Audios intercambiados en un chat entre los organizadores de la marcha que reclama la excarcelación de represores condenados por delitos de lesa humanidad permiten asomarse al clima político, las tensiones y la narrativa que estructura la convocatoria prevista para el sábado próximo 29 de noviembre en Plaza de Mayo. Las voces que circulan allí —referentes de grupos negacionistas, familiares de militares y activistas ligados a los sectores libertarios que respaldan el reclamo— exhiben una mezcla de épica militar, victimización y presión interna para sostener la protesta.
elDiarioAR accedió a algunos de los cruces del chat, en el que varios de sus miembros ratifican el lugar y hora de la manifestación porque coincide con una marcha organizada desde la Izquierda en apoyo a Palestina. Este medio supo que desde el ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, habrían “sugerido” a los organizadores trasladar la manifestación a la Plaza San Martín.
“Definitivamente no se puede cambiar el lugar. Está todo el país avisado. Si nosotros nos vamos, después no se quejen, porque otra vez vamos a ceder, como siempre”, se escucha en uno de los audios del grupo organizador del 29N, denominado “Unidos Por La Sangre Derramada”.
El mensaje sintetiza la narrativa que atraviesa todo el movimiento: la idea de que, desde 1983, quienes reivindican a los represores viven “cediendo” frente a organismos de derechos humanos y políticas estatales de memoria, verdad y justicia. Esa lógica aparece reforzada en otro audio del mismo chat: “Durante 42 años vivimos arrodillados, callándonos la boca y dejando que nos pisoteen”.
“El Gobierno debería ver que no pase nada. Ahí vamos a ver si están con nosotros o si nos mintió cuando dijo ‘tiemblen zurdos’”, se escucha en otro pasaje del audio, evidenciando la relación con la gestión de Javier Milei. Este medio ya reveló que hay aval a la manifestación tanto desde el bloque de La Libertad Avanza como por algunos funcionarios del Ejecutivo.
Del grupo de WhatsApp formaba parte hasta el lunes pasado Orlando “Hormiga” González, represor condenado en 2017 por ser parte del Grupo de Tareas de la ESMA. Pero se retiró por diferencias con los demás organizadores: Asunción Benedit, de la agrupación “Pañuelos Negros” y hermana del diputado nacional por Entre Ríos Beltrán Benedit, el legislador que organizó la visita a Alfredo Astiz y otros represores el año pasado en la cárcel de Ezeiza. También están Guillermo Sottovia, hijo de un integrante de la Fuerza Aérea, y Alfredo Manzur, ex veterano de Malvinas –señalado por realizar torturas a conscriptos– y actual procurador del Poder Judicial tucumano.