En medio de la disputa judicial por las clases presenciales, que en los últimos días tensó al máximo la cuerda de las diferencias políticas entre Nación y Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno les recordó este miércoles a los colegios privados que el decreto dispuesto por Alberto Fernández el último viernes “está vigente”.
En el texto, dirigido a Rodolfo De Vincenzi, de la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP), y firmado por los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, el Gobierno manifiesta la “vocación de acompañar la tarea educativa en este difícil momento, en el cual el crecimiento de la curva de contagios por Covid-19 se ha acentuado en forma muy preocupante, a lo que se ha sumado una situación de incertidumbre y confusión ajena a la comunidad educativa”.
Y agrega: “A fin de aportar claridad y serenidad, condiciones indispensables para garantizar el derecho a la educación, le queremos hacer saber que el Decreto N° 241/2021 es una norma federal que se encuentra vigente, por lo cual corresponde sostener la continuidad educativa no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021 en todos los niveles y en todas sus modalidades en el aglomerado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.
Según la carta, para el Ejecutivo nacional, el mencionado decreto “dispone medidas sanitarias que dan cuenta del severo riesgo epidemiológico para la población, causado por la velocidad en el aumento de la curva de contagios, particularmente en la zona del AMBA”.
En cuanto a la puja judicial de los últimos días entre Nación y CABA, los ministros reconocen “la confusión que ha generado el dictado de una medida cautelar para continuar con las clases presenciales suspendidas por la norma federal citada, que fuera dispuesta por un tribunal local de la Ciudad de Buenos Aires sin competencia para adoptar esa decisión”, y remarcan que la misma “fue dejada sin efecto por la justicia federal, a lo que se suma que también tramita ante la Corte Suprema un expediente iniciado por el GCBA”.
Además, la carta expresa que el Gobierno lamenta que, en el momento de mayor riesgo sanitario y “ante la evidencia del crecimiento sostenido de casos de Covid-19, se genere una situación de incertidumbre que sin dudas aqueja a la ciudadanía y a la comunidad educativa toda, cuando no se respetan las normas federales dispuestas en el marco de una pandemia para cuidar la vida y la salud de la población, y las autoridades que desconocen un mandato de la autoridad judicial competente demuestran una actitud política y jurídica irresponsable”.
Tras recordarles la vigencia del DNU que impone restricciones nuevas en el AMBA y suspende las clases presenciales hasta el 30 de abril, los funcionarios se pusieron “a disposición para acompañarlos en el esfuerzo educativo que desarrollan en condiciones tan adversas, y contamos con su compromiso para que no se computen las inasistencias ni se adopten medidas compulsivas; todo ello con el fin de facilitar el trabajo escolar y una satisfactoria convivencia”.
En el final de la carta, el Gobierno expresó a De Vincenzi, que también es rector de la Universidad Abierta Interamericana y preside el Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina (CRUP), que sin salud “no hay presente y sin educación no hay futuro”, y que las autoridades nacionales trabajan “con todos los sectores para retomar la presencialidad en las escuelas, cuidando la salud de toda la comunidad”.
IG