Una ola de 'bukelización' de la Seguridad Nacional en América Latina

El Salvador - el país más densamente poblado de América continental y uno de los más densamente poblados del mundo- fue etiquetado por años como el más homicida del mundo. En 2015 registró 6.656 homicidios, para una tasa de 106 por cada 100.000 habitantes y el Sistema de Naciones Unidas establece que un país o una sociedad sufre “epidemia de violencia” cuando la tasa supera 10 por ciento.

Su presidente Nayib  Bukele desde el inicio de su mandato, en junio de 2019, expresó su enfrentamiento contra el crimen organizado de las maras e implementó medidas para controlar la violencia y garantizar la seguridad.

El 2021 cerró con 1.140 homicidios, según la Policía Nacional Civil (PNC), para una tasa de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. La cifra resulta escandalosa en otras latitudes; sin embargo, para el pequeño país centroamericano representó un fuerte descenso, difícil siquiera de imaginar apenas un lustro atrás. 

 

Los idus de marzo y la guerra contra las pandillas 

La última semana de marzo de 2022 se desató una oleada de violentos crímenes: el 26 de marzo   fue el día más mortífero de la historia reciente de El Salvador. En consecuencia, el

domingo 27 de marzo, el presidente avalado por  Parlamento promulgó  un régimen de excepción  que dispone la restricción de las libertades civiles (libertad de asociación, derecho de defensa, plazo de detención administrativa, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones)  y otorga mayor margen de acción a los  poderes de la Policía, para enfrentar la violencia pandillera. 

Bukele -un milenial de 40 años que goza de amplio apoyo popular desde que asumió la presidencia e hizo de la seguridad un eje de su campaña- también decretó  “emergencia máxima” en todas las cárceles, donde permanecen más de 17.000 de los 70.000 miembros de las pandillas que viven en El Salvador. 

El 4 de diciembre, a  ocho meses de la promulgación del estado de excepción -cuya vigencia en principio era de 30 días y luego se extendió con el aval del Legislativo- el presidente Bukele informó por  Twitter que  el “control” de los territorios, por años dominados por las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias, “ya es totalmente del Estado”. La noticia aseguraba el éxito de las fuerzas de seguridad que “cercaron” a la ciudad  de Soyapango, a 12 kilómetros de la capitalina El Salvador. Soyapango, que ocupa el tercer rango en la demografía del país, ha sido catalogada como una de las más peligrosas del país por la alta presencia de las denominadas maras. De acuerdo con Bukele, “en menos de 48 horas, más de 140 pandilleros han sido arrestados dentro del cerco”. 

El éxito de los recursos del método implementado por el gobierno en su “guerra contra las pandillas”  significa una victoria política para Bukele.  El reclamos de los organismo internacionales de DDHH, que el presidente descalificó o ignoró, no ha influido en el apoyo de los salvadoreñas y salvadoreños a las medidas. Según una encuesta reciente, más de un 75% de los salvadoreños-  9 de cada 10- consideran que la delincuencia se ha reducido. Y de los resultados  de otro sondeo,  un 70 % apoya  la reelección del primer mandatario.   

El 3 de septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador emitió la Sentencia 1-2021, ampliamente debatido, que abre la puerta a los presidentes del país  a la reelección consecutiva,  a pesar de las prohibiciones constitucionales explícitas, partiendo de la interpretación constitucional orientada a proteger la soberanía popular para decidir sobre la reelección presidencial. 

¿Se inicia una  convergencia regional? 

En Honduras, que  mantiene la elevada cifra en 37 homicidios por cada 100 mil habitantes, el 6 de diciembre su presidenta izquierdista Xiomara Castro como parte del Plan Nacional contra la Extorsión,  promulgó  por  decreto el “estado de excepción parcial” por 30 días con  la finalidad de promover la “seguridad en los espacios públicos” ante la presión de la ciudadanía que reclama seguir el ejemplo del vecino El Salvador.

Entre los considerandos sobre  la necesidad de la medida,  “la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados, que operan como mafias poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas”; y la consumación de “delitos de extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestros”, respalda la suspensión de “garantías establecidas en la Constitución de la República”. 

Ante el recrudecimiento de la estrategia de seguridad, debido a un repunte del cobro de extorsión en el sector transporte y en negocios por parte de las pandillas MS-13, Barrio 18 y otras estructuras criminales, así como al incremento de los homicidios y los secuestros, el estado de excepción se implementó para el área territorial circunscrito  a determinados  barrios y colonias de la ciudad capital de Tegucigalpa y de  la norteña San Pedro Sula que registran el número más altos de delitos atribuidos a las pandillas.

Según cifras oficiales, más de 58.800 presuntos pandilleros han sido arrestados desde que la medida, que limita las libertades individuales y cerca las ciudades con militares, entró en vigor.  

En el Ecuador, otrora “país de paz”,  la presencia de las mafias del narcotráfico han convertido a esta nación en el mayor puerto de embarque de drogas a Europa, EEUU y en escuela de formación de sicarios que asesinan en cárceles, calles, lugares comerciales. Incluso descuartizamientos a la mexicana de algunas víctimas y bombardeos de cuarteles policiales, gasolineras, vehículos y negocios que, además, deben pagar vacuna para poder funcionar. La violencia se ha concentrado en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Colorados.

Durante en el gobierno del ex presidente, Lenin Moreno (2017-2021) se produjo el secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio: el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra en un viaje a la frontera caliente con Colombia para investigar la organización del narcotráfico. El crimen perpetrado por el Frente Olivier Sinisterra acrecentó las investigaciones realizadas bajo el mandato del actual gobierno del conservador ultraderechista  Guillermo Lasso y se descubrió el accionar cómplice de narcogenerales como así también como elementos de la seguridad de rangos inferiores.

El presidente Lasso intentó aplicar un estado de excepción similar al de El Salvador, pero de muy magros resultados; la violencia se multiplicó en las calles.  La observación de Bukele “Los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones” si bien no menciona a Lasso ni al país sudamericano, redes sociales y medios ecuatorianos lo han considerado como una crítica al estado de excepción. “El estado de excepción es una herramienta, no una varita mágica. Aprobar un estado de excepción sin una estrategia contra los terroristas no sirve de nada”, declaró el presidente salvadoreño en su cuenta de Twitter.

El 7 de diciembre, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness de centroderecha, declaró un estado de excepción generalizado para combatir un repunte de violencia a manos de pandillas, conocidas como “pelotones”. La medida abarca algunas comunidades en la capital Kingston, así como a seis de las 14 jurisdicciones de Jamaica, incluidas las que albergan lugares turísticos populares como Bahía Montego.

“Hemos visto un aumento en la actividad delictiva en estas áreas y, ciertamente, una amenaza a la propiedad y, en algunos casos, desorden público. Es importante señalar que también nos acercamos a la temporada navideña, y esto requerirá del despliegue de recursos aún mayores”, declaró el presidente Holness quien señaló como ejemplo de medidas similares a los gobiernos de El Salvador y Honduras.

 

Las políticas de mano dura,  ¿el único camino? 

Los controvertidos recursos del método Bukele para frenar el crimen han sido puestos en tela de juicio.Las organizaciones de DDHH coinciden en que “los Gobiernos latinoamericanos no deberían enceguecerse con la actual popularidad de Bukele, porque la historia muestra que las políticas de mano dura, a la larga no sirven para mejorar la inseguridad”.

En los escenarios con serios problemas de pobreza y desigualdad, la “mano dura” aparece como salida providencial para responder a la inseguridad. Exitossa en copar la conciencia colectiva de la sociedad, la “mano dura”, lejos de ser  un movimiento espontáneo, se apoya en teorías muy cuestionadas como “tolerancia cero”, basada a su vez en la teoría de la “ventana rota”  que sostiene que hay que aplicar la máxima punición contra las infracciones más pequeñas porque se considera que pueden ser el antecedentes de acciones criminales graves. 

La abogada y feminista Erika Guevara Rosas, directora para América de  Amnistía Internacional, sostiene que “una política robusta de seguridad pública solo se logra si se tiene en la mesa una visión integral y un proceso participativo, donde las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas tienen una larga trayectoria y experiencia, lo que les permitirá hacer propuestas integrales”.

Una política de estado que articule  la planificación e inversión en políticas educativas, en servicios públicos de calidad, en fortalecimiento de las capacidades de investigación policial, en programas de reinserción social, en generación de oportunidades formativas y laborales.  En su conjunto, se deberían abordar  las causas estructurales que llevan a miles de jóvenes a unirse a las pandillas. Entre ellas,  la marginación social y la falta de programas que ofrezcan oportunidades laborales y educativas a expandilleros, especialmente en contextos de desigualdad socioeconómica

AGB