El Pacto Birregional de los Cuidados que se concretó el 10 de noviembre en Colombia, en el marco de la IV Cumbre CELAC–UE, fue celebrado por organizaciones de la sociedad civil, que impulsaron la propuesta definida como una estrategia para “sostener la vida”, a la vez que reclamaron acciones concretas.
Al impulso de 80 organizaciones de América Latina, el Caribe y la Unión Europa, el Pacto fue considerado como “un paso fundamental hacia el reconocimiento del cuidado como derecho humano y la igualdad sustantiva de género”.
“El sostener la vida pasa por cuidar”, afirmó Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer en Bolivia, parte de la Articulación Regional Feminista, la Red Trenzando Cuidados y el Grupo Técnico de Trabajo de Sociedad Civil, CELAC-UE.
Organismos internacionales engloban en “cuidados” todas las actividades necesarias para el bienestar físico, mental, social y emocional de las personas que requieren apoyos: niñeces, personas mayores, con discapacidad, enfermas, y también la provisión de servicios domésticos, tanto remunerados como no remunerados.
Según la OIT, a nivel global la mayoría de las 708 millones de personas de más de 15 años que están fuera de la fuerza laboral debido a responsabilidades de cuidado son mujeres.
En América Latina y el Caribe, 47 % de las mujeres fuera de la fuerza laboral citaron las responsabilidades de cuidado como la razón principal.
En este contexto, para la activista, el Pacto “es una apuesta política, que desde la diversidad de los movimientos de mujeres ya veníamos hablando desde hace muchísimos años: el poner en el centro la sostenibilidad de la vida, el discutir nuestros sistemas económicos, que están construidos desde una mirada muy neutral”.
Sánchez aterrizó el documento en la realidad de miles de mujeres que migran de América Latina a Europa y que son parte “de las cadenas globales de cuidados” en situaciones, donde “muchas de ellas van en condiciones precarias, con pocos beneficios en torno a la seguridad social, pero, además, poniendo en riesgo a las familias que están acá”.
“Entonces –dijo– lo que se está planteando es que, en cualquier tipo de políticas comerciales, económicas, de salud, de educación, dentro de nuestros países, pero también en la relación entre nuestras regiones, esté en el centro la vida de las personas los cuidados, porque sin cuidados no hay nada, no hay sostenibilidad de la vida, no hay economía, no hay participación política, el desarrollo está incompleto”.
Asimismo, valoró que el Pacto “considere la voz, la experiencia de la sociedad civil de ambas regiones”, y en coincidencia con el documento final, pidió “que no se quede solamente en buenas intenciones, sino que además se ponga en el centro el financiamiento para estos cuidados, que deben traducirse en servicios, en la profesionalización, en la remuneración, en promover el trabajo decente, primero de quienes también tienen y hacen cuidados remunerados, pero también en desarrollar otro tipo de programas, expertices, investigación en torno a trabajos colectivos”.
Qué dijo la sociedad civil
El Grupo de Trabajo de Sociedad Civil CELAC–UE (GT SC CELAC–UE) destacó que la declaración final reconoce algunas de las crisis más graves a nivel mundial, pero advirtió que persisten crisis invisibilizadas en América Latina y el Caribe, como los conflictos armados internos, la violencia generalizada y las graves violaciones a los derechos humanos, que siguen provocando desplazamientos forzados.
Si bien el texto de la declaración incluye la migración como tema relevante, el Grupo consideró que el enfoque resulta limitado frente a la realidad de más de 20 millones de personas desplazadas forzosamente, al omitir las causas estructurales del fenómeno y la falta de medidas concretas para su protección, integración y reparación.
A la vez, destacó el reconocimiento al trabajo de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos, así como el compromiso asumido por los Estados con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Sin embargo, lamentó que no se reconozca explícitamente la importancia de un espacio cívico “abierto y vibrante” como columna vertebral de la democracia, y el rol fundamental de los estados para garantizarlo.
En materia de crimen organizado, corrupción y flujos financieros ilícitos, el Grupo acogió la declaración conjunta sobre seguridad ciudadana, pero cuestionó la falta de compromiso de los países que no adhirieron. Dado el carácter transnacional de la problemática y su impacto en la democracia y la paz “es fundamental que todos los países adopten medidas firmes y coordinadas”.
También valoró el reconocimiento de la crisis climática y el acuerdo de París. Sin embargo, insistió en la necesidad de cuestionar el modelo de desarrollo actual, bregando por un mayor compromiso con una arquitectura financiera más representativa, inclusiva y eficaz. En ese sentido, mostró su preocupación por la centralidad del sector privado sin garantías ambientales, de derechos humanos ni de justicia fiscal.
“La Agenda de Inversiones Global Gateway no debe ser la principal propuesta de la UE hacia ALC ni promover el extractivismo verde. Nos preocupa que la relación comercial se sustente en acuerdos comerciales asimétricos y perniciosos socialmente”, se lee en el documento final.
La Cumbre CELAC–UE es el encuentro entre los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), con el objetivo de fortalecer el diálogo político, la cooperación y las relaciones económicas entre ambas regiones y se desarrolla desde 2013 abordando temas como el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género y el cambio climático.
En el evento se incluye el Grupo de Trabajo de Sociedad Civil CELAC–UE, un espacio que reúne a organizaciones sociales, sindicatos, ONG y redes ciudadanas de ambas regiones.
Este año, la Cumbre se realizó el 9 y 10 de noviembre en Santa Marta, Colombia.