Organizaciones sociales marcharon contra los recortes en discapacidad

Paro nacional, movilizaciones en distintos puntos del país y presión para que el Congreso declare la emergencia en discapacidad hasta fin del 2027. Esa batería de acciones llevaron adelante este jueves prestadoras, familias, organizaciones civiles y agrupaciones políticas en todo el país que reclaman al gobierno de Javier Milei contra el ajuste en las políticas sociales que asisten a personas con discapacidad.

Hubo concentraciones frente al Palacio Legislativo, en la ciudad de Buenos Aires, pero también en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Misiones. La huelga en el sector fue por 48 horas, dado que la Nación adeuda los subsidios desde abril, hay falta de actualización de aranceles y un sinfín de prestaciones en riesgo. 

El martes pasado los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados presentaron formalmente el pedido de sesión especial para el próximo miércoles 4 de junio al mediodía, con el objetivo de someter a votación en el recinto la Declaración de Emergencia en Discapacidad. 

La intención de las bancadas del peronismo, el radicalismo disidente, de Miguel Pichetto y la Coalición Cívica es sortear la contraofensiva libertaria, que hace una semana logró vaciar la última sesión y no le dio el quórum, justo cuando también se discutía distintas iniciativas de mejora previsional y la designación de autoridades de la comisión investigadora $LIBRA.

Que la manifestación por discapacidad haya tenido este jueves un epicentro en la ciudad de Córdoba tiene un simbolismo político, ya que fueron los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora los que aportaron a la estrategia oficialista de no dar quórum. La protesta en la capital mediterránea lleva el apoyo del cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba desde 2021, y quien recientemente estuvo en El Vaticano para designar a León XIV como sucesor del papa Francisco.

Los ataques a las personas con discapacidad comenzaron desde el inicio de la actual gestión. Desde la utilización por parte del presidente Milei del Síndrome de Down como forma de insulto, pasando por los recortes presupuestarios, hasta la resolución 187 que, además de caracterizar de “idiotas”, “débiles mentales” e “imbéciles” a individuos con ciertos grados de discapacidad, propone dejar de lado el modelo social-situacional y regresar al esquema médico-rehabilitador o capacitista, lo cual, según los expertos, viola la Constitución Nacional.

elDiarioAR ya reveló en abril pasado que el sector de discapacidad sufre recortes en las pensiones, suspensión de terapias, congelamiento y retraso en el salario de prestadores de servicios, desmantelamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), trabas burocráticas y ataques mediáticos.

La ANDIS dejó de ser parte de la Secretaría General de Presidencia, donde tenía articulación con todas las áreas del Estado, para descender y quedar encerrada en el Ministerio de Salud. Con el cambio del organigrama, se modificó el enfoque de la discapacidad, afectado la habilitación de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Quedaron a tiro de ser eliminadas unas 220 mil pensiones, cada una de las cuales tiene un valor que representa el 70 % de una jubilación mínima, es decir, $240.000.

Los trabajadores que prestan servicios también están pasando por un momento delicado. En abril, instituciones y transportistas denunciaron el atraso en los pagos, desfasajes en los aranceles y recortes en las prestaciones. Otra de las situaciones que está provocando angustia y humillación dentro del universo de las personas con discapacidad y sus familiares son los trámites engorrosos que deben realizar en un sistema burocrático cada vez más lento por el desfinanciamiento que están atravesando muchos organismos públicos.

“El último aumento fue hace seis meses y fue de un 0,5 por ciento”, explicó Juan Pérez Brancatto, presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de la provincia de Buenos Aires (Ataecadis), sobre el reclamo de la falta de actualización de los montos de sus prestaciones.

“Se tomó una decisión masiva y de falta de responsabilidad que es la revisión de todas las pensiones. El método que decidieron tomar es cruel, redujeron las pensiones de manera inequitativa e injusta”, denunció en su momento la subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels. Y agregó: “Es humillante y el único objetivo es tener un achique económico en el sector más vulnerable y desprotegido”.

La protesta por discapacidad está alineada a otros reclamos que se sucedieron en los últimos días, principalmente la de los médicos del hospital Garrahan y los científicos del CONICET. Este miércoles hicieron una fuerte campaña al estilo del comic-serie El Eternauta para denunciar el vaciamiento libertario en ciencia e investigación. 

MC