La Argentina del Súper RIGI: cuanto más grande sos, menos pagás

Argentina está por completar un menú de regímenes de inversión que, en la práctica, crea un sistema impositivo con cuatro velocidades. La más rápida (y la más barata) es para los proyectos más grandes. La más lenta es para las PyMEs. Vale la pena poner los números sobre la mesa.

Empecemos por Ganancias. El régimen general cobra una escala progresiva: 25% para ganancias de hasta $133,5 millones, 30% hasta $1.335 millones y 35% por encima de ese monto. La mayoría de las PyMEs queda en el tramo del 25% o del 30%. Si esa PyME se inscribe en el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones), la alícuota no cambia: sigue pagando 25% o 30% según su ganancia. El RIMI no baja la tasa. Lo que ofrece es amortización acelerada —deducir la inversión en dos años en lugar de cinco o diez— y devolución anticipada de IVA. El alivio es financiero: el impuesto total a lo largo del tiempo es el mismo.

Un escalón más arriba, el RIGI fija Ganancias en 25% para inversiones mayores a USD 200 millones. A eso le suma exención de retenciones a la exportación desde el tercer año, disponibilidad progresiva de divisas de exportación (100% al cuarto año), estabilidad fiscal por 30 años, quebrantos sin límite temporal y acceso a arbitraje internacional. En la cima, el Súper RIGI, que acaba de obtener media sanción en Diputados, baja Ganancias al 15%, elimina retenciones y derechos de importación desde el primer día, reduce las contribuciones patronales del 24% al 10%, fija los dividendos en 3,5% a partir del cuarto año y acelera la libre disponibilidad de divisas de exportación al tercer año. Además, elimina por completo la obligación de liquidar los ingresos de capital y deuda externa: la inversión puede instalarse en Argentina sin volcar un dólar en el mercado local.

La asimetría se vuelve más nítida cuando se mira qué no cambia para las PyMEs bajo el RIMI. La alícuota de Ganancias es la misma. Los dividendos tributan igual: 7%. Las retenciones a la exportación siguen vigentes. La liquidación de divisas sigue siendo obligatoria. No hay estabilidad fiscal garantizada ni acceso a arbitraje internacional. El RIMI es, en definitiva, un adelanto de deducciones. Nada más.

Un ejemplo concreto: una PyME que gana USD 500.000 al año tributará Ganancias a una tasa efectiva cercana al 29%. En una década, habrá pagado alrededor de USD 1,4 millones. Un megaproyecto bajo el Súper RIGI que genere la misma ganancia pagará USD 750.000: casi la mitad. Y eso sin contar los beneficios aduaneros, cambiarios y laborales que la PyME no recibe.

Se podrá argumentar que sin incentivos generosos las grandes inversiones no vendrían. En algún caso puede ser. En otros no tanto. Pero la arquitectura del sistema revela una elección de prioridades. El RIMI exige que la PyME mantenga los bienes adquiridos en el marco del régimen en su patrimonio al menos dos años; si los vende antes, devuelve todo con intereses y multa. El Súper RIGI congela las reglas por tres décadas, no obliga a liquidar un solo dólar y, si bien reincorporó a último momento una meta del 20% de compras locales, el cupo puede cumplirse con servicios u obras que de todos modos se hacen en el país.

Otros países diseñaron la ecuación al revés. Brasil condiciona los beneficios de sus centros de datos a invertir en investigación local y reservar capacidad de cómputo para el mercado interno. Chile cobró más impuestos, no menos, a cambio de garantizar estabilidad fiscal. En ambos casos, el incentivo era generoso pero venía con contrapartidas concretas.

La discusión de fondo no es si hay que ofrecer incentivos (hay que hacerlo), sino si tiene sentido que quien más beneficios recibe sea también quien menos obligaciones asume. Hoy, en la Argentina de los cuatro regímenes, el esfuerzo es para los chicos y los beneficios para los grandes. Tal vez sea hora de preguntarse si no hay una forma más inteligente de repartir la torta.

Guido Zack es director de Economía en Fundar.