Endeudamiento: el Gobierno cambia de estrategia y busca disputar la agenda con la oposición

“A ver decime, ¿qué artículo querés sumar?”, le pregunta una diputada oficialista al ex aliado misionero, Oscar Herrera Ahuad, mientras a un costado uno de los representantes de las asociaciones bancarias defiende la postura oficial sobre el endeudamiento familiar: lo mejor que puede hacer el Estado es no intervenir. En privado, la negociadora de La Libertad Avanza repite lo mismo, pero se muestra más flexible: el Gobierno quiere desactivar la ofensiva por los endeudados y está dispuesto a consensuar un proyecto light que le permita evitar una nueva oleada de derrotas legislativas. 

El oficialismo decidió cambiar la estrategia tras el triunfo opositor de la semana pasada. Una vez que los diputados del peronismo, la izquierda y el radicalismo díscolo consiguieron los votos de los gobernadores para forzar el tratamiento de los proyectos vinculados al endeudamiento y a la emergencia en discapacidad, el bloque libertario pegó el volantazo. “Tenemos una corta ventana antes de que arranque la campaña y se termine el amor, hay que aprovechar”, desliza una dirigenta del oficialismo, que observa que, a partir de diciembre, comenzará el sálvese quien pueda de los provincialismos que buscan la reelección. 

Javier Milei quiere que sus diputados disputen el relato de la caída de los ingresos. Por eso repartió panfletos sobre los éxitos económicos del Gobierno en la reunión del lunes en Casa Rosada. Y por eso es que el oficialismo está decidido, esta vez, a presentar sus propias propuestas para resolver las problemáticas sociales que la oposición puso en agenda. 

En el caso de la emergencia en discapacidad, que ya le hizo perder 6 votaciones en el Congreso el año pasado, el Gobierno ya comenzó a circular un dictamen que incluye algunos puntos de la ley sancionada por la oposición el año pasado. Se comenzará a discutir este miércoles. 

En cambio, sobre el aumento de la morosidad –que llega a las seis millones de personas–, la posición de LLA es más complicada. Milei y Luis Caputo vienen sosteniendo que es un “problema de privados” y que cualquier injerencia del Estado afectaría el crédito. Puertas adentro, sin embargo, un sector del oficialismo reconoce que hay que hacer un gesto hacia las familias endeudadas, al menos en términos discursivos. 

El oficialismo analiza varias opciones. La línea principal es sostener una mayor “transparencia” en el acceso al crédito, con exigencias claras, a bancos y billeteras virtuales, sobre las tasas y el costo financiero final de los préstamos que ofrecen. También reforzar la “educación financiera”, buscando instalar la idea de que el problema del endeudamiento no es por la caída de los ingresos, sino por falta de información de los endeudados. 

Lo que el Gobierno no está dispuesto a aceptar, en cambio, es poner límites a las tasas, la eliminación de intereses punitorios o, en última instancia, la condonación de una parte de la deuda. El oficialismo no quiere abrirle la puerta a la reestructuración de las deudas: esa es una prerrogativa de los bancos, insisten, y cualquier intervención podría generar “problemas en la seguridad jurídica”. 

Fueron las asociaciones bancarias, incluso, las que tomaron la palabra durante el debate en la reunión informativa de las comisiones de Finanzas y Defensa al Consumidor. Mientras el oficialismo dialogaba con los representantes de las provincias aliadas, buscando convencerlos de que les mandaran sus propuestas para sumarlos a un dictamen final, los representantes de los bancos manifestaron sus reparos ante las propuestas opositoras. 

“Los bancos y los clientes ya están resolviendo las deudas. Es un proceso que está funcionando bien sin que el Estado esté ex profeso haciendo algo. Cualquier proyecto debe evitar afectar el proceso de normalización”, advirtió Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos. Bolzico señaló que ya se habían habilitado planes de refinanciación a más de 500 mil clientes, aunque omitió decir que este número representa apenas el 8% del universo de endeudados en situación de mora. 

“Se rompe la seguridad jurídica. Si se imponen condonaciones compulsivas se cambian las reglas de juego. Los préstamos bancarios se aportan con plata de los depositantes, a medida que cambien las reglas de juego estos depositantes se les va a desarmar esa confianza. Y los bancos van a tener menos insumos para créditos futuros”, analizó Paz Adrogué, la gerenta de Técnica y Consejo Asesor de la Presidencia de la Asociación de Bancos de Argentina, en línea con la postura del Gobierno. 

La oposición, mientras tanto, observa los movimientos del oficialismo con alarma. “Hay que tener cuidado con que el Gobierno no nos choree el centro (político) con un proyecto naif y gane la votación”, advirtió un diputado opositor, mientras miraba cómo el oficialismo se movía entre los bloques de las fuerzas provinciales. La noche anterior, muchos de ellos habían presentado proyectos propios sobre endeudamiento. 

En total hay unas 76 iniciativas presentadas, muchas de ellas redactadas por los representantes de Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) o Martín Llaryora (Córdoba). El desafío de la oposición será consensuar un proyecto que incluya las propuestas de los gobernadores antes de que el Gobierno los seduzca para hacer lo mismo: la disputa por el relato de la problemática del endeudamiento, así como la solución que se les da a las familias, depende de eso.

MCM/MG