En la provincia de Buenos Aires
Postergan consultas, no compran remedios o se endeudan: revelan cómo se modifican hábitos de salud por la crisis
El costo de los medicamentos y prestaciones comienza a impactar en el cuidado de la salud. Un estudio de la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Fundación Participar y la consultora Arqueos encontró que el 56,6% de los usuarios de IOMA afirmó haber modificado algún hábito de atención o cuidado de su salud por el aumento de los costos de medicamentos y prestaciones. Entre esas modificaciones, el 24,1% postergó consultas médicas y el 18,1% dejó de comprar algún medicamento.
El relevamiento, realizado en agosto sobre 811 afiliados de 53 partidos y localidades bonaerenses, registró además que el 30,2% se endeudó por motivos de salud y que el 51,3% conoce a alguien que dejó de pagar una prepaga para pasar al sistema público o a una obra social.
El informe, titulado “El derecho a la salud bajo la mirada de los bonaerenses”, desagrega el dato central del 56,6% en una serie de respuestas específicas: además de quienes postergaron consultas (24,1%) y dejaron de comprar un medicamento (18,1%), un 8,8% modificó “otro hábito” no especificado, un 5,6% cambió de prestador o de cobertura y un 7,8% no supo precisar qué cambió. Un 35,6% de los encuestados dijo no haber modificado ninguna conducta.
La coordinadora del estudio, la socióloga Melina Alcaraz, advirtió sobre el riesgo sanitario de esa retracción: “Que haya personas que dejen de comprar medicamentos por no poder pagarlos es uno de los datos más preocupantes del estudio. No estamos hablando de resignar un consumo: interrumpir un tratamiento puede agravar una enfermedad y, en algunos casos, generar consecuencias irreparables”.
El estudio combina esa fotografía sobre hábitos de cuidado con otro indicador que los propios autores señalan como igual de sensible: tres de cada diez encuestados (30,2%) declararon haberse endeudado por cuestiones de salud. “A esto se suma que tres de cada diez encuestados tuvieron que endeudarse por cuestiones vinculadas con la salud. Son dos datos que muestran hasta qué punto la crisis económica está afectando el cuidado de las personas”, sostuvo Alcaraz. El dato se inscribe en un cuadro más amplio de sobreendeudamiento de los hogares argentinos que otros relevamientos privados vienen documentando en las últimas semanas. Este miércoles en la Cámara de Diputados hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición para debatir proyectos de ley al respecto.
El informe sostiene que esa presión económica no reduce la demanda de atención, sino que la traslada de un sector del sistema a otro. El 51,3% de los encuestados dijo conocer personas que dejaron de pagar una prepaga y pasaron al sistema público o a una obra social, un desplazamiento que los propios registros administrativos de IOMA parecen confirmar: la obra social bonaerense registró un aumento del 10% en la demanda de servicios médicos y medicamentos durante el primer trimestre de 2026, y sobre un universo identificado de 7.533 afiliados que trasladaron consumos desde otras coberturas, el 70% provenía de PAMI, el 22% de prepagas y el 8% de otras obras sociales. Esos datos administrativos no forman parte de la encuesta y deben leerse como una fuente distinta, aunque el propio informe los presenta como evidencia convergente del mismo fenómeno.
El relevamiento muestra, en paralelo, una fuerte legitimidad social de la salud pública: el 72,3% de los encuestados considera que el Gobierno provincial debe brindar cobertura de salud, mientras que solo el 12,4% se inclina por un sistema privado y un 15,3% no tiene una posición definida. La comparación con la medición anterior del mismo estudio muestra un salto: en 2025, el 69% respaldaba la cobertura pública y el 24% prefería un esquema privado; en 2026, la opción pública creció y la preferencia privada cayó a casi la mitad. “Hay una tendencia muy clara en las dos mediciones: los bonaerenses quieren que el Estado garantice el acceso a la salud”, señaló Alcaraz.
Una parte importante de los consultados asocia ese deterioro con la política del Gobierno nacional. El 48,5% considera que la falta de recursos nacionales afecta mucho al sistema público provincial, el 44% acuerda con la idea de que la Provincia protege el sistema de salud mientras la Nación lo desfinancia (36,5% está en desacuerdo) y el 50,5% dijo no confiar en que el Gobierno nacional pueda mejorar la situación de la salud pública, frente a un 38% que sí confía. Un 59,6% rechazó además que una “motosierra permanente” deba aplicarse sobre la salud pública, mientras que el 22% respaldó esa idea.