Comienza un juicio contra Molinos que pone en el foco la responsabilidad empresarial en la dictadura

El Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata inicia hoy el juicio por el secuestro de tres trabajadores y militantes gremiales de la planta Avellaneda de Molinos Río de la Plata, ocurrido el 7 de julio de 1976 y aún impune: los tres continúan desaparecidos. El único imputado es Emilio Jorge Parodi, exjefe de Personal de la empresa entre 1974 y 1979, acusado de haber sido partícipe necesario de los secuestros al poner las instalaciones de la fábrica a disposición de los represores. Es el cuarto juicio en el país que investiga directamente la complicidad de directivos de empresas con el terrorismo de Estado, y el primero que llega a juicio oral en la jurisdicción de La Plata.

Según la acusación, en la madrugada del 7 de julio de 1976 grupos represivos ingresaron a la planta de Avellaneda con información precisa sobre a quiénes debían detener. A las 5 de la mañana secuestraron a Santos Ojeda, de 24 años, operario y delegado de base; minutos antes de las 6 se llevaron a Francisco Fernández, trabajador mecánico y militante gremial; y a las 8 fue el turno de Roberto José Rivolta Bonino, empleado administrativo también con militancia sindical. Los tres siguen desaparecidos. El juez de instrucción Ernesto Kreplak, al confirmar el procesamiento de Parodi, sostuvo que los secuestros “no se podrían haber ejecutado sin la colaboración del imputado”, que —según su resolución— “facilitó la consumación de las detenciones” al poner a disposición de los grupos de tareas las instalaciones de la fábrica.

La causa tardó trece años en llegar a esta instancia. La investigación se abrió en 2013 a partir de una denuncia presentada ante la CONADEP por una familiar de una de las víctimas, que incorporó además el testimonio de un excompañero de trabajo. En 2014 la Justicia allanó la empresa y secuestró documentación correspondiente al período 1975-1983. Parodi fue detenido con prisión preventiva en julio de 2023 y procesado como partícipe necesario de privación ilegal de la libertad agravada, calificada como crimen de lesa humanidad; en septiembre de 2025 la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó ese procesamiento. El acusado negó su participación en los hechos.

El expediente no se limita a los tres secuestros que llegan hoy a juicio. Al menos 26 trabajadores de la planta de Avellaneda fueron identificados como víctimas de delitos de lesa humanidad durante la dictadura, y en agosto de 2023 los sindicatos querellantes pidieron que se llamara a indagatoria a otros dieciséis jefes y personal jerárquico de la fábrica, un pedido que todavía no derivó en nuevos procesamientos. Son querellantes en la causa el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la Federación de Trabajadores Aceiteros (FTCIODyARA), el SOEIA Capital y Gran Buenos Aires —constituidos como parte en 2015— y el abogado Pablo Llonto.

Uno de los ejes centrales de la acusación es económico. Según la reconstrucción del CELS sobre el caso, Molinos Río de la Plata —fundada en 1902 por el grupo Bunge y Born— pasó de registrar pérdidas al cierre del ejercicio 1974/75 a mostrar ganancias en los dos períodos siguientes, con un incremento del 358% en sus resultados, mientras reducía su dotación de personal de 4.540 a 3.851 trabajadores y la proporción de sus costos destinada a salarios caía del 14% al 8%. La lectura que hacen el CELS y los querellantes es que la desarticulación violenta de los reclamos gremiales, con secuestros de delegados y activistas, coincidió con una reestructuración que benefició directamente los balances de la empresa.

El juicio por Molinos se inscribe en una serie todavía escasa de causas que llegaron a juzgar, más allá de los responsables militares y policiales directos, a directivos de empresas por su rol en el terrorismo de Estado. Es el cuarto juicio de este tipo en el país, después de los procesos por la empresa salteña La Veloz del Norte, por el Ingenio Las Marías y por la planta de Ford en General Pacheco. El procesamiento de los directivos de Ledesma, Carlos Blaquier y Alberto Lemos, fue revertido en 2015 por la Cámara Federal de Casación por “falta de mérito”, pese a que se había probado que la empresa aportó vehículos para los secuestros conocidos como la “Noche del Apagón” en Jujuy; y en el caso de Mercedes-Benz, pese a pedidos de la fiscalía en 2014 y 2016, nunca se llegó a citar a indagatoria a sus directivos por las desapariciones de al menos 15 trabajadores de la planta de González Catán.