El Gobierno reforzó su postura negacionista, esta vez en un ámbito de la ONU. Frente a las presentación de diferentes organismos nacionales e internacionales (como el CELS -Centro de Estudios Legales y Sociales-), el subsecretaro de Derechos Humanos, Alberto Baños, cuestionó la histórica consigna de Memoria, Verdad y Justicia y volvió a poner en tela de juicio el número de desaparecidos durante la última dictadura.
“Hablamos de memoria y hablamos de verdad, y la verdad es que a estos organismos no les interesa, porque delatan que, si uno ya llegara a cuestionar el famoso número de la cantidad de desaparecidos que hubo durante el periodo de la dictadura militar, entre 1976 y 1983, automáticamente cae en el negacionismo. Y todos sabemos, no podemos ser ingenuos, cómo se arribó a ese número”, dijo el funcionario en las últimas horas frente al Comité contra la Tortuta de las Naciones Unidas (CAT).
“Hoy en día, quien lo ideó, lo reconoce públicamente y lo dice en un montón de reportajes, donde confiesa por qué se hizo y con qué intención se hizo. Entonces, a partir de que ese número no puede ser negado porque entramos en el negacionismo, es que la verdad no les interesa, en absoluto”, dijo Baños.
El “número” al que se refiere el funcionario libertario son los 30.000 desaparecidos durante la dictadura y, para descalificarlo, abona la teoría difundida los últimos años por Luis Labraña, exmiembro de FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y Montoneros, quien asegura que la cifra fue “una mentira necesaria para conseguir dinero para las madres de los desaparecidos”.
El CELS había pedido al CAT que solicite al Estado Argentino “proporcionar información actualizada sobre las medidas y los recursos destinados a agilizar la tramitación y resolución de las causas judiciales pendientes por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar”.
“En el informe que hemos remitido en 2017 referimos nuestra preocupación por las demoras en la tramitación de las investigaciones judiciales. Si bien el Gobierno con mandato entre 2019 y 2023 intentó tomar algunas medidas para agilizar el proceso de juzgamiento, éstas no han tenido resultados debido a que no fueron sostenidas por la nueva administración. Esta situación ha empeorado con el Gobierno actual, que no sólo no adopta ningún tipo de política para fortalecer este tipo de investigaciones sino que elimina políticas públicas específicas que daban apoyo a los juicios y ataca y denosta el proceso de justicia como tal”, denunciaron desde el CELS.
Y acusaron al Poder Ejecutivo de obstaculizar “el acceso a archivos estatales que han sido fundamentales para elavance del proceso de justicia y desmantelando programas que colaboraban con las investigaciones judiciales mediante acciones complementarias que resultaban fundamentales. Estas medidas adoptadas por el Estado contrarían los pilares de la justicia transicional”.