios en el 2021. Por ejemplo, en diciembre se registró la suba anual de precios más alta desde 1982 en Estados Unidos al igual que el registro histórico más elevado en la Unión Europea desde su existencia, 7% y 5% anual respectivamente.

Para este año se proyecta a nivel mundial una merma en la inflación, entre otras cosas por la aceleración en el endurecimiento de la política monetaria de la Fed, la autoridad estadounidense en la materia. Una reacción que ya habían tomado otros Bancos centrales como el de Reino Unido y gran parte de las economías en desarrollo como las de nuestra región. En ese marco, la presión sobre la actual presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, para que también siga ese camino es cada vez más alta. Mientras, algunos indicadores son positivos: los cuellos de botella en la oferta de ciertos bienes y servicios comenzaron un lento retroceso a fines del 2021, al igual que los aumentos en los precios de los alimentos. Pero los efectos de la variante Ómicron abren un interrogante respecto al proceso de normalización en las cadenas de producción y comercialización, y el paso al que va a descender la inflación.

Lo que sí sabemos, es que el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos es una muy mala noticia para la estabilización de nuestros precios. Mayores tasas de interés encarecen el endeudamiento del Gobierno y de las empresas argentinas en el exterior, a la par de desencadenar menores cotizaciones de los commodities, por ejemplo, de la soja, nuestro principal complejo exportador. En otras palabras, dificultan nuestra acumulación de dólares y presionan para ir hacia un tipo de cambio más alto.

De todas formas, los cambios en la cotización del dólar no son la única causa de la inflación y el Gobierno tiene herramientas para empezar a resolver el problema. La principal es aprovechar el acuerdo con el FMI para poner sobre la mesa un plan económico que coordine las expectativas sobre la evolución de otras variables claves, como por ejemplo la tasa de interés, el financiamiento del gasto público y la evolución de los salarios. Allí el éxito radica en establecer objetivos creíbles, explicitar las herramientas a usar y cómo se responderá ante cambios en la coyuntura económica. Lo que subyace es también la necesidad de una comunicación fluida sobre la política económica de cara a la sociedad.

El Gobierno avanzó el año pasado en medidas necesarias para la estabilización de precios, pero siempre por fuera de una lógica integral. Por ejemplo, logró que durante el primer trimestre las paritarias cierren en torno al 30%, en línea con la inflación que proyectaba el presupuesto. Sin embargo, cuando a mitad de año era evidente que ese objetivo era imposible de cumplir convalidó aumentos salariales del orden del 45% anual. Y no realizó cambios en la política económica ante una inflación núcleo (aquella que no incluye tarifas ni precios con estacionalidad como las frutas) que nunca bajó del 3% mensual y la aceleración de la inflación mundial. El discurso oficial paso a estar centrado en la necesidad de profundizar los controles de precios, una visión que públicamente algunos funcionarios del equipo económico no convalidaban.

Este año el Gobierno tiene que volver a convencer a los sindicatos para cerrar paritarias en porcentajes que ayuden a bajar la nominalidad de la economía. Tarea difícil. Sin embargo, puede usar un argumento contundente. Si la inflación no baja, difícilmente puedan recuperar el poder de compra que perdieron desde 2018 los salarios. Como se observa en el gráfico, desde 1946 cuando la inflación superó el 50% las probabilidades de aumentar el salario real fueron muy bajas[1]. Y de hacerlo su sostenibilidad fue imposible, con una inflación de 50,8% los salarios crecieron 7% en 1958, sin embargo, al año siguiente cayeron 26 puntos mientras los precios se duplicaban. Hoy estabilizar es la política más expansiva.

En ese marco, los controles de precios son necesarios en tanto y en cuanto evitan que el peso de des-indexar la economía caiga únicamente sobre los asalariados y cuentapropistas. Así como el Gobierno y los trabajadores tienen que hacer su aporte para evitar un salto en la nominalidad, las empresas también. En un proceso de desinflación, es menester administrar la puja distributiva para que el reparto de costos no profundice aún más los altos índices de pobreza que ya tenemos.

CC/DT

La inflación cerró 2021 en 51% y retornó al promedio de los dos últimos años de la gestión Cambiemos. Quien haya vivido los últimos 75 años en la Argentina únicamente disfrutó de 20 años con baja inflación -aumentos de precios anuales menores al 15%-. Tenemos un problema crónico y este año no será la excepción. El consenso del mercado proyecta para 2022 nuevamente un aumento de precios del 50%. Principalmente porque el Gobierno ya comenzó a levantar el ancla inflacionaria más importante: la cotización del dólar. Y al mismo tiempo, anunció aumentos en las tarifas de energía, la segunda ancla que usó el año pasado.

Ambas medidas tienen un doble fin, desarmar desequilibrios que en el mediano plazo agravan aún más nuestros problemas y dar señales al FMI. Reducir la inflación, como quedo claro en la exposición del ministro de Economía Martín Guzmán frente a los gobernadores, no forma parte de los objetivos prioritarios del programa en discusión con el organismo multilateral. Es más, su implementación en el corto plazo es pro inflación. La principal preocupación de nuestros prestamistas es que podamos acumular dólares para pagarles.