El gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, aprobó un paquete de recortes que retira más de US$1.000 millones en financiación federal a la Radio Pública Nacional (NPR) y el Servicio Público de Radiodifusión (PBS), las principales cadenas estatales de noticias y programación educativa de ese país. La medida afectará directamente a más de 1.500 radios y televisoras locales, muchas de ellas en zonas rurales, pequeñas localidades y comunidades indígenas, que podrían verse forzadas a cerrar o reducir drásticamente sus operaciones. Todo parecido con la Argentina de La Libertad Avanza no es pura coincidencia: es ideología.
Según Patricia Harrison, presidenta de la CPB (Corporación de Radiodifusión Pública), el recorte será “devastador” para el acceso a información confiable y a recursos educativos, especialmente en lugares donde los medios públicos son la única fuente local de noticias y servicios de emergencia.
El impacto no será solo financiero: más de 100 emisoras pequeñas podrían dejar de emitir, según un análisis de Public Media Company. Además, millones de familias perderán el acceso gratuito a contenidos educativos, culturales y de servicio público, que incluyen desde documentales hasta alertas climáticas o programas infantiles como Sesame Street.
La decisión se enmarca en una ofensiva más amplia del trumpismo contra instituciones culturales, científicas y universitarias. Además del desfinanciamiento a NPR y PBS, Trump ordenó el desmantelamiento de la Voz de América, una histórica emisora de propaganda exterior, y busca cerrar otras agencias como el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas o el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson.
El argumento de fondo es ideológico: para el trumpismo, los medios públicos son herramientas de la izquierda “radical” y deben ser reemplazados por productos comunicacionales que respondan a las reglas del mercado.
Una lógica similar atraviesa la política comunicacional del presidente de nuestro país, Javier Milei, quien en marzo de 2024 anunció el cierre de la agencia de noticias Télam, creada en 1945, con 760 empleados y una red de 27 corresponsalías en todo el país. El argumento fue calcado: Télam sería un “aparato de propaganda kirchnerista” y, por tanto, no debía seguir financiándose con fondos públicos.
En la madrugada posterior al anuncio, la sede fue vallada por la policía y los trabajadores recibieron un mail de “dispensa laboral”. Desde entonces, la página web dejó de funcionar, el archivo fue desactivado y el portal permanece con un cartel que dice “en reconstrucción”.
Desde que Milei asumió la presidencia, los medios públicos argentinos atraviesan un proceso de vaciamiento y reestructuración profunda. Aunque Télam fue directamente cerrada, la Televisión Pública y Radio Nacional no corrieron mejor suerte, aunque sus páginas web y redes sociales fueron silenciadas en mayo de 2024 bajo el pretexto de una “reorganización”, y los contenidos informativos críticos se redujeron drásticamente. Además, el Gobierno convirtió a RTA en una sociedad anónima y mantiene bajo control directo todos los medios estatales, con despidos, retiros voluntarios y amenazas de cierre.
El Ejecutivo impulsa una reconversión ideológica de estos espacios, utilizando la TV Pública, por ejemplo, para emitir contenidos de corte libertario como los dibujos animados Tuttle Twins, que promueven ideas anarcocapitalistas y cuestionan la universidad pública, los subsidios y los impuestos. Esta reorientación se enmarca en la autodenominada “guerra cultural” del oficialismo. Diversas organizaciones de periodistas y derechos humanos han denunciado una estrategia de censura encubierta, que busca disciplinar el discurso público y eliminar voces disidentes en los medios del Estado.
“No hay ninguna crítica al Gobierno, todo está censurado”, denunció Lorena Tapia Garzón, delegada de la Televisión Pública en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). La trabajadora advirtió que el ataque de Milei a los medios estatales no es solo económico, sino también ideológico y represivo: “Nos están censurando. Hoy no hay espacio para la crítica al Gobierno en la Televisión Pública. Y lo mismo ocurrió con la agencia Télam, que fue silenciada”. Tapia Garzón también relató las protestas recientes en Radio Nacional, donde los sueldos están por debajo de la canasta de indigencia, y denunció que el vaciamiento de las 49 emisoras nacionales responde a un objetivo político: impedir que se cuente lo que ocurre fuera de Buenos Aires.
Desde otro frente sindical, Natalia González, secretaria general de Aatrac Telecom-B, sostuvo que los trabajadores del Correo Argentino y de Radio Nacional viven un presente “triste y angustiante”, tras décadas dedicadas al servicio público. “Nos tratan como si fuéramos descartables. En el Correo ya despidieron a más de seis mil personas y cerraron sucursales en provincias y pueblos pequeños, dejando comunidades enteras sin acceso a un servicio esencial”, señaló. Para González, el ataque a las empresas públicas también busca quebrar la conexión entre los ciudadanos y el territorio, debilitando la soberanía nacional: “Cuando llega algo, llega por el correo. Cuando se escucha algo, es por la radio. Y eso lo están destruyendo”.
Denuncian adoctrinamiento pero divulgan su propia doctrina con dinero de los impuestos
La transformación de Paka Paka, el canal infantil estatal, es un síntoma de esta nueva etapa: el Gobierno eliminó programas como Zamba, que promovían una mirada progresista de la historia nacional (aunque sí con sesgo partidario kirchnerista), y los reemplazó por Tuttle Twins, una serie estadounidense cuyos protagonistas aprenden de Adam Smith, Hayek y Milton Friedman que “los impuestos son robo” y “el Estado es el problema”.
Mientras tanto, los trabajadores de los medios públicos protestan por los recortes y denuncian la desaparición de coberturas clave, como la información desde zonas alejadas del país o la provisión gratuita de alertas de emergencia. Algo similar ocurre en Estados Unidos, donde las estaciones comunitarias podrían quedar en silencio si no logran autofinanciarse.
Pese a los matices entre ambos países, el patrón se repite: gobiernos conservadores que identifican a los medios públicos como enemigos ideológicos, los estigmatizan como propagandísticos y los vacían de contenido, personal y financiamiento. En su lugar, imponen una lógica de mercado y contenidos afines a su narrativa política, en nombre de la libertad.
Es curioso: denuncian el adoctrinamiento pero usan el poder del Estado para imponer su propia ideología. Y mientras critican el gasto, ignoran el valor democrático de garantizar información plural, federal y accesible para toda la población. En nombre de achicar el Estado, restringen el derecho a una comunicación plural y democrática, dejando en pie solo los discursos que les convienen. Y lo hacen, irónicamente, desde los propios medios públicos que pretenden silenciar.
JJD, con información de EFE.