Un policía asesinó a su pareja en Córdoba: es el tercer femicidio cometido por un uniformado en 2021

El sargento primero Ezequiel Seia (35) y su pareja Romina Depetris (34)

Silvio Pellico es un pueblo del interior del Interior. Ubicado a 178 kilómetros al sudeste de esta Capital y a 37 de Villa María, este pueblito agrícola del corazón de Córdoba tiene menos de 1.000 habitantes y apenas cuenta con un destacamento policial. Fueron dos agentes del lugar quienes esta madrugada cerca de las 3, llegaron hasta la casa del sargento primero Ezequiel Seia (35), en la calle Intendente Conrero s/n alertados por los vecinos. En el comedor yacía el cadáver del policía y de su pareja Romina Depetris (34).

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Una hija de la mujer, adolescente, fue quien pidió auxilio a los vecinos. Tras despertarse por los disparos, la chica vio a su mamá asesinada y al policía también muerto. Agarró a su hermanito de seis años de edad -hijo del Depetris y Seia- y corrió a lo de sus vecinos a pedir ayuda.

El femicida prestaba servicios en la comisaría de La Playosa, otro pueblo de la zona. Luego de asesinar a su pareja, se suicidó con su pistola reglamentaria.

Con el crimen de Romina Depetris, en lo que va de 2021, ya se cometieron 11 femicidios en la provincia de Córdoba; tres de los cuáles fueron perpetrados por efectivos de fuerzas de seguridad o de las fuerzas armadas.

El 11 de febrero Ivana Módica (47) fue secuestrada, asesinada y desaparecida por Javier Galván (44), un piloto de la Fuerza Aérea Argentina. Ocho días después, cercado por las pruebas, el femicida Galván confesó dónde había escondido el cadáver de la víctima.

Apenas 72 horas después de la desaparición de Ivana Módica, el 14 de febrero, los cordobeses se estremecieron por la noticia de otro femicidio: ese día Miriam Beatriz Farías (45), ingresó al Instituto del Quemado con 40% del cuerpo con quemaduras y las vías respiratorias muy afectadas. La mujer vivía en Saldán, una ciudad pegada a Córdoba junto a su pareja Jorge Juárez (49) un suboficial de la Policía Federal, chofer de jueces federales. Estaba separada de un matrimonio anterior y sus hijos de 20 y 25 años que vivían en Villa María -150 kilómetros al sudeste de esta Capital- no la podían ver porque Juárez no se lo permitía. El policía había prendido fuego a su víctima y la encerró en su casa para que no pudiera pedir ayuda. Tras estar internada grave desde el domingo 14, el jueves 18, Miriam Farías murió.

La fiscal Bettina Croppi había imputado al policía federal Juárez por lesiones gravísimas y cambió la acusación a homicidio doblemente calificado por el vínculo y violencia de género.

En febrero pasado, cuando ocurrió el femicidio de Ursula Bahillo en la localidad de Rojas, elDiarioAR publicó “Por ellas”, un informe elaborado por el espacio feminista La Casa del Encuentro, acerca de la problemática que surge cuando los femicidas son agentes armados por el propio Estado.

En ese trabajo dado a conocer en diciembre de 2020, el colectivo feminista señalaba a los polifemicidas: El agresor forma parte del Estado, representa a la ley, al monopolio de la fuerza y cuenta con un arma de fuego. ¿Ella a quién puede pedirle ayuda? ¿Cómo hará para sentirse segura si debe denunciar en la comisaría a un policía? ¿Cómo hace para confiar en que el Estado va a intervenir y protegerla si, justamente, un agente de ese Estado es quien la agrede?”.

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Menores testigos

 

La fiscal de Villa María Silvia Maldonado confirmó a elDiarioAR que en el caso del policía Seia y su víctima Romina Depetris “estamos ante un matrimonio que convivía con dos menores, uno de ellos hijo en común de la pareja” y que “en la madrugada se habría producido una discusión y en ese contexto el hombre que ejerce la función de policía le habría efectuado un disparo con su arma reglamentaria a la mujer y luego se habría quitado la vida”.

La fiscal Maldonado agregó que “esta situación, la detonación de los disparos, fue escuchada por los vecinos y uno de los menores de la casa se acercó a pedir ayuda. Los disparos fueron escuchada por uno de los menores, que luego vio la situación y dio aviso a los vecinos que avisaron a las autoridades policiales”.

Para la funcionaria judicial la causa, hasta ahora, no encuadraría técnicamente en la figura del femicidio: “En principio se trata de un homicidio calificado, porque era una pareja, utilizó un arma de fuego y esto agrava también la figura, y hay un suicidio. La cuestión del femicidio todavía la estamos evaluando, estamos en las primeras horas de investigación. No había denuncias previas ni antecedentes anteriores”.

 

En la Legislatura

 

Tras conocer el nuevo femicidio, el legislador alfonsinista Dante Rossi del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un pedido de informes “a la Policía de Córdoba y al Tribunal de Conducta Policial para conocer cantidad de policías imputados por femicidio, cuántos tienen denuncias judiciales por violencia familiar y sobre qué medidas que se estén tomando al respecto”.

Rossi advirtió a elDiarioAR que “en el ámbito de las fuerzas de seguridad como la Policía de Córdoba, los casos de violencia familiar son aún más peligrosos, por la tenencia del arma reglamentaria por parte de los agresores”; a la vez que reclamó al gobernador Juan Schiaretti y a su ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera “para que la Provincia declare la emergencia por violencia de género por el término de un año, de acuerdo a un proyecto de ley presentado en febrero del corriente año, a los efectos de paliar y revertir el número de víctimas. Córdoba tiene el triste record de ser la segunda provincia con más femicidios de la Argentina y el Gobierno no toma el tema como política de Estado. Actúa para el marketing y la publicidad en un asunto tan sensible”.

El legislador Rossi presentó en 2020 un proyecto de ley para modificar la Ley 10.401 de Protección Integral a las Víctimas de Violencia hacia las Mujeres, “porque frente a casos de violencia que acaecen en la órbita de los poderes del Estado, es común observar como son las víctimas quienes deben trasladar su lugar habitual de trabajo, mientras el agresor continúa sin sufrir mayor impacto en la vida cotidiana”. El legislador alfonsinista reclamó que “como sucede habitualmente con este Poder Legislativo, el proyecto ni siquiera fue puesto en debate en Comisión”.

GM

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