Uruguay acusado de dilapidar los buenos éxitos iniciales en la lucha contra el coronavirus en medio de una nueva ola mortal de Covid-19

Médico cardiólogo, presidente de la Sociedad de Cardiología, secretario del Sindicato Médico del Uruguay (CASMU) y director del Programa de Tabaquismo del Ministerio de Salud Pública en Uruguay, Enrique Soto sabía mejor que nadie que, a la edad de 65 años, tenía mayores riesgos de contraer Covid-19. Su hijo Marcos, de 40 años, se lo había advertido. Sin embargo, el dr Soto siempre respondía lo mismo: que él no podía abandonar a sus pacientes.

Cuando Soto murió al comienzo de la reciente y devastadora segunda ola de infecciones en Uruguay, su muerte se convirtió en un emblema del desastre que se ha desarrollado durante los últimos meses en el pequeño país sudamericano.

Uruguay fue una vez aclamado como modelo de respuesta a la pandemia por las medidas adoptadas. Pero, sus políticas recientes han generado una de las peores tasas de infección en el mundo con un gobierno decidido a evitar nuevas restricciones.

La nación de 3,5 millones de habitantes, que en junio pasado estaba barajando la idea de declararse libre de Covid-19, se está preguntando cómo salieron las cosas tan mal, y ofreciendo lecciones sombrías para otros países.

Según los expertos, la situación es fruto de la decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou de abandonar una exitosa política de restricciones sociales en favor de un régimen mucho más permisivo que, en cambio, se ha basado casi exclusivamente en las ventajas de la vacunación, desconociendo los límites de ésta.

El resultado ha sido una nueva ola en el país que registró casos de casi uno de cada 100 ciudadanos, y una tasa de mortalidad de 50 personas por día, que continúa con niveles altos.

Las cifras han representado la quinta tasa de mortalidad más alta del mundo, con 20,64 por cada 100.000 personas durante dos semanas, así como también la más alta de América Latina.

La causa, dicen los expertos, ha sido una combinación de factores, desde el exceso de confianza hasta los recientes errores políticos en torno a la vacunación, así como la proximidad de su vecino Brasil, donde se ha desarrollado una variante del virus aún más contagiosa.

Para muchos ha sido sorprendente el contraste de la respuesta del gobierno de centro derecha durante los primeros meses de la pandemia y durante la desastrosa ola reciente.

El pasado mes de marzo, tras detectarse el primer caso de coronavirus, el por entonces recién elegido presidente Lacalle Pau anunció el cierre de algunas de las fronteras.

Lacalle Pou también canceló eventos públicos, cerró el sistema educativo, cerró bares, centros comerciales y partidos deportivos profesionales y prohibió el culto religioso colectivo. Se pidió a los uruguayos que se quedaran en sus casas y se inició un sistema de testeo.

En junio, Uruguay cumplía varios días seguidos sin contagios.

Sin embargo, el presidente -durante la ola más reciente-  ha rechazado los llamados a un cierre nacional, haciendo alusiones veladas al “estado policial” en un país donde la dictadura cívico-militar -que se inició en 1973- finalizó el 1 de marzo de 985.

En cambio, Lacalle Pou, como algunos republicanos en los EEUU y los políticos conservadores británicos, ha reiterado -en varias oportunidades- la importancia de la “libertad responsable”, insistiendo en que una estrategia de vacunación, que apenas comenzó en marzo, sería suficiente, mientras rechaza los llamados de los científicos que integran el grupo asesor para la reintroducción de los requisitos de distanciamiento social.

Muchos de los profesionales de la salud del país que han estado trabajando en primera línea se encuentran desconcertados. El médico de terapia intensiva y presidente del Sindicato Médico de Uruguay (SMU), Gustavo Grecco, luego de cumplir su turno en un hospital de Montevideo, resumió el problema: “El gobierno dejó de escuchar a la ciencia, a su grupo científico asesor, a sus médicos, a las universidades. Desde febrero, el gobierno se ha divorciado por completo de las recomendaciones de la comunidad científica”.

Sin embargo, el análisis ofrecido por Grecco es rechazado por el ministro de Salud, Daniel Salinas, quien insistió que, en lugar de mirar las horribles cifras del reciente brote, los observadores deberían centrarse en la experiencia de Uruguay durante la pandemia.

“Cuando la gente se preocupa por la tasa de mortalidad en Uruguay”, le dijo a The Guardian, “deberían ver el panorama completo y no solo un fragmento, el que dice que somos los peores del mundo en 14 días”.

Si bien Salinas insiste en que la campaña de vacunación ha ido bien, ya que el 60% de la población ha recibido una dosis, otros observadores señalan que la ambición del país de vacunar completamente al 80% no se podrá lograr, como mínimo, antes de octubre.

“Tenemos un 43% de personas vacunadas con dos dosis”, informa el doctor en cardiología Álvaro Niggemeyer, que trabaja en una unidad de terapia intensiva en un centro médico en Montevideo con pacientes con Covid-19.

“Eso es alrededor de 1.490. 000 personas de 3.6 millones a la vez que tenemos circulando la cepa P1 que es ampliamente contagiosa”.

“Tenemos fronteras por las que la cepa Delta también puede colarse y nos estamos comportando como si el problema ya estuviera resuelto porque ya estamos vacunando”.

“Mi mensaje es que tenemos 2.100.000 uruguayos no vacunados. Tenemos una alta circulación viral y tenemos una cepa circulante que tiene una mayor mortalidad en los jóvenes”.

El manejo de Lacalle Pou de la crisis, inevitablemente,  ha suscitado críticas por parte de sus rivales políticos. 

“El presidente nos dijo en una reunión que no creía en reducir la movilidad social. Dijo que no creía que estas medidas fueran respetadas”, informó el senador Mario Bergara, miembro del partido izquierdista Frente Amplio y exministro de Hacienda.

“Eso es a pesar de que, según la comunidad científica, tres semanas de restricciones significativas habrían llevado a una reducción importante de infecciones y muertes, todo lo cual nos lleva a decir que en la actualidad hay muertes evitables en Uruguay”.

Entre los que parecen haber perdido la confianza en el enfoque del gobierno se encuentran miembros del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que sostienen que el presidente del país ignoró cada vez más sus consejos, lo que provocó la disolución del grupo.

“La proporción de nuestras recomendaciones que el gobierno toma en cuenta ha cambiado [desde principios de la pandemia]”, dijo Arturo Briva, profesor de Medicina de Terapia Intensiva y e integrante del grupo (GACH).

“Tenemos que asumir que el gobierno está tomando en cuenta otros problemas al tomar sus decisiones, pero les estoy diciendo la dolorosa verdad de que, al observar los resultados clínicos, creo que podemos obtener mejores resultados con una menor movilidad”.

Para el hijo de Enrique Soto, Marcos, director de UCU Business School de la ciudad de Montevideo, el rechazo del gobierno a los consejos científicos y médicos es doblemente doloroso después de la muerte de su padre. “En mi propia vida profesional confío y confío en aquellos con conocimientos especializados en la toma de decisiones. Es difícil creer que no hay nada más que podamos hacer para evitar más muertes. ¿Estamos seguros de que lo hemos hecho todo? Estas son las preguntas que hay que formularse”.

Traducción de Alfredo Grieco y Bavio