Nuevo Régimen Penal Juvenil
Diputados aprobó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y el debate pasa al Senado
La Cámara de Diputados dio este miércoles un paso clave en una de las reformas más sensibles del temario oficial: la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil que fija en 14 años la edad mínima de imputabilidad. La iniciativa obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, y ahora deberá ser tratada en el Senado.
El respaldo llegó desde el bloque libertario, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, el MID, Innovación Federal y otras bancadas provinciales. El peronismo, en cambio, votó de manera unificada en rechazo al proyecto.
La reforma, impulsada por el Ministerio de Seguridad, no solo reduce la edad de responsabilidad penal -actualmente fijada en 16 años- sino que establece un nuevo esquema de sanciones. Para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros, se prevé una pena máxima de hasta 15 años de prisión. En casos con escalas menores a diez años, el texto contempla alternativas como servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricciones de acercamiento, prohibiciones de concurrencia a determinados lugares o impedimentos para conducir.
Uno de los puntos que el oficialismo destacó como central es la creación de institutos especializados para el alojamiento de menores condenados. Según el proyecto, estos espacios deberán garantizar educación, atención médica y tratamientos por adicciones, y contar con personal capacitado en niñez y adolescencia. También se establece de manera expresa la prohibición de convivencia con detenidos adultos.
El régimen incorpora, además, mecanismos como la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil para infracciones leves, siempre con consentimiento de la víctima. En esa línea, la norma amplía los derechos de quienes hayan sufrido delitos: podrán acceder a información sobre el proceso, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias restaurativas.
Desde la oposición peronista, las críticas apuntaron a la falta de un abordaje integral. Juan Grabois cuestionó que el foco esté puesto exclusivamente en la edad de imputabilidad y reclamó políticas más robustas en salud mental y tratamiento de consumos problemáticos. “No es un problema de números”, planteó, al tiempo que pidió dispositivos específicos para adolescentes en crisis.
Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la reforma como una respuesta a las víctimas y a la demanda social de mayor seguridad. El diputado Santiago Santurio reconoció que la medida no resolverá de manera definitiva la problemática del delito juvenil, pero sostuvo que establece un marco de responsabilidad para quienes cometen hechos graves.
La sesión fue seguida desde los palcos por familiares de víctimas de crímenes cometidos por menores de edad, entre ellos integrantes de la organización Madres del Dolor y allegados a casos que tuvieron fuerte repercusión pública en los últimos años.
En la etapa final de negociaciones, el Gobierno incorporó un artículo presupuestario para garantizar la implementación del régimen. Se prevé una asignación total de $23.739 millones, distribuidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación. La inclusión de estos fondos respondió a planteos de gobernadores, que habían advertido sobre el impacto financiero que podría recaer en las provincias.
Con la media sanción en Diputados, la discusión se traslada ahora al Senado, donde volverán a cruzarse dos miradas: quienes consideran que la reforma responde a una demanda urgente de seguridad y quienes sostienen que el problema excede la edad y requiere una política social más profunda.