Fusilamientos en el Chaco
La masacre de El Zapallar: 91 años después, la Justicia busca esclarecer los asesinatos contra la población moqoit
Un anuario oficial que habla de “estúpida carnicería humana”, el testimonio de una víctima directa y un sumario policial con el nombre de 20 sobrevivientes retenidos antes de poder emprender el doloroso camino del regreso; fueron la punta del ovillo para una investigación que permite hoy que la Justicia argentina se encamine a producir su segundo juicio penal por la verdad histórica de una masacre indígena.
Se trata de la “Masacre de El Zapallar” perpetrada por la policía de territorios nacionales el 7 de septiembre de 1933 contra población moqoit en territorio chaqueño e investigada desde hace 12 años por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco que en el plazo de dos meses tiene previsto interponer el pedido de elevación a juicio, según confirmó el fiscal adhoc Diego Vigay a elDiarioAR.
El fusilamiento de entre 50 y 70 personas tuvo lugar en lo que es hoy la localidad de General San Martín –antes denominada El Zapallar–, ubicada a 100 kilómetros del sitio donde en 1924 se había producido la “Masacre de Napalpí” –hoy Colonia Aborigen–, cuya investigación judicial dio lugar en 2022 a la primera sentencia penal contra el Estado Argentino por crímenes de lesa humanidad contra población originaria en el marco de un genocidio.
El último paso judicial importante dentro de este nuevo expediente se cumplió el pasado 6 de abril cuando la Fiscalía Federal de Chaco obtuvo los testimonios de 11 descendientes de los sobrevivientes registrados en el viejo sumario policial de 1933, quienes llegaron desde diferentes puntos de la provincia para reproducir ante los representantes del Ministerio Público la versión que sus abuelos o bisabuelos (ya fallecidos), les dieron sobre esa matanza grabada a fuego en la memoria colectiva.
“Fueron de 70 para arriba los asesinados, entre ellos niños, mujeres y ancianos”, dijo a los fiscales Héctor José (65), quien conoció la historia de boca de su abuelo Luis Salteño.
Por su parte, Sixto Lalecori (65), contó “la policía recibió con disparos de armas de fuego” al primer de grupo de moqoit en llegar a El Zapallar después de más de 20 días de caminata motorizada por la grave crisis alimentaria que asolaba sus comunidades.
“Pensaron que los moqoit habían ido a pelear, por eso los asesinaron a sangre fría”, dijo Alfredo Sateño (76) al repetir el relato de su abuelo Pedro Balquinta
“Los que tiraban los tiros eran los policías y algunos civiles”, dijo Florencio Ruiz (55) que contaba su tatarabuela.
Las narraciones dan cuenta también de que muchas muertes se producen durante la huida, ya sea al intentar cruzar a nado el Río de Oro, ya sea por hambre o cansancio.
“En ese año, una persona mestiza que el ejército denomina ‘lenguaraz’ –pero que para nosotros era un ‘altemuy’–, anduvo recorriendo las comunidades (moqoit) para convencer a los caciques de que se había instalado la paz entre el blanco y el indígena, y los invitaba a asentarse en un lugar que se llamaba El Zapallar”, contó a elDiarioAR Juan Carlos Martínez, docente bilingüe que también ofreció testimonio como nieto de una sobreviviente.
“Les pidió que vendan sus cosas o que abandonen (sus territorios) porque allá iban a tener todo. Y mucha de la gente que estaba sufriendo sequía y hambruna, le creyó y se fueron”, agregó.
Por eso y porque no iban en actitud de guerrear, “no esperaban que los milicos –como le llamaban al ejército y la policía–, los recibieran a tiros”, como tristemente ocurrió.
“Algunos pudieron volver a las comunidades, pero cuando llegaron (a sus terrenos) ya estaban ocupados por los gringos, que estaban alambraban acompañados por policías”, dijo.
Un lugarcito donde amontonarse
Los grupos moqoit que lograron superar el intento de asesinato y la dura odisea del regreso, se encontraron con que sus tierras ya no les pertenecían y “se tuvieron que amontonar en algún lugarcito que quedaba en la zona rural”.
“Todo eso me lo contó mi abuela, mis papás y mis tíos. Se lo contaba a escondidas, en voz baja, para que nadie sepa que la abuela estuvo porque fueron perseguidos y tenían miedo de que vuelva a pasar. La masacre de Zapallar quedó como último dolor para el pueblo moqoi”, dijo.
En diálogo con elDiarioAR, el fiscal Vigay explicó que “el grueso” de los 300 indígenas que marchaban a Zapallar “eran de la reducción Napalpí”, es decir, de uno de las cuatro reducciones estatales para indígenas –verdaderos centros concentracionarios– que funcionaron en los ex territorios nacionales de Chaco y Formosa entre 1911 y 1956, donde la población originaria era obligada a trabajar en condiciones muy cercanas a esclavitud.
Al llegar a las afueras de esa localidad, montaron un campamento “y tuvieron una instancia de negociación con el comisario”, como parte de la cual el funcionario “les acercó algo de comida” para evitar que siguieran avanzando, pero “que ni siquiera les alcanzó para todo el grupo”
Esas negociaciones no dieron resultado y movidos “por la desesperación, por la situación de hambre, deciden ingresar”, aunque dejando en claro su actitud pacífica por eso “disponen que vayan los niños y las mujeres primero, los ancianos después y, finalmente, los hombres”.
“Son recibidos por unos 40 efectivos de la policía de territorios nacionales y algunos civiles, que disparan repeliendo el ingreso: se estima que produjeron 50 muertes”, dijo.
Apegados a la idea de que se trataba de “un malón”, la policía detiene por algunas horas a 20 de los sobrevivientes cuyos testimonios asentados en el “Expediente N°926 del Juzgado Letrado del Territorio Nacional del Chaco” del año 1933, ofician hoy como una prueba fundamental, porque pusieron nombre y voz a las víctimas directas de la matanza.
“Hicimos una búsqueda a partir del listado de detenidos adultos varones: con esos apellidos como referencia, llegamos a estos 11 descendientes (que dieron testimonio), casi todos nietos”, explicó Vigay.
Dadas las barreras físicas y simbólicas, la tarea no fue fácil y rindió sus frutos casi dos años después de haberse realizado el pedido público de colaboración al pueblo moqoit para dar con quienes, “por el relato oral de sus mayores, puedan tener conocimiento de lo sucedido y brindar testimonio”, según puede leerse en la convocatoria fechada en agosto de 2024.
“Trabajamos con docentes moqoi para trasladar el mensaje a la comunidad y finalmente un referente nos propuso organizar reuniones en las diferentes comunidades, en las que fueron surgiendo los nombres de estos 11 familiares de sobrevivientes. Y así fue que llegamos a los testimonios, que es el paso que nos faltaba para pensar en la posibilidad de una audiencia de juicio y una sentencia”, dijo.
No obstante, la causa contenía ya los testimonios de sobrevivientes directos de la masacre que fueron apareciendo en la investigación de la masacre de Napalpí: son los de Pedro Balquinta, Ramona Pérez –la abuela de Juan Carlos Martínez– y Justino Lalecori quienes declararon en su doble condición de sobrevivientes de Napalpí y Zapallar, pero no podrán participar de un eventual juicio de la verdad porque fallecieron en los años transcurridos desde entonces.
El expediente resultó muy prolífico también al mostrar cómo fue cambiando la calificación de los hechos a medida que avanzaban las pesquisas en 1933.
“Investigaban un malón, pero después resulta que de los testimonios indígenas se desprende que ellos sólo pedían trabajo o alimentos, y que lo que se describió inicialmente como armas, eran elementos de trabajo. Por eso terminan cerrando el expediente diciendo ‘bueno, fue todo un malentendido, fue un incidente’ y se le da la libertad a todas las personas”, contó Vigay
Queda pendiente, por otra parte, la localización de los cuerpos porque “todos los testimonios hablan de una fosa común, pero no nos dan dado ninguna ubicación que nos permita realizar una búsqueda” con antropólogos forenses por lo cual “es uno de los puntos” en los que podría avanzarse con el juicio.
Sin embargo, el expediente judicial sí permitió identificar como sitio de la masacre el lugar donde se erige un centenario “tatané” –árbol de la flora local– y donde la comunidad qom local organiza cada año un homenaje a sus hermanos moqoit allí masacrados.
Allí se construyó allí un monolito como memorial que en noviembre pasado fue declarado “Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia” por una ley de la Legislatura chaqueña, que ya en 2014 ya había instituido por al 9 de septiembre de cada año como “día de duelo provincial, en conmemoración del suceso conocido como la Masacre del Zapallar”.
Además de los testimonios y el expediente judicial de época, fue clave la incorporación de la investigación realizada por el historiador, ex intendente de General San Martín y actual diputado provincial Rubén Guillón, volcada en un capítulo de su libro “El Zapallar, tenemos historia” (2012).
“Yo supe de la masacre por un artículo que publicó el profesor e investigador Eduardo Barreto en el diario El Norte. Cuando empiezo a indagar a nivel local, surge que ‘algo pasó’, pero no estaba a la vista. Es un tema que se hablaba por los pasillos de la comunidad, como algo prohibido. De hecho, después que publiqué el libro recibí el reproche de algunos vecinos mayorcitos que me increparon diciéndome ‘¿vos qué buscás? ¿Generar más odio, venganza?’”, contó a elDiarioAR Rubén Guillón.
Es que quienes siguen viviendo en General San Martín no son los moqoit sino los descendientes de aquellos policías y civiles que dispararon.
Lo primero que Guillón encontró tras entrevistarse con Barreto fue los certificados de defunción de los dos fallecidos oficiales de los que habló la prensa de la época, pero el documento “más categórico y contundente”, lo hallaría tiempo después, tras una revisión hoja por hoja de un ejemplar un libro la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios que encontró en el Instituto de Geohistoria de El Chaco donde aparecía “un informe oficial que redactó el inspector que mandó esa comisión El Zapallar” tras la masacre.
“El hambre y la miseria amenazaban con acabar la tribu. Desesperados, decidieron ir a pedir socorro al pueblo de El Zapallar situado a unas leguas. Divididos en tres grupos marchaban. Adelante, las mujeres y los niños; más atrás, a continuación, los viejos, y a cierta distancia un tercer grupo, constituido por adultos, queriendo significar que iban con carácter de paz y a pedir socorro”, puede leerse en ese libro.
“Al tener noticias en el pueblo de la marcha de esta columna, el movimiento fue malinterpretado y reunidos un grupo de pobladores armados a las órdenes del comisario, recibieron a tiros a la miserable columna haciendo, por incomprensión, una estúpida carnicería humana”, continúa el relato de 1933.
El legislador destacó la importancia de esta prueba por tratarse, otra vez, de documentación oficial.
“¿Qué más prueba podés pedir si el informe oficial dice eso? No era un malón que quería ingresar al pueblo para asesinar, para matar y destruir, porque quién va a querer invadir un pueblo enviado adelante a las mujeres y niños. Por otro lado, habla de ‘carnicería’ ¡Como habrá sido una carnicería en 1933!”, dijo.
Dudas sobre el número real de víctimas
Una punta para seguir investigando, en este caso sobre el número real de víctimas, la constituye un párrafo en el libro de Barreto –ya fallecido–, donde se menciona que si bien “la Comisión Investigadora de la cámara de Diputados de la Nación, sostiene que fueron varias decenas” los moqoit asesinados en El Zapallar. Dar con esa documentación e incorporarla al expediente es una tarea pendiente.
La realización de un nuevo juicio por la verdad histórica dependerá de la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger, la misma que habilitó el debate oral para el expediente Napalpí.
“(El historiador) Juan chico planteaba con mucha fuerza y claridad que no eran lógico tener víctimas delitos de lesa humanidad de primera y de segunda, que se juzgara la masacre de Margarita Belén de 1978 y no se investigara Napalpí. Ese pensamiento nos interpeló a quienes tenemos a cargo la investigación de crímenes de lesa humanidad en El Chaco y nos llevó a plantearnos qué herramientas y qué posibilidad cierta teníamos de investigar y juzgar algo que pasó hace 100 años”, dijo Vigay.
Y ahí apareció la herramienta de los juicios de la verdad “que es algo que ya había utilizado la justicia federal argentina en la década del ‘90 cuando estaban vigente las leyes de impunidad”, es así que “fuimos aplicando eso y dio sus resultados”.
“Como docente y descendiente directo de sobrevivientes que soy, me duele que haya habido tanta injusticia, tanta discriminación, pero lo más triste y doloroso es que eso aún hoy continua” reflexionó por su parte Martínez.
El referente moqoit explicó que, hoy como ayer, la discriminación opera a partir del desconocimiento.
“Por eso queremos hacer conocer a la sociedad que hay un pueblo viviente, sobreviviente y preexistente que tiene una sabiduría muy profunda. La sociedad argentina necesita más valores humanos, y los valores humanos los tienen los pueblos indígenas”, concluyó.
MAA/MG
Los nombres de 20 indígenas detenidos el 7 de septiembre de 1933 en lo que es hoy la localidad chaqueña de General