Deudores Alimentarios: Diputados aprobó un proyecto para crear un registro nacional

Los juicios por alimentos pueden tardar entre 3 y 4 años. La mayoría de las mujeres desiste porque no puede afrontar el costo de un abogado.

Los mecanismos pueden variar: padres que prefieren trabajo no registrado para evitar pagar la cuota alimentaria, otros que viajan de una provincia a otra para cambiar el auto. Son formas de escabullirse ante la responsabilidad parental. Según un informe de UNICEF, en Argentina hay 1,7 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en hogares monomarentales, solo 1 de cada 4 mujeres separadas recibe la cuota alimentaria. En ese marco, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley que crea el Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación (ReUDAM), que unifica los datos de todo el país. “Está pensado para que sea más difícil violar la ley con los chicos”, explicaron las diputadas y diputados autores de la ley.

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El proyecto, que fue votado la semana pasada en la Cámara Baja, establece que aquellas personas que integren el registro no podrán realizar operaciones bancarias como créditos, apertura de cuenta corriente, obtención de tarjeta de crédito. Tampoco se les otorgará o renovará la licencia de conducir, no podrá ser proveedor del Estado, no se le otorgarán habilitaciones para la apertura de comercio y/o industrias, ni  podrán asistir a bingos o espectáculos deportivos, entre otros. “Es penalizar a quien pudiendo pagar, elige un dolo, dañar”, explicó a elDiarioAr la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo. 

Quienes estén en el registro no podrán realizar operaciones bancarias cómo pedir préstamos, sacar tarjetas de crédito o abrir una cuenta corriente. Tampoco podrán renovar el registro de conducir ni asistir a bingos o espectáculos deportivos.

“Casi el 90% de los deudores alimentarios son varones. Es un delito edulcorado, si alguien lo viola no pasa nada porque los niños no tienen capacidad de imponer una obligación. Madres y niños quedan boyando sin que tenga una percepción de justicia, la infancia no puede esperar. Que el Estado no sea inocuo, que no sea neutral, que no tenga una mirada adultocéntrica porque esto afecta a los niños”, agregó la legisladora que es una de las siete personas que presentaron un proyecto similar. 

El texto unificado es en base a los proyectos de Carrizo y los de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, Julio Cobos y Roxana Reyes de la UCR, Paula Oliveto de la Coalición Cívica, Jimena López del Frente de Todos y el exdiputado Marcelo Koening. Fue aprobado por unanimidad con la única excepción de José Luis Espert.

Lo que busca es unificar toda la información de las distintas jurisdicciones del país con datos actualizados sobre morosidad. Si bien todas las jurisdicciones del país tienen su registro, solo 4 de las 24 tienen los datos  accesibles de forma pública: Jujuy, Buenos Aires, Salta y Mendoza. “El tema de los registros nacionales no es ir en contra de la jurisdicción provincial. Es nacionalizar información que va a garantizar derechos porque puede ocurrir que alguien de Córdoba tiene una deuda alimentaria y se va a La Pampa a patentar un auto”, explicó la diputada. El registro estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

Nos encontramos con deudores que llevan cinco o seis años sin pagar y no tienen ningún tipo de consecuencia.

Jimena López Diputada del Frente de Todos

La legisladora del FDT Jimena López explicó lo complejo que resulta hacer efectivo el pago en algunos casos. “Necesitamos que tenga consecuencias directas. Nos encontramos con deudores que llevan cinco o seis años sin pagar y no tienen ningún tipo de consecuencia. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, de los 1000 inscriptos que había, solamente 16 tuvieron consecuencias porque eran los que tenían vinculaciones comerciales con el Estado. Al resto no les pasaba nada”, le dijo a elDiarioAR. En territorio bonaerense, más de la mitad de las mujeres que están separadas no reciben cuota alimentaria o sólo la percibe eventualmente (el 65%). Son datos del primer informe realizado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual que publicó este diario. 

“La idea no tiene que ver con un sistema punitivista sino con un sistema de restricciones. Vos no podés tener la misma liviandad para andar en tu vida cotidiana cuando le debés dinero a tus hijos”, explicó López. Según la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social, realizada en 2015, cuando los padres no residen en la misma vivienda que sus hijas e hijos, solamente el 32% de los hogares monomarentales reciben la obligación alimentaria. Es decir, el 68% de los progenitores no convivientes elude su responsabilidad.

Esta situación afecta a los derechos de niños, niñas y adolescentes y también es una forma de violencia de género. “Es violencia económica porque vos podes ganar poco o no ganar nada, pero un porcentaje tiene que ir a tus hijos y si ganas mucho también. Hay gente que se insolventa, esconde bienes. Es también violencia simbólica y falta de responsabilidad con los chicos que no decidieron que ese fuera el padre. Es un tema complejo porque la justicia no le da mucha importancia, las mujeres nos pasamos un promedio de tres o cuatro años litigando y abandonamos los procesos judiciales porque cuesta plata. Y, entonces, tenemos una nueva sobrecarga con la totalidad de la manutención. No tiene que ver con el amor, tiene que ver con una sobrecarga”, describió López.

El texto especifica que ingresará al registro “toda persona obligada al pago de cuota alimentaria provisoria o definitiva que se encuentre en mora por falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco (5) alternadas, intimada judicialmente y que no hubiese demostrado fehacientemente su cumplimiento”. La iniciativa fue votada por todos los integrantes de la Cámara (255) excepto por José Luis Espert, de Avanza Libertad, que votó en contra. Ahora el Senado tiene el trabajo de convertirla en ley.

CDB/MG

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