Irregularizar para perseguir: la crueldad de la política migratoria en la era Milei

En los últimos meses hemos visto numerosos operativos liderados por Migraciones con el apoyo de fuerzas de seguridad en zonas del área metropolitana de Buenos Aires donde distintas comunidades migrantes fueron construyendo sus hogares o espacios laborales. Estos operativos vienen acompañados de comunicados por parte del Ministerio de Seguridad que los justifican, sobredimensionando un fenómeno que está lejos de tener la magnitud que el gobierno pretende darle y que, sobre todas las cosas, construye la idea de los migrantes como enemigo interno.

Esta estrategia, se apoya sobre la reforma normativa implementada a través del DNU 366 de mayo de 2025, que modificó la ley de migraciones 25.871. El Decreto ataca dos pilares fundamentales de la política migratoria argentina de los últimos 20 años: el acceso igualitario a derechos humanos y el Estado como garante de la regularidad migratoria. Con la implementación de pequeños cambios en apenas algunos artículos de la ley, el gobierno modificó de raíz el espíritu de la norma, incorporó barreras para acceder a la residencia regular en el país y, con eso, al ejercicio de derechos como la salud o la educación. 

De este modo, personas que residen hace mucho tiempo en Argentina sin haber tenido nunca problemas, no pueden acceder a la residencia permanente por no poder acreditar los recursos económicos que el gobierno pretende. Esto afecta, sobre todo, a la población migrante empobrecida.

Es paradójico: mientras las tasas migratorias aumentaron un 1500% en 2024, las oficinas y programas destinados a promover la regularización migratoria se desarmaron y se introdujeron obstáculos para obtener residencia permanente, el gobierno se muestra muy preocupado por combatir la migración irregular. 

Como puntada final de este tejido, se instala la idea de que es necesario perseguir y combatir la migración irregular con prácticas que quieren parecerse a las que realiza el gobierno de Trump en Estados Unidos. Así se justifican los enormes operativos de control de permanencia, realizados por agentes de Migraciones y por Policía Federal, desplegados en Flores, Once, Constitución, Villa Celina, Liniers, Lomas de Zamora y La Plata. En medio de ese despliegue de seguridad desmedido, actúan contra cualquier persona sin importar siquiera que sean adolescentes que salen de la escuela. 

Pareciera que este tipo de despliegues están pensados más como estrategia de comunicación que como una política basada en hechos reales. Al menos, así lo demuestran los datos: en el operativo realizado en enero en Villa Celina, de 385 personas controladas, apenas 16 se encontraban en situación migratoria irregular y fueron citadas a iniciar sus trámites ante la autoridad migratoria. En febrero, en el operativo realizado en Liniers se identificaron intervenciones sobre 4 de las decenas de personas relevadas; mientras que, en el operativo realizado en Flores, el 7 de mayo, había sólo 10 personas con irregularidades. Respecto a este último despliegue, pudo verse lo desproporcionado del procedimiento: calles cortadas, control de documentación a todas las personas que circulaban por el lugar y hostigamiento a vendedores ambulantes. 

Esta estrategia impacta en varios aspectos de la vida de las personas migrantes. El temor ante los controles por parte de migraciones o las fuerzas de seguridad se traducen en un alejamiento de las instituciones: ir a la Dirección de Migraciones, al hospital, a la comisaría del barrio a hacer una denuncia o al colegio de los chicos parece ser un riesgo.

Mientras la situación social se degrada cada vez más y afecta directamente a las personas migrantes, el gobierno fabrica un problema para luego desplegar el aparato punitivo para perseguirlo.

La autora es abogada integrante del Equipo de Trabajo Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).