Destruir instituciones para destruir el pensamiento crítico

Desde su campaña electoral, el actual presidente de la Nación, Javier Milei, encaró con modos violentos la difusión de su ideario ultraneoliberal, como consecuencia de lo cual proliferaeron en medios de comunicación y redes sociales los discursos de odio, tanto hacia los colectivos que luchan por sus derechos como hacia actores políticos, movimientos sociales e instituciones públicas e, inclusive, el mismo Estado.

A 41 años del retorno a la democracia, este gobierno nacional embate deliberadamente contra un conjunto de instituciones públicas y estatales. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), las universidades y los organismos públicos han sido foco de críticas y acciones concretas con el objetivo de legitimar el desmantelamiento de su funcionamiento.

El Gobierno nacional anunció en reiteradas oportunidades su intención de cerrar el Inadi, aunque por motivos legales aún no ha podido avanzar en ese proceso, dado que el instituto se creó por la Ley 24.515 en 1995 y sólo el Congreso puede derogarla. No obstante, sí han avanzado en el despido de sus trabajadores, en su desfinanciamiento y en su desguace. 

Desde su creación, el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) ha trabajado con organismos públicos estatales. En ese marco se realizó un conversatorio con el Inadi a fines del año 2023, que surgió a partir del ataque hacia las universidades públicas, tanto en redes sociales como en las calles, con consignas tales como “pagate la universidad, parásito” o “parásitos, se les termina la universidad pública”.

Estos pasacalles fueron de autoría autoproclamada por los espacios conservadores y liberales en el marco de la contienda electoral. Dichos sucesos fomentaron los estigmas y discursos de odio promovidos hacia quienes estudian en las universidades públicas de la región del conurbano. Del conversatorio mencionado participó la última titular del Inadi, Greta Marisa Pena, quien compartió reflexiones y datos relevantes sobre una encuesta que realizaron acerca del incremento de los discursos de odio:

(I) se ponía en evidencia que a menor nivel educativo había menor apego a los discursos de odio,

(II) que a mayor nivel educativo también la población experimentaba menos de apego a los discursos de odio,

(III) y que, sin embargo, el sector más propenso a adherir a los discurso de odio es la población que terminó el secundario y no siguió una carrera en la educación superior.

En la misma encuesta, recortando los datos por región, se evidenció que el conurbano bonaerense era una de las zonas con menor propensión a adherir a los discursos de odio. Esto se opone al sentido común promovido por los medios de comunicación sobre las particularidades del conurbano, ya sea por las condiciones socioeconómicas, por la inseguridad o las violencias que allí acontecen. 

Durante las últimas semanas el Gobierno nacional avanzó en los despidos, dejando a miles trabajadores sin sus empleos en diferentes organismos públicos, tales como la Anses, el Ministerio de Capital Humano, la Secretaria de Trabajo, la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), la Secretaria de Cultura, AYSA, el Enacom, el Conicet, el Incaa, la Agencia Nacional de Discapacidad, el Instituto de Agricultura Familiar, el PAMI, Acumar, el Indec, el Servicio Meteorológico y Parques Nacionales, sólo por nombrar un puñado de organismos afectados, sin contar el desmantelamiento completo de la agencia Télam.

En simultáneo a los despidos masivos, el gobierno nacional ha profundizado la estrategia de estigmatización del Estado y sus trabajadores. Estas modalidades y tipos de violencias que encarna el Gobierno nacional son inéditos desde el retorno a la democracia. Desde 1983 los distintos gobiernos que han gestionado el Estado lo han hecho con diferentes grados de efectividad, e incluso diferentes orientaciones. La novedad es que la gestión de Milei es explícitamente odiadora del Estado, sobre todo en su función social, hasta llegar a etiquetarlo como “organización criminal”. 

También es de público conocimiento, la compleja situación que están atravesando las universidades públicas, producto del grave desfinanciamiento sobre el sistema público de educación superior. El escenario es extremadamente complejo, dado que con una inflación anual del 276% se encuentran funcionando con el mismo presupuesto que 2023, lo que las pone en riesgo de funcionamiento, al punto incluso de no poder garantizar el pago de los servicios básicos como la electricidad.

En este marco, el Consejo Interuniversitario Nacimiento (CIN), que agrupa al conjunto de rectoras/es de las universidades públicas, reunido el 9 de abril de abril último, ha convocado a una gran marcha federal para el 23 de abril, en sintonía con la postura de los gremios.

El Gobierno nacional tiene muy claro que para destruir el pensamiento crítico y la movilización social también tiene que destruir instituciones públicas que garantizan los cimientos de la vida democrática y de la justicia social.

El intento de cierre del Inadi expresa el miedo del Gobierno a la diversidad, el desfinanciamiento de las universidades públicas expresa el miedo al pensamiento crítico y a la soberanía nacional, y los despidos masivos del Estado expresan su concepción política del Estado como garante del “capital” y los sectores concentrados del poder económico.

Este gobierno será recordado por la crueldad con la cual gestionó contra la población y los sectores más vulnerados, destruyendo el papel del Estado como garante de los derechos humanos, económicos y sociales del pueblo. Frente a este escenario, las universidades públicas y todas las instituciones estatales que siguen de pie necesitamos articular nuestras luchas y las agendas de trabajo para repensar y actuar, y así construir un futuro posible con justicia social y con igualdad para todes.

CJ/JJD