La familia del fotoperiodista Pablo Grillo, herido de gravedad durante la represión policial a una marcha de jubilados el pasado 12 de marzo frente al Congreso, denunció serias irregularidades en la evidencia aportada por las fuerzas de seguridad en el marco de la investigación judicial.
Representada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el CELS, la querella señaló que los videos y archivos de audio entregados por la Gendarmería Nacional y la Policía Federal presentan “inconsistencias, vacíos temporales y fragmentación”, lo que compromete la integridad del material probatorio.
En el caso de los videos, indicaron que faltan tramos de momentos clave del operativo. Respecto al único archivo de audio entregado por la PFA, advirtieron que su duración es menor al rango horario consignado en el título del archivo, sin explicación sobre el recorte ni transcripción o referencia horaria precisa.
“Estas irregularidades comprometen la confiabilidad del material de prueba”, señaló la querella en un comunicado, y solicitó que se oficie a ambas fuerzas para que aclaren lo sucedido y entreguen documentación complementaria.
Entre las omisiones, destacaron que no se presentó el material captado por una cámara GoPro incorporada al casco de un gendarme que se encontraba junto al cabo Guerrero —identificado como el autor del disparo que hirió a Grillo—. Según las imágenes analizadas, tras lanzar el proyectil en línea recta y en dirección al rostro del fotoperiodista, un compañero le toca el hombro en señal de aprobación. Pero el registro de esa cámara no fue entregado.
En las filmaciones disponibles, además, se observa una escalada en el uso de la fuerza: uso hostil del lenguaje por parte de los efectivos (“no le perdonen”, “hijos de puta”), lanzamiento masivo de gases lacrimógenos —al punto que el gendarme que filma tose, se queja y tiene dificultades para respirar— y disparos horizontales de balas de goma sin identificación de agresores.
Tras el disparo que dejó a Grillo internado, se escucha al gendarme que registra la escena decir: “Estamos excelente, más que bien”.
La querella pidió también que el cabo Guerrero sea citado a declarar como imputado por tentativa de homicidio agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, solicitó que se investigue la posible responsabilidad penal de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; del director nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni; y de otras autoridades a cargo del diseño, mando y supervisión del operativo.
La familia de Pablo Grillo continúa reclamando acceso pleno a toda la evidencia, clave para determinar las responsabilidades en la represión que terminó con el fotoperiodista en estado crítico.
MM