Después de que Axel Kicillof le ganara por paliza las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, Javier Milei ratificó la continuidad de su plan de ajuste. Y una prueba de ello fue que esta semana le tocó nada menos que al organismo encargado de prevenir y accionar contra las adicciones a las drogas, la Sedronar, que cerró una treintena de centros destinados a cumplir, justamente, ese objetivo.
Mientras el consumo problemático crece en los barrios y el comercio ilegal de estupefacientes gana terreno, el Gobierno eliminó 32 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), dispositivos claves gestionados por la Sedronar y organizaciones sociales. El argumento oficial fue que presentaban “irregularidades”, pero desde los territorios lo niegan rotundamente y denuncian un vaciamiento deliberado. La motosierra mileítica le tocó a los centros que buscan alejar a los jóvenes de la droga.
El personal de la Sedronar alertó que cerrar las CAAC es condenar a miles de jóvenes a vivir sin apoyo en contextos vulnerables. “Empezaron con los que están conveniados con organizaciones sociales. Este programa tiene más de diez años y atravesó cuatro gobiernos, porque realmente funciona”, explicó Fernanda Popolizio, psicóloga y referente de Casa Pueblo. En diálogo con elDiarioAR, aseguró que el recorte se concentra en los dispositivos ligados a los movimientos sociales, no a las iglesias.
Este jueves, varias organizaciones realizaron una movilización frente al Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones, bajo el lema “Cuidar las CAAC es cuidar la vida en los barrios”. Lugones asumió el 27 de septiembre de 2024, hace ya casi un año, en reemplazo de otro Mario, Russo, cuya única política pública para prevenir el dengue en el verano del año pasado, fue no usar pantalones cortos porque los mosquitos pican mucho en los tobillos.
A Lugones casi no se lo escuchó públicamente en estos once meses de gestión, pese a la magnitud de los recortes en su área. Sólo por mencionar uno: en recursos y personal clave en el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones.
Desde la Secretaría, que ahora depende de ese ministerio, justificaron la baja de los centros con un informe de auditoría interna. Argumentaron que las unidades cerradas no contaban con equipos profesionales completos, ni con suficiente frecuencia de atención. Sin embargo, trabajadores y usuarios aseguran que la evaluación fue arbitraria. En algunos casos, ni siquiera se realizó presencialmente. En los barrios, según personal de la Sedronar consultados por este medio, también desmienten categóricamente que el dispositivo funcionara mal. Al contrario, lo valoran especialmente como una forma de rescatar a tantos jóvenes a los que el propio Estado no les da oportunidades y terminan consumiendo drogas y metiéndose en el negocio ilegal de la venta, con el riesgo cierto de morir jóvenes, por sobredosis o por ajustes de cuentas.
Se estima que unos 300.000 jóvenes en todo el país necesitan asistencia por su consumo problemático de drogas. Y datos oficiales recientes del Ministerio de Salud porteño señalan que el consumo problemático de sustancias en barrios vulnerables aumentó un 15% en el último año, estrechamente vinculado a la pobreza, la violencia y la exclusión social, un desafío que exige respuestas integrales y colaborativas.
elDiarioAR ya publicó meses atrás que desde que asumió Milei hay una baja considerable de programas de acompañamiento y de formación profesional, así como retrasos de pagos y recortes en la Sedronar, que conduce Roberto Moro, quien ya ocupó el cargo en tiempos del macrismo. Además del cierre de los centros, como se denunció esta semana, desde el organismo buscan que los subsidios que se entregan a espacios de asistencia no se utilicen más para pagar el aporte de profesionales –psicólogos, por ejemplo– y que solo puedan rendirse la compra de alimentos o materiales.
La problemática ya generó en junio pasado que una fuerte reacción de la Iglesia, que mantienen una red de centros barriales para acompañar a personas con problemas de consumo conocidos como Hogares de Cristo. “La retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”, denunció en su momento la Conferencia Episcopal.
Críticas al nuevo recorte de Milei
Desde la provincia de Santa Fe, la diputada Varinia Drisun advirtió que el cierre de las CAAC representa un “golpe mortal a las políticas públicas de salud”. Sostuvo que el abordaje de los consumos problemáticos exige equipos formados, estables y bien remunerados. “El recurso humano es la principal tecnología con la que contamos, y hoy está siendo atacado y reducido”, señaló.
Drisun remarcó que sin un sistema de salud robusto no puede haber una estrategia seria para el acompañamiento de los consumos. “El Gobierno nacional no solo continua debilitando al personal de la Sedronar sino que desfinancia el sistema de salud, además de la falta de un plan nacional de salud. Sin sistema de salud no hay salud mental, y sin salud mental no hay abordaje posible del consumo problemático”, aseguró.
El abordaje de los consumos problemáticos requiere equipos formados, capacitados y comprometidos, con estabilidad laboral y salarios dignos. El recurso humano es la principal tecnología que tenemos y hoy está siendo atacado y reducido
Destacó además que en Santa Fe existe una política activa impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro, que sostiene el trabajo territorial a través de Aprecod [Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones], que articula y financia instituciones que atienden esta problemática en conjunto al sistema publico de salud santafesino. “A pesar del contexto nacional, los equipos interdisciplinarios de salud siguen atendiendo en centros de salud, hospitales generales y hospitales especializados, en el marco del plan provicial de salud mental con presupuesto y decisión política”, explicó.
Drisun enfatizó “la precarización histórica de la Sedronar con sus trabajadores”, a la vez que “al Estado siempre le costó hacerse cargo de la atención de los consumos, delegando muchas veces la atención en organizaciones sociales”. Ahora —continuó Drisun—, el Gobierno no solo continúa debilitando al personal de la Sedronar, sino que también avanza en el desmantelamiento del Hospital Nacional Laura Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones.
En los barrios, el cierre de las casas comunitarias se siente como una traición: donde antes había un lugar para hablar, comer, hacer un taller o simplemente ser escuchado, ahora queda un portón cerrado. La motosierra achica el Estado y también las esperanzas.
JJD/MC