Javier Milei encabezará este miércoles el relanzamiento formal de la campaña legislativa en el principal distrito electoral del país, Buenos Aires, con una foto con sus candidatos seccionales. Lo hará después de haber firmado este sábado el veto al aumento jubilatorio y la ley que declaraba la emergencia en discapacidad.
El Presidente dejó en claro desde un inicio que no cedería ante medidas que impliquen más gasto social. Pero también prometió en su campaña presidencial que al ajuste no lo iba a pagar la gente sino la casta política. Lo primero lo cumple a rajatabla, inclusive cobrando más impuestos a la población. Lo segundo no lo cumple para nada a juzgar por los salarios y haberes de miseria que cobra la gran mayoría de los ciudadanos en la Argentina; y en especial, los jubilados.
“Cualquier incremento en el gasto público que comprometa el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable en este presidente y en 87 patriotas del Poder Legislativo. Si es necesario, les vamos a vetar todo”, proclamó en un comunicado oficial, en septiembre del año pasado. Aquel episodio marcó el tono de su gestión: el mandatario vetó el primer intento de la oposición de conseguir una mejora para los jubilados con una ley de movilidad jubilatoria que otorgaba un 8% adicional y celebró que la Cámara de Diputados no lograra los dos tercios para revertir su veto. Incluso organizó un asado en la Quinta de Olivos para homenajear a quienes definió como los “87 héroes que le pusieron un freno a los degenerados fiscales”.
El 10 de julio pasado, la oposición consiguió aprobar por segunda vez en el Congreso un paquete de alivio social que incluye un aumento excepcional del 7,2% para todas las jubilaciones, llevar de $70.000 a $110.000 el bono para quienes cobran la mínima, una prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Milei anticipó que vetaría todas estas leyes por considerarlas una amenaza a su plan económico. “Un incremento de las pensiones conspira contra su objetivo de mantener el equilibrio fiscal”, argumentó. El sábado, cumplió su amenaza y firmó los vetos que hoy se publican en el Boletín Oficial.
Fiel a su estilo beligerante, acusó de “genocidas” a los legisladores que apoyaron las mejoras sociales. En declaraciones radiales, tildó de “hijos de puta” a los senadores opositores por votar lo que él calculó como un aumento del gasto “de casi tres puntos del PBI”. Simultáneamente, anunció un recorte de retenciones al agro que costará hasta 0,22% del PBI en recaudación, la mitad de lo que implicaría el aumento a jubilados.
Milei tenía plazo hasta este lunes 4 de agosto para firmar los vetos. En la Casa Rosada confían en reunir el número de diputados necesario para impedir que la oposición logre los dos tercios para rechazar los vetos presidenciales. La negociación política fue intensa en las últimas semanas: el oficialismo activó gestiones con gobernadores aliados, ofreció partidas extraordinarias y cerró pactos electorales locales a cambio de colaboración parlamentaria. Con la incorporación de los llamados “radicales con peluca” al interbloque de La Libertad Avanza, el bloque oficialista consolidó una base cercana a 46 votos propios. A ellos se sumarían diputados del PRO y otros aliados provinciales, con lo cual el Gobierno calcula acercarse a los 80 votos. Las ausencias serán clave: el oficialismo necesita alrededor de 86 votos presentes para garantizar el veto.
El trasfondo de esta disputa es eminentemente político-electoral. Milei apuesta a exhibirse como el Presidente que no se doblega ni siquiera en año electoral, confiando en que sus votantes premien su coherencia. Sin embargo, el costo político podría ser alto en sectores sensibles a la situación de jubilados y personas con discapacidad. No es casual que cinco gobernadores hayan lanzado un frente con críticas al ajuste libertario. Las imágenes de abuelos reprimidos y la retórica explosiva del Presidente generan ruidos en las alianzas que Milei teje rumbo a octubre.
Jubilaciones de miseria en una Argentina empobrecida
La determinación presidencial de frenar el aumento jubilatorio ocurre en un país donde gran parte de la población vive una emergencia económica silenciosa. La Argentina cuenta con unos 7,4 millones de jubilados, de los cuales 63,5% cobra la mínima. Esa jubilación mínima se ubicó en julio en $309.000, que gracias a un bono de refuerzo llega a $379.000. Al tipo de cambio vendedor de $1.375 por dólar (pizarra del Banco Nación del viernes), equivale a unos 278 dólares mensuales. Este ingreso apenas roza la línea de pobreza: según el último dato del Indec, una persona adulta necesita $358.048 mensuales para no ser pobre, monto que no contempla necesidades específicas de la tercera edad. La Defensoría de la Tercera Edad estima que un jubilado debería percibir más de $1,2 millones para cubrir una canasta básica adecuada.
En 2024, con la inflación aún fuera de control (y aunque ahora baja todavía persiste y, a diferencia de los ingresos de las personas, los precios suben todos los meses), el haber mínimo real perdió 4,4% de poder de compra desde el cambio de gobierno. En febrero de ese año, el haber real tocó su peor nivel en 15 años, ubicando a la mitad de los adultos mayores por debajo de la línea de pobreza. El proyecto aprobado por el Congreso implicaría llevar la jubilación mínima a alrededor de $441.200, un monto que, si bien seguiría siendo bajo, representaría un alivio concreto para quienes cobran menos.
Protestas y mano dura en las calles
Lejos de resignarse, los jubilados argentinos ganaron visibilidad con protestas semanales frente al Congreso. Desde el año pasado, cada miércoles se congregan para exigir una jubilación digna, y cada semana enfrentan un despliegue policial más intenso. El Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich convirtió estos reclamos en campo de pruebas para su protocolo antipiquetes. El operativo del 30 de julio fue particularmente violento: fuerzas federales triplicadas que usaron gas pimienta y balas de goma incluso contra jubilados de avanzada edad y periodistas. Hubo al menos cinco detenidos y decenas de heridos. Las imágenes de abuelos con bastones enfrentando escudos policiales son el símbolo de una nueva época amarga para los bosillos de los adultos mayores.
Bullrich reivindicó estas acciones como necesarias. “Demostramos que tenemos la posibilidad de sacar cosas importantes en el Congreso y el control de la calle. Cuando quieren destruir nuestro programa, lo defendemos”, dijo. Milei delegó en Bullrich la misión de poner reprimir mientras él pasa la motosierra contento, sin acusar recibo del sufrimiento de las personas, con la carcajada de payaso loco. “Las calles no se toman... si se toman, habrá consecuencias”, advirtió la ministra. Esa política se tradujo en operativos semanales de disuasión frente al Congreso, con gendarmes, detenciones preventivas y uso recurrente de gases.
La tensión en las calles va en aumento. Los jubilados que protestan cada miércoles ya son acompañados por sindicatos, movimientos sociales y sectores políticos decepcionados con sus propias dirigencias. “No vamos a salir de las calles”, advierten los manifestantes. La persistencia de estas marchas semanales, pese a la represión, generó comparaciones con las movilizaciones de los años noventa lideradas por Norma Plá. Su figura reaparece en pancartas que claman “todos seremos jubilados, es cuestión de tiempo”.
Milei juega al límite. Retrasar el veto de las leyes le dio tiempo para la rosca política y para intentar contener la presión social. Si su cálculo resulta correcto, se anotará otra victoria legislativa: impondrá nuevamente su ajuste, pero a costa de intensificar el desgaste de su imagen. La batalla final se dará en el recinto. Si Milei triunfa en sostener sus vetos, llegará a octubre con un ajuste invicto bajo el brazo, pero deberá cargar con las consecuencias: jubilados empobrecidos, personas con discapacidad desprotegidas y una sociedad que se debate entre apoyarlo en octubre, en su afán de “normalizar” la economía, o hacerle sentir el rigor de las urnas: la que sigue viviendo muy bien, pese al paso del tiempo y gracias a su propio gobierno, es justamente la casta, no la gente.
Los vetos en el Boletín Oficial
JJD