Presión interna
La CGT se reúne en Azopardo para definir su última jugada frente a la reforma laboral
La CGT reunirá este viernes por la mañana a su consejo directivo para definir su posición política frente a la reforma laboral que el Gobierno buscará aprobar el próximo miércoles en el Senado. Con un único punto en el orden del día, la conducción sindical llega a la cumbre, que tendrá lugar en la sede de Azopardo 802, atravesada por un escenario adverso: el oficialismo da por encaminados los votos y en la Casa Rosada aseguran haber aislado a la central de sus aliados políticos clave.
El encuentro será encabezado por el triunvirato que conduce la CGT y que está conformado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). Funcionará como una instancia decisiva para fijar los próximos pasos del sindicalismo organizado. Sobre la mesa estará la definición de un plan de lucha que, según admiten en Azopardo, oscila entre una nueva movilización, medidas sectoriales o la convocatoria a un paro general que todavía genera resistencias internas.
La discusión expone una interna cada vez más visible dentro de la central obrera. Mientras el sector más dialoguista busca evitar una confrontación directa con el Gobierno y apuesta a ganar tiempo en el frente parlamentario, el ala más dura —empujada por gremios industriales, sectores cercanos a Pablo Moyano y las dos CTA— presiona para endurecer el conflicto y dar una señal política antes de la sesión del miércoles. En ese equilibrio inestable, la cúpula cegetista intenta evitar una fractura mientras define hasta dónde está dispuesta a escalar.
Es que el endurecimiento del frente sindical más combativo impacta de lleno en la discusión interna de la CGT, cuya conducción aún duda en convocar a una huelga general. Mientras el núcleo tradicional mide el costo político de una confrontación directa con el Gobierno, los gremios más duros avanzan con paros sectoriales, asambleas y movilizaciones para forzar una definición antes del miércoles.
Esa presión empezó a hacerse visible en la calle. Este jueves, gremios combativos encabezados por ATE, la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y sindicatos agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) se movilizaron en Córdoba contra la reforma laboral, en el marco de una estrategia de “federalización del conflicto” que continuará el martes en Rosario y que podría desembocar en un paro nacional con movilización al Congreso el mismo día de la sesión.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, apuntó directamente contra los gobernadores que negocian con la Casa Rosada y acusó a sectores del peronismo dialoguista de “subordinarse” al Gobierno. Desde ese espacio advierten que no hay margen para negociar cambios parciales y reclaman que el proyecto “se caiga completo”.
En paralelo, el Gobierno desplegó una estrategia política para impedir que el sindicalismo articule un frente con gobernadores y bloques opositores, lo que terminó por debilitar la capacidad de presión de la central obrera. Sin ese respaldo político, el margen de acción sindical quedó reducido y la discusión interna se volvió más áspera.
En ese marco, el objetivo inmediato de la CGT es ganar tiempo y evitar que la reforma sea tratada durante las sesiones extraordinarias. Sin embargo, en el propio sindicalismo reconocen que el escenario parlamentario es adverso y que el oficialismo logró consolidar apoyos clave en el Senado, incluso entre sectores del peronismo no kirchnerista.
La reforma lboral que impulsa el Gobierno introduce cambios sensibles en la regulación del trabajo formal. Desde la Casa Rosada sostienen que la iniciativa busca modernizar el marco normativo, reducir la informalidad y generar condiciones para la creación de empleo registrado. Sin embargo, el sindicalismo advierte que los cambios implican una pérdida de derechos y un debilitamiento estructural del poder gremial.
Entre los puntos centrales más polémicos, se habilita el fraccionamiento del período de vacaciones, se modifican esquemas de organización laboral con mayor flexibilidad para empleadores, se limita el alcance de ciertas medidas de fuerza y se redefinen aspectos vinculados al financiamiento sindical y de las obras sociales.
La definición que surja de Azopardo será leída como la última carta de la CGT antes de la sesión del miércoles. En el oficialismo, mientras tanto, siguen de cerca el desenlace y apuestan a que la central no avance con un paro general que altere el clima político en la antesala de la votación. La reunión, más que un trámite orgánico, es una señal de hasta dónde está dispuesta a llegar la conducción sindical frente a uno de los proyectos más sensible del gobierno de Javier Milei.
PL/MG