ABUSO SEXUAL EN LA IGLESIA ARGENTINA Investigación especial

Tuvo que esperar 23 años para ver condenado a su abusador pero logró una ley clave para las víctimas

Sebastián Cuattromo logró que la justicia condene a Fernando Picciochi 23 años después de que ocurrieron los hechos

María Alicia Alvado


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Un mes antes del 20º aniversario de la denuncia periodística que terminó con el cura Julio Grassi sentenciado a 15 años por corrupción de menores, se cumplieron 10 años de otra condena paradigmática en la historia de los abusos eclesiásticos en Argentina.

A 20 años del caso Grassi, 128 miembros de la Iglesia católica fueron denunciados por abuso sexual

A 20 años del caso Grassi, 128 miembros de la Iglesia católica fueron denunciados por abuso sexual

Se trata de la sentencia a 12 años de prisión al ex hermano marianista Fernando Picciochi por haber abusado de dos adolescentes 23 años antes. El fallo fue contra todo pronóstico de prescripción. Tuvo detrás la lucha colectiva de los sobrevivientes, decisiva para que dos años después se sancionara la “Ley de los tiempos de la víctima” que suspende la prescripción de los delitos de abuso sexual infantil hasta el momento en que la persona violentada pueda realizar la denuncia.

Actualmente la lucha está enfocada en lograr la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, ya sea a través de una nueva ley o por un fallo de la Corte Suprema que establezca de manera definitiva –como ya lo han hecho muchas sentencias a lo largo y ancho del país- que por encima del Código Penal se encuentra el interés superior del niño consagrado por la Convención de los Derechos del Niño que en Argentina tiene rango constitucional desde 1994.

“No debe prescribir el delito y tampoco debe prescribir nunca la obligación del Estado a proteger a la infancia de este delito”, dijo a elDiarioAR Sebastián Cuattromo, uno de los dos denunciantes contra Picciochi y referente de la asociación Adultxs por los derechos de la Infancia.

Ese deber de protección se hace aún más urgente en relación a “esos agresores que no han podido ser investigados, juzgados y condenados porque prescribieron sus delitos” porque “un agresor sexual librado a su suerte va a seguir cometiendo abuso”. 

“Diez años después pude poner en palabras lo que me pasó”

Sebastián tenía 13 años y estaba en el séptimo grado de primaria cuando fue abusado por primera vez por Picciochi durante un campamento escolar en las sierras de Córdoba. Los abusos se reiterarían en el micro de regreso y en las mismas instalaciones del colegio.

“En mi caso, casi 10 años después logré empezar a ponerlo en palabras; lo sufrí a los 13 y a los 23 recién pude contarlo”, contó.

El primero en escuchar la historia fue uno de los amigos más cercanos de Sebastián.

“Tuve la suerte que ese amigo me hizo sentir que creía en mi palabra, que lo que le estaba contando era algo grave y me dio mucha confianza para compartirlo con mis familiares”, dijo.

“Entonces empezó a emerger con convicción y claridad que lo que me había pasado era un delito y la necesidad de buscar algún tipo de reparación y justicia”, agregó.

El paso siguiente fue ponerse en contacto con ex compañeros que habían sido víctimas del mismo agresor, para hacer una denuncia colectiva.

“Me encontré con personas que habían seguido el mismos proceso que yo, que habían sobrellevado en silencio y soledad su trauma, y que ahora veían como como algo justo y necesario la búsqueda de justicia; pero también sentían que no me iban a poder acompañar en la denuncia porque tenían mucho temor a ser re victimizados, maltratados, a que todo quedara en la nada”, contó.

Esas personas declararán después como testigos en el juicio que condenó a Picciochi y solo uno accede a presentarse como un segundo denunciante pero decide mantener en reserva su identidad y no hacer público los detalles del caso.

Pero, dado el tiempo transcurrido, “cuando pensamos en hacer una denuncia, lo primero que aflora en mí es el temor y la preocupación por una supuesta prescripción”.

“Presentamos la denuncia penal y, para nuestra sorpresa, la causa no estaba prescripta. El Juzgado de Instrucción Nº 4 a cargo de Mariano Berges con rapidez toma la denuncia, se pone a investigar, nos cita a declarar a las víctimas y a las autoridades marianistas, y llama a indagatoria a nuestro abusador”, contó.

Doce años para llevar a juicio al abusador

Con ese ímpetu inicial, nada hacía prever que a la justicia le llevaría 12 años más sentar al denunciado en el banquillo de los acusados, incluyendo los siete años en que estuvo prófugo en el exterior y bajo una identidad falsa.

Es que para cuando queda firme el procesamiento con prisión preventiva dictado por el juez Berges y se libra finalmente la orden de captura nacional e internacional, “Picciochi se escapa para no ir preso y es declarado en rebeldía”.

“Ahí empieza otra odisea como víctima, denunciante y querellante que habla de las falencias de poder judicial, porque tuve que ponerme al hombro la causa durante largos años para que no quedara impune, lo que me parece muy injusto”, recuerda Cuattromo.

Los tiempos se aceleraron de nuevo en 2001, cuando Interpol informa al juzgado que una persona de las características de Picciochi había ingresado a los Estados Unidos. Y después de esta novedad esperanzadora, otra vez el expediente entró en un interminable compás de espera.

“Lo cierto es que en 2004, cuando ya llevaba cuatro años prófugo, se me ocurre ir a la sede de Interpol en Buenos Aires para preguntar qué pasaba con la búsqueda, ahí ellos revisan su sistema y salta que hasta ese momento la captura internacional no había comenzado porque en aquella comunicación de 2001, Interpol le pedía al juzgado que le contestara poniendo formalmente en acción esa orden de captura y nunca hubo una respuesta a ese requerimiento”, contó.

“Se habían perdido cuatro años en detener a un prófugo por un error burocrático que sale a la luz por una visita circunstancial mía a la sede de Interpol, que si no fuera por eso, la investigación habría naufragado en la impunidad y Picciochi había logrado eludir la justicia”, agregó.

Finalmente, el agresor es detenido en 2007 en los Estados Unidos donde había entrado ilegalmente, tras lo cual se inicia otro proceso judicial subordinado a la causa principal, que es el juicio de extradición.

Veinte años después

“Hubo que solicitar, llevar adelante y ganar un juicio de extradición. La extradición se concretó en septiembre de 2010, a 20 años de ocurridos los abusos y a 10 de haber denunciado. Recién ahí pudimos continuar con el proceso judicial, porque en Argentina no se puede juzgar en ausencia”, contó.

Con Picciochi otra vez en el país y a disposición de la justicia, otra vez el peligro de la prescripción aparecía en primer plano. Corría septiembre de 2010 y tres meses antes el cura Julio César Grassi ya había sido condenado a 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual y corrupción agravada de menores.

Un año después se sanciona la denominada  “Ley Piazza” (26.705) que modifica los plazos de prescripción para el delito de abuso sexual en la infancia, estableciendo que deben empezar a computarse desde la mayoría de edad del denunciante. Claro que esta norma, como cualquier otra, no podía aplicarse retroactivamente.

La defensa trató de aprovechar los años que había estado prófugo, para argumentar que los delitos estaban prescriptos y no podía seguirse adelante con el proceso judicial”, dijo.

Es que en ese momento, para casos de abuso sexual en la infancia corrían las mismas reglas de prescripción que para cualquier otro delito, es decir, se consideraba prescripto “después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito”, que en el caso de la corrupción de menores calificada era de 12 años.

Pero como el Código Penal contempla como circunstancias que interrumpen la prescripción, entre ellos el primer llamado a declaración indagatoria –que había tenido lugar en el año 2000-, el juez entendió que la causa no estaba prescripta y así lo confirmaron las instancias posteriores

“Fue una cuestión azarosa que teniendo todavía una legislación absolutamente distinta a la de hoy, se combinaron pasos procesales y la calificación para poder establecer que todavía no estuvieran prescritos”, dijo.

Finalmente, en 2012 se lleva a cabo el juicio oral en el marco del cual Picciochi es condenado a 12 años de prisión por 9 hechos de “corrupción de menores agravada, reiterada y calificada” ocurridos 22 y 23 años antes. 

“Fue un acto de profunda reparación y justicia, algo que ojalá todas las víctimas pudieran vivir. En mi vida fue un antes y un después, aunque mi sueño de transformar mi dolor y mi lucha en algo que tuviera un sentido de trascendencia a nivel social era algo que tenía la convicción de hacer independientemente del resultado del juicio”, dijo.

Ante el “aluvión” de mensajes de personas que habían transitado agresiones similares en la infancia, Cuattromo pudo “tomar conciencia de la enorme masividad de esta injusticia y de su transversalidad en el conjunto de la sociedad”, así como la falta de respuestas del sistema legal.

Surge así ese mismo año de 2012 la asociación civil “Adultxs por los derechos de la infancia” que lidera junto a la madre protectora Silvia Piceda, con quien hace unas semanas presentaron el libro “Sobrevivientes” nada menos que en la ONU.

Adultxs está integrado por mayores de edad que sufrieron abuso sexual en su infancia o que actualmente son protectores o protectoras de niños, niñas y adolescentes que lo han sufrido recientemente.

El objetivo es “dar visibilidad al delito de abuso sexual en la infancia”, a partir de “compartir colectivamente” y también públicamente esas experiencias.

En 2014 la Cámara de Casación Penal confirmó el fallo contra Picciochi en segunda instancia y dos años más tarde la Corte Suprema de Justicia rechaza un recurso de queja quedando firme la sentencia.

En 2015 Argentina sanciona la ley 27.206 de “Respeto a los tiempos de la víctima” que establece que para los delitos contra la integridad sexual “se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales”.

Diez años del Papa Francisco

“Yo pongo todo el mérito en nuestro lado, el de las víctimas, que contrasta notablemente con las respuestas institucionales. En las instituciones vinculadas con lo confesional católico, con la infancia en general, las víctimas, y los sobrevivientes hay una brecha muy grande entre los gestos y el nivel de concreción de cambios profundos”, concluyó.

En ese sentido cuestionó la actitud de Bergoglio, que siendo arzobispo de Buenos Aires convalidó a través del entonces obispo de Flores Mario Poli, el intento de silenciamiento del caso por parte del Colegio Marianista, “subestimando la gravedad del delito, el dolor de una víctima y su necesidad de reparación y justicia”.

“A 10 años de que Bergoglio se transformara en Francisco y habiendo yo transmitido todo esto en diferentes medios periodísticos nacionales e internacionales -donde siempre digo que me encuentro dispuesta a ser recibido y a tener un diálogo en mi condición de sobreviviente, como parte de una lucha colectiva más amplia- jamás me convocaron”, dijo.

“Francisco pidió perdón en términos genéricos, vagos, diluyendo todo en un hecho universal pero ni siquiera respecto a las víctimas de su país, de la Iglesia de la que él formó parte y donde hizo su carrera eclesiástica, hubo un reconocimiento y un pedido de disculpas públicas, una actitud básica de alguien que quiere cambiar las cosas”, concluyó.

MAA/MG

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