Las organizaciones que integran el Foro Permanente de Discapacidad, que realizan desde este martes un cese involuntario de actividades, se movilizan este miércoles desde las 11 horas desde la Plaza del Congreso hacia el Ministerio de Salud, en reclamo del cumplimiento de la Ley 27.793 (Emergencia en Discapacidad), aumento inmediato de aranceles y el pago sin demoras de compensaciones atrasadas.
“Esta decisión fue adoptada tras los hechos ocurridos el viernes 17 de octubre en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde las personas con discapacidad, familias y prestadores del sector fueron nuevamente objeto de maltrato y ausencia de respuestas concretas a los reclamos”, expusieron desde el Foro.
El último viernes, un grupo de profesionales de la salud, pacientes y familiares de personas con discapacidad entró por la fuerza a las oficinas de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) en el barrio porteño de Belgrano para pedir hablar con las autoridades y reclamar contra los recortes en el área. La concentración, que había comenzado en la calle, frente a la sede del organismo ubicada en avenida Cabildo 3067, escaló porque quienes protestan habían pedido una mesa de negociación, pero recibieron una respuesta negativa. Los manifestantes, entonces, rompieron el vallado, la puerta del lugar y entraron por la fuerza entre gritos, bombos y cánticos contra el Gobierno.
“La reunión era para exigirle a Alejandro Vilches (el médico sanitarista designado como interventor de la Agencia de Discapacidad) y todo el directorio que se junten para tratar el aumento del nomenclador. Ayer anunció que se juntaba el directorio, nos pusimos recontentos, y a las tres horas dijo que no, que no se juntaba nada”, dijo a la prensa la actriz Valentina Bassi quien se movilizó junto a los familiares.
En esa línea, Bassi continuó: “Con esas cosas, uno va juntando mucha bronca. Y cuando vinimos acá a marchar, quisimos entregar el petitorio, y no lo aceptó. Eso no pasa nunca. Es un acto simbólico”. Y agregó: “Que no acepte el petitorio es un montón, un destrato; es un maltrato. Estamos recansados ya, por eso entramos”.
El Gobierno nacional aún no reglamentó la ley de emergencia en discapacidad que aprobó el Congreso con el argumento de no tener claro la fuente de financiamiento. Esta decisión abrió una moción de censura al jefe de la administración libertaria, Guillermo Francos.
De acuerdo al Foro, endurecieron las medidas y convocaron a la marcha de este miércoles, “ante la falta de avances y el deterioro en las condiciones de atención, acompañamiento y financiamiento, las organizaciones entendemos que ya no podemos esperar más”.
“Es necesario tomar medidas firmes para exigir que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad y se dé una respuesta a la crisis terminal que atraviesa el sector. Invitamos a todas las organizaciones, profesionales, trabajadores, familias y a la sociedad en general a sumarse al cese de actividades y participar de la movilización”, expresaron desde el comunicado difundido en redes sociales.
“Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos mantenemos en estado de alerta, en diálogo permanente con nuestras organizaciones miembro, para evaluar los próximos pasos y acompañar las decisiones que tomen los prestadores y trabajadores del sector, en defensa de la calidad de vida de las personas con discapacidad. A los funcionarios públicos les decimos claramente: la plata está. Hacernos esperar hasta después de las elecciones es una extorsión inaceptable, de la que no seremos parte. El colectivo de la discapacidad se mantiene firme, con convicciones, dispuesto a seguir luchando contra la corrupción, la inoperancia y el abandono”, remarcaron.
El descargo del Foro tras los incidentes del pasado viernes
“El viernes 17 de octubre, a las 10:00 hs, nos movilizamos a la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (Dragones 2200, CABA). Personas con discapacidad, familias, instituciones, profesionales y prestadores en general nos concentramos para exigir el cumplimiento inmediato de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, el aumento de aranceles y el pago de las compensaciones atrasadas que la normativa establece.
Durante la jornada, desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestro coordinador, Pablo Molero, intentó entregar una nota dirigida al interventor de la ANDIS, Dr. Alejandro Alberto Vilches, en la que se detallan los reclamos del colectivo. Sin embargo, se negaron a recibirla. En ese momento Molero llamó por teléfono a Vilches, quien le dijo que no la recibía porque “no trabaja bajo presión”.
Cronología del destrato
El jueves 16 de octubre, apenas un día antes de la movilización, el Dr. Vilches había convocado a una reunión del Directorio que luego suspendió invocando “fuerza mayor”.
Una muestra más de la dilación, el desinterés y el abandono hacia un sector que atraviesa una profunda crisis.
A pesar de ello, mantuvimos firme la convocatoria. Por la mañana del viernes, centenares de personas se hicieron presentes frente a la Agencia. En ese contexto, el coordinador del Foro intentó entregar el petitorio al recientemente designado interventor —quien asumió el cargo tras la destitución del Dr. Diego Spagnuolo, acusado de presunta malversación de fondos—, pero el personal de seguridad le negó el acceso, impidiendo la entrega del documento.
Esta negativa constituye una clara violación al derecho constitucional de peticionar a las autoridades, garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (N° 19.549) y los principios de transparencia y participación ciudadana que rigen el accionar de la administración pública.
Todos los organismos del Estado tienen la obligación de recibir notas, reclamos y presentaciones de la ciudadanía o de sus organizaciones representativas.
Asamblea, reclamo y respuesta insuficiente
Ante esta situación, se realizó una asamblea pública en la que distintos actores expresaron su preocupación y propusieron nuevas medidas de lucha frente al abandono total del Gobierno Nacional.
De manera pacífica, sin incidentes ni infiltrados, la gran mayoría de los presentes ingresaron al edificio de la ANDIS para hacer oír un reclamo legítimo y justo: que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones y trabajen para la ciudadanía.
Finalmente, Vilches —que se encontraba dentro del organismo— recibió a los representantes de los prestadores ante el Directorio, el Prof. Daniel Lipani (titular) y el Pbro. Pablo Molero (suplente)".
La reunión se extendió durante aproximadamente una hora. Al salir, y ante la presencia de medios nacionales, Pablo Molero expresó: “No tenemos buenas noticias. Vilches nos comunicó que está pensando si habrá o no reunión de Directorio la próxima semana; dijo que trabajará para ello, pero que seguramente será después de las elecciones. No confirmó aumentos, y tampoco quiso recibir la nota, argumentando que no le parecía adecuado hacerlo en estas circunstancias. Él mismo reconoció haber levantado la reunión y rechazado el documento”.
Conflicto que escala
Hace un mes, el Gobierno había promulgado la normativa que declara la emergencia nacional en la materia, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias. El decreto que acompañó la promulgación, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fundamentó la medida en la “falta de financiamiento específico” y en la obligación de no ejecutar gastos sin respaldo presupuestario.
La decisión provocó un fuerte rechazo de asociaciones civiles, prestadores y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, que reclaman que el Gobierno cumpla con la aplicación inmediata de la ley.
La tensión también escaló en el Congreso. La semana pasada, bloques opositores impulsaron un pedido de interpelación contra Francos por la falta de cumplimiento de la norma. Unión por la Patria, junto a legisladores de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, firmaron un dictamen de mayoría para que el ministro se presente en Diputados a dar explicaciones.
En respuesta, el oficialismo defendió la decisión del Ejecutivo. Legisladores de La Libertad Avanza y del PRO argumentaron que “no existen los recursos” para implementar la ley sin afectar otras áreas esenciales del Estado. En el mismo sentido, funcionarios cercanos a Francos sostienen que se están reasignando fondos para “cubrir urgencias” dentro de la Agencia, pero sin habilitar el paquete completo de beneficios previsto por la norma.
La situación se ve además atravesada por la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la ANDIS. En septiembre, la Justicia detectó posibles sobreprecios y direccionamiento en contrataciones durante la gestión de Diego Spagnuolo, quien fue desplazado del cargo y se encuentra bajo investigación.
Reclamo opositor para que se cumplan leyes de Discapacidad, Garrahan y Universidades
El Gobierno y diputados opositores dialoguistas expusieron este lunes sus diferencias sobre el Presupuesto 2026 en una reunión celebrada en la Cámara Diputados, donde un sector de la oposición condicionó su respaldo a que se cumplan las leyes de Discapacidad, Emergencia Pediátrica y aumentos a las universidades.
El oficialismo armó una mesa de diálogo por fuera del ámbito formal de la comisión en procura de un acuerdo que permita aprobar el Presupuesto bajo la nación de que la “ley de leyes” debe tener equilibrio fiscal.
La primera reunión se realizó en la presidencia de la Cámara de la Diputados, encabezada por Martín Menem; el titular de Presupuesto, Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.
Asistieron al encuentro Nicolas Massot y Miguel Angel Pichetto (Encuentro Federal); Daiana Fernández Morlero y Silvana Guidici, (PRO); Eduardo Falcone (Desarrollo); Pablo Juliano y Manuel Aguirre (Democracia para Siempre), Martín Tetaz , Pamela Verasay y Karina Banfi (UCR); Manuel Garrido (Por Santa Cruz) y Pablo Cervi (Liga del Interior).
En ese contexto, los diputados Massot, Pichetto y Juliano reclamaron que el Gobierno incluya los fondos para aplicar las leyes de Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y de aumento de las universidades.
Massot señaló que “el Presupuesto tenía que reflejar las tres leyes sobre las que el Congreso logró insistir” pero sostuvo que “lamentablemente nos trabamos en ese punto. Va a ser difícil avanzar si el Gobierno no quiere cumplirlas. Es un punto ineludible para avanzar sobre otros”, advirtió.
Por su parte, Juliano señaló que “hicimos un pedido expreso ya que se tiene que promulgar la ley de Emergencia Pediátrica y Universidades y pedimos una promulgación a medias con los mismos argumentos que hicieron para la Emergencia en Discapacidad”.
En cambio, desde el PRO y la UCR destacaron que hubieran comenzado las negociaciones para acordar un presupuesto “con equilibrio fiscal”, por lo que pidieron continuar las conversaciones.
Tetaz planteó que “hay coincidencias en que necesitamos un presupuesto, que debe ser equilibrado y que respete la regla fiscal” sostuvo que si hubiera un excedente en la recaudación debe destinarse a las prioridades que establece el Congreso.
Uno de los puntos en los que hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición responde a estirar el plazo para emitir el dictamen establecido para el 4 de noviembre, de acuerdo al emplazamiento.
Estos encuentros se realizarán en forma paralela al tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que mañana continuará con la ronda de consultas con las disertaciones del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña.
En cambio, Unión por la Patria (UxP) rechazó la invitación para sumarse a la reunión al considerar que los debates deben hacerse en la reunión de la Comisión de Presupuesto, según señaló su presidente Germán Martínez.
Martinez señaló por la red social X que “nuestro ámbito para debatir el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2026 es la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. No vamos a convalidar ninguna mesa paralela”, advirtió.
El oficialismo promovió esta mesa del diálogo para superar las diferencias entre el Gobierno y los bloques dialoguistas que son claves para aprobar el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno.
Las principales diferencias están centradas en los recursos que se destinarán a jubilados, la educación, la salud y las obras públicas.
Las dificultades para avanzar en un acuerdo responden a que, para el Gobierno, cualquier entendimiento debe mantener el equilibrio fiscal, y el 85 por ciento de los recursos de esa iniciativa ya tienen asignación específica debido a que se destinan al rubro “gastos sociales”.
Desde el oficialismo confiaron que podrán conseguirse mayores avances tras las elecciones del próximo domingo y esperan mantener un nuevo encuentro la próxima semana junto a la presencia de otros bloques como Innovación Federal, la Coalición Cívica y otras bancadas provinciales.
Tampoco descartaron, como propuso la oposición más dialoguista, el sistema de semáforos, tal como se hizo con la ley de Bases, para ayudar en la negociación y poner en un paraguas aquellos puntos que son más controvertidos, como los fondos que reclaman las provincias y los recursos para las cajas de jubilaciones.
El proyecto para “democratizar” la ANDIS y se votará en la próxima sesión
La oposición de la Cámara de Diputados logró la semana pasada avanzar con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de ley encabezado por Juan Marino, de Unión por la Patria (Uxp), para “democratizar” y “depurar” la estructura orgánica de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que quedó envuelto en sospechas desde el escándalo de presuntas coimas por la filtración de los audios del ex titular de ese organismo Diego Spagnuolo.
La propuesta del diputado cercano al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, supone pasar de una conducción unipersonal del organismo, hoy en cabeza del interventor Alejandro Vilches, a una conducción colegiada de siete miembros con participación de entidades representativas del colectivo de personas con discapacidad, que tendrán voz y voto en la toma de decisiones.
UxP logró el despacho de mayoría con 29 firmas, incluidas las del Frente de Izquierda, Esteban Paulón (Encuentro Federal) y Yolanda Vega (Innovación Federal), mientras que Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y un sector de la UCR suscribieron un dictamen de minoría con ocho firmas, al igual que Juan Brügge (Encuentro Federal), que firmó un despacho alternativo en soledad.
“Voy a trabajar para lograr un acuerdo con Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Encuentro Federal para conseguir votar un texto de consenso acordado en la próxima sesión”, señaló Marino en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas apenas finalizó el plenario de las comisiones de Discapacidad y Asuntos Constitucionales, que había sido emplazado en la última sesión.
En su intervención, el diputado opositor planteó la importancia de reformar la ANDIS para que el organismo esté en condiciones de ejecutar los programas y presupuestos una vez que la ley de emergencia en Discapacidad, suspendida por el Gobierno en una decisión inaudita y sin precedentes, “se reglamente y promulgue como corresponde”.
“Hicimos un proyecto de ley para democratizar la ANDIS, para garantizar que las organizaciones representativas que cuentan con personería jurídica tengan un mecanismo de participación directa, que puedan elegir representantes para una comisión directiva que pasa a la ser la conducción de la ANDIS y que tiene a su cargo la ejecución de todos programas”, describió.
El legislador de UxP hizo hincapié en la necesidad de tener “organismo de control especifico para todo lo que son las compras, contrataciones, licitaciones y la ejecución presupuestaria sea transparente”, y que “las organizaciones de personas con discapacidad puedan hacer un seguimiento y verificar que efectivamente se lleven adelante los programas para garantizar sus derechos humanos”.
Al respecto, puso énfasis en que “las personas con discapacidades necesitan disposiciones específicas para poder garantizar sus derechos humanos”, y advirtió que “no pueden esperar” porque “están en juego sus vidas y su salud”.
“No queremos que nunca más haya siquiera sospecha alguna de que haya hechos de corrupción con la plata destinada a los medicamentos de personas con discapacidad. Esto viene a garantizar esa transparencia necesaria”, insistió Marino, que agregó que se trata de “un tema de extrema gravedad y urgencia”.
A su turno, Brügge brindó su acompañamiento a la iniciativa aunque marcó algunas diferencias que justifican su decisión de haber firmado un dictamen propio de minoría.
Por caso, pidió que tanto el presidente como el vicepresidente de la nueva ANDIS surja de un concurso público de oposición y antecedentes para asegurar “la idoneidad” de los funcionarios.
También planteó la incorporación como vocal en la Comisión Directiva de un experto en temática vinculada a la discapacidad, cuya designación surja de un sorteo de un padrón a cargo de Jefatura de Gabinete a propuesta de las universidades públicas y privadas.
“De esa manera estaremos despolitizando esta agencia”, analizó Brügge, que pidió que los representantes de organizaciones de la sociedad civil surjan de un padrón y sean electos mediante un sorteo.
Por su parte, Christian ‘Chipi’ Castillo, del Frente de Izquierda, valoró el hecho de que el dictamen de mayoría haya recogido los aportes que hicieron las organizaciones del colectivo de discapacidad en varias reuniones que se organizaron previamente.
El referente del PTS cargó contra el “recorte discrecional de las pensiones”, y al respecto dijo que “muestra la falta absoluta de escrúpulos del Gobierno a la hora de pasar la motosierra”.
También recordó las “coimas del 3% que escuchamos en los audios de (Diego) Spagnuolo, de quien dijo que ”no es ningún militante de la oposición sino un funcionario puesto por el Gobierno, abogado de Milei, intimo del entorno presidencial“.
Carla Carrizo, de Democracia para Siempre, celebró “el avance” aunque marcó algunas disidencias respecto del dictamen de mayoría.
“Quien dirige la comisión tiene que estar legitimado por la sociedad y eso se hace mediante concurso de oposición y antecedentes”, planteó, en coincidencia con la postura de Brügge.
En tanto, Natalia Sarapura, de la UCR y quien firmó el dictamen de minoría junto a Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, destacó que las propuestas para reformar y democratizar la ANDIS, más allá de los matices, “vienen a dar un mensaje claro de transparencia y control social”.
“Tener un órgano fuerte con participación y con control social es necesario. Por eso me sumo al esfuerzo que estamos haciendo legisladores de distintas bancadas de tener un dictamen que siga diciéndole a las personas de discapacidad que es desde su ejemplo de dignidad y desde su ejercicio de derechos que vamos a garantizar una transformación social y vamos a garantizar que el Estado cumpla su función de garante de derechos”, consideró.
Sabrina Selva, de UxP, justificó “la celeridad en el tratamiento del dictamen”, algo que había sido cuestionado previamente por la radical Karina Banfi (UCR), quien pidió mayor tiempo de debate y análisis.
“La celeridad en el tratamiento de este dictamen que estamos firmando hoy tiene que ver con dar una respuesta urgente a una situación de emergencia que atraviesan la personas con discapacidad en toda la Argentina”, subrayó.
Por último, tomó la palabra Álvaro Martínez de La Libertad Avanza (LLA), que en sintonía con Banfi reclamó más tiempo para analizar las propuestas y al respecto cuestionó que se “forzaran los consensos en una sola tarde”.
“Uno siempre quiere pensar que tienen las mejores intenciones, pero entendemos que debíamos estudiar y debatir un poco más el tema, incluso coincidiendo nosotros en algunos aspectos como la transparencia, la participación y el control ciudadano”, admitió.
El mendocino libertario reconoció esos “elementos positivos del proyecto” pero resaltó otros aspectos que él consideraba negativos.
“El proyecto tiene elementos positivos pero genera mayor burocracia, más funcionarios, no dice de dónde van a salir los recursos. Si no lo dicen todo va a quedar en una mentira, y nunca vamos a convalidar algo que temrine siendo una mentira, por más noble que sea su título”, explicó.