La Justicia de EE.UU. falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado a pagar más de US$16.000 millones

La Justicia de EE.UU. falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera, en 2012. 

De esta manera, la Cámara de Apelaciones de Nueva York invalidó el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado el resarcimiento multimillonario. No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana. 

“Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, afirma el fallo que firman los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York.

Además, el tribunal sostuvo que los “reclamos ”de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento“.

La reacción de Milei

Al conocerse la noticia, el presidente Javier Milei se adjudicó el logro en redes sociales: “GANAMOS EL JUICIO DE YPF. La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco mas de lo que fue el prestamos del FMI en 2024). Es historico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, posteó el mandatario, junto a una foto en la que está acompañado por su hermana Karina; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. 

Ya en medio de un acto en el barrio porteño de La Paternal, el mandatario fue menos diplomático y desplegó su furia contra el Gobierno en el que se originó la causa: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, el imbécil, el incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”, disparó, sin filtro.

Y agregó: “Y ahora vengan a decir 'ah, pero los viajes de Milei a Estados Unidos; ah, pero el mameluco; ah, pero la gestión'... Acá está la gestión: 18 mil millones de dólares”.

El antecedente que anticipó el fallo y el origen de la causa

Días atrás, una corte de apelaciones de los Estados Unidos había aceptado la solicitud de Argentina de suspender las acciones orientadas a ejecutar una sentencia en contra del país suramericano en el millonario litigio por la nacionalización de la petrolera YPF hasta tanto se dictara una sentencia de fondo en el caso.

Fuentes oficiales informaron que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos aceptó este miércoles la solicitud de emergencia presentada por Argentina para suspender el proceso de 'discovery' (descubrimiento de pruebas) orientado a ejecutar una sentencia en contra del país dictada en 2023 por la jueza superior del distrito de Nueva York Loretta Preska.

El tribunal de alzada suspendió el proceso de 'discovery' a la espera de la resolución de la apelación presentada por Argentina contra el fallo condenatorio por 16.000 millones de dólares.

Poco después de conocerse la decisión, el presidente argentino, Javier Milei, describió la medida como “histórica y sin precedentes”.

“Esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país”, expresó en un comunicado, y subrayó que la resolución “refleja el reconocimiento por parte de la Justicia de los Estados Unidos de los sólidos fundamentos que sustentan la posición argentina”.

La nacionalización de YPF fue dispuesta por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y aprobada por el Congreso en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51 % de la petrolera, que estaba en manos de la española Repsol.

El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando la firma británica Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionaria del 25 % en YPF al momento de la nacionalización de la petrolera.

Burford Capital y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

En 2023, Preska falló a su favor y condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares.

El fallo fue apelado por Argentina ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

En junio de 2025, Preska ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51 % en la petrolera, medida también apelada por el país suramericano.

YPF, controlada por el Estado argentino y cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina y cuenta con activos por 29.439 millones de dólares y un patrimonio neto de 11.044 millones de dólares.

La cronología de los hechos

El origen de la causa judicial por la nacionalización de la petrolera YPF tiene origen en la redacción del estatuto de la empresa cuando en 1993 bajo el gobierno de Carlos Menem se dispuso su privatización.

En aquel momento, se redactó un estatuto social que incluía una cláusula de protección a los accionistas minoritarios, que establecía que cualquier entidad o persona que adquiriera el control de la compañía (más del 51% de las acciones) debía lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a todos los socios restantes, pagando un precio predeterminado por fórmula.

En 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF, pertenecientes en su mayoría a la española Repsol.

El argumento de la defensa argentina en aquel momento, liderada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, fue que la ley de expropiación, al ser una norma de orden público, prevalecía sobre los estatutos privados de la empresa.

En consecuencia, los accionistas minoritarios no recibieron oferta alguna por sus papeles.

En 2015, el fondo Burford Capital adquirió por 15 millones de euros los derechos para litigar de dos empresas del Grupo Petersen (Petersen Energía y Petersen Inversora), que habían quebrado en España tras la nacionalización al no poder afrontar los créditos con los que habían comprado su 25% de YPF.

Burford, junto con el fondo Eton Park, demandó a la Argentina en Nueva York alegando que el Estado actuó como un inversor privado y no cumplió con las reglas de mercado de la propia compañía.

Tras años de idas y vueltas sobre la jurisdicción (Argentina pretendía que el juicio se hiciera en Buenos Aires), la jueza Loretta Preska determinó en marzo de 2023 que el país era responsable por incumplimiento de contrato.

En septiembre de ese mismo año, la magistrada fijó el monto de la sentencia en US$16.100 millones de dólares, basándose en la fecha en que Argentina tomó el control de la empresa (16 de abril de 2012) y aplicando una tasa de interés retroactiva del 8% anual: daños principales: US$ 8.400 millones e intereses devengados: US$ 7.600 millones.

La jueza eximió de responsabilidad a la empresa YPF S.A., cargando la totalidad de la deuda sobre el Estado Nacional. Argentina apeló esta decisión ante el Segundo Circuito, argumentando que la jueza interpretó erróneamente el derecho local y violó la inmunidad soberana.

Tras el primer fallo de Preska, Burford inició un proceso de Discovery, por el cual pretendía detectar activos de la Argentina que fueron sujetos a embargos para cobrar el fallo.

Hace dos semanas, la misma Cámara de Apelaciones ordenó frenar estos procesos y ahora anuló el fallo de la jueza.

Fechas clave

1993 — PRIVATIZACIÓN

Se incluye la cláusula OPA en el estatuto social de la compañía para proteger a los accionistas minoritarios ante cambios de control.

2008-2011 — ENTRADA DE PETERSEN

El Grupo Petersen adquiere el 25% de las acciones de YPF mediante préstamos otorgados por Repsol y un consorcio de bancos.

ABRIL 2012- NACIONALIZACIÓN

El Congreso argentino expropia el 51% a Repsol. Las empresas Petersen entran en default al no recibir dividendos para pagar sus deudas.

2015 — INICIO DE DEMANDA

Burford Capital compra los derechos de quiebra de Petersen e inicia el juicio en Nueva York contra el Estado e YPF.

2023 — CONDENA INICIAL

La jueza Loretta Preska dicta sentencia por US$ 16.100 millones contra Argentina, eximiendo de responsabilidad a la petrolera.

MARZO 2026 — ANULACIÓN

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revoca la condena principal y ordena la revisión total del proceso judicial.