Tras la derrota en el Senado, el Gobierno apura en Diputados la ley de Inocencia Fiscal y la reforma del Banco Central

El Gobierno está decidido a dar vuelta la derrota del jueves en el Senado con una victoria en la Cámara de Diputados. Tras el fracaso de la batalla por la extranjerización de la tierra, que sigue acumulando pases de factura, el oficialismo busca reflotar un conjunto de proyectos de perfil más técnico, vinculados a la batalla cultural que realmente le importa a Javier Milei: la económica. El objetivo es poner a prueba la lealtad de los aliados y convocar a una sesión dentro de dos semanas para aprobar la nueva ley de Inocencia Fiscal y la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

“Acá todo es más fácil, el problema es el Senado. El problema es Patricia”, se queja un diputado libertario, buscando matizar los dolores de cabeza que generó el derrumbe de la mitad del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Lo dice mientras, en la oficina de al lado, la bullrichista Laura Rodríguez Machado recorre la comisión de Presupuesto en busca de las firmas que le faltan para dictaminar los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.

Es el nuevo desafío de La Libertad Avanza, que está buscando la manera de volver a la ofensiva tras la movilización opositora del jueves. Primero necesita recuperar el vínculo con los gobernadores, que por la mañana se reunieron con el jefe de Gabinete, Diego Santilli con un pliego de reclamos. Y después necesita consolidar la alianza con proyectos de ley que, advierten, ya arrastran cierto consenso social. O al menos no generan grandes campañas ciudadanas en su contra.

La Ley de Inocencia Fiscal, que terminó consiguiendo dictamen con el apoyo de los gobernadores de Mendoza, Misiones, Tucumán y Salta, es el primer paso. Como gesto de buena voluntad, Martín Menem aceptó introducir algunos cambios al texto original para que los funcionarios de los tres poderes del Estado no puedan adherir al blanqueo. La versión original, que el ministro de Economía, Luis Caputo, mandó a modificar con la fantasía de así conseguir exteriorizar más dólares sin declarar, permitía que los funcionarios pudieran adherir. El caso paradigmático fue el de Manuel Adorni, quien se adhirió al régimen para justificar sus ingresos no declarados en los días previos a la caída en desgracia que lo obligó a renunciar.

Según la nueva versión, ningún funcionario público podrá adherirse a los beneficios y a la presunción de inocencia fiscal. Se aplica a ministros, secretarios, jueces, diputados y senadores, y a cualquier otro funcionario que haya ocupado un cargo público en los últimos cinco años previos a la fecha de la adhesión. Es decir, los funcionarios podrán adherir al trámite –es decir, la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias–, pero no a la reducción de las multas y a la presunción de inocencia.

El proyecto, además, amplía el universo de contribuyentes y elimina los topes de ingresos para poder acceder. A cambio, el nuevo proyecto exige revestir la condición de residente fiscal durante la totalidad del período por el que se presenta la declaración jurada simplificada.

“¿Quién nos va a contar cuáles son los fundamentos que los han llevado a modificar este punto tan importante?”, preguntó la peronista Victoria Tolosa Paz, durante el debate. El presidente de la comisión, “Bertie” Benegas Lynch le respondió que no le iba a dar ninguna explicación. “Le hizo mal el implante”, masculló, enojada, Cecilia Moreau, por fuera del micrófono.

¿Las negras juegan?

Además del proyecto de Inocencia Fiscal, Menem buscará avanzar con la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central. El objetivo es sesionar el miércoles 26 con una sesión de bajo perfil que permita avanzar con las reformas estructurales que viene impulsando personalmente el Presidente. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en cambio, quedará para más adelante: nadie en LLA tiene interés en darle prioridad al proyecto de Federico Sturzenegger después de lo que pasó en el Senado.

Más lejos quedó la reforma electoral, que depende de los acuerdos electorales con los gobernadores y que, según advierten en el propio Gobierno, viene más lentos de lo deseado. “No están tirando ni una para las provincias, a este ritmo tenemos PASO el año que viene”, masculla un armador libertario, que está a cargo de las negociaciones en una de las provincias cuyanas. Los gobernadores exigen mejores condiciones que en la negociación de 2025, cuando Karina Milei se quedó con la boleta violeta y gran parte de los lugares de los legisladores. Quieren que les garanticen que podrán mantener el control del territorio y, a su vez, que tendrán más legisladores nacionales con los cuales aumentar su poder de negociación en la próxima gestión.

En paralelo, la oposición busca maneras de aprovechar la ola de rechazo social generada por la Ley de Tierras. Hay varias iniciativas en carpeta, la mayoría orientadas a resolver la crisis del endeudamiento de 6 millones de familias, pero en el peronismo no terminan de decidirse a actuar. En la Cámara de Diputados predomina un clima derrotista, generado por las desventaja numérica de la oposición, que los tiene envueltos en una inmovilidad hace varios meses.

MCM/MG