Lustramax, empresa distribuidora de artículos descartables e insumos de higiene que opera en el Parque Industrial de Tortuguitas, despidió a 24 trabajadores, incluidos dos delegados sindicales, sin telegrama ni justificación escrita. La firma tampoco acató la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, lo que motivó una asamblea permanente que lleva ya más de una semana.
“Nos despidieron de palabra, delante de una escribana, sin notificarnos legalmente. Nunca llegó el telegrama. Es algo totalmente insólito”, denunció Leandro Gómez, delegado gremial cesanteado, en una entrevista con Somos Radio AM 530. Según detalló, la empresa presentó a fines de diciembre un procedimiento preventivo de crisis y concurso de acreedores, aunque los balances previos no reflejan una situación económica crítica.
Hasta mediados de diciembre, la planta funcionaba con normalidad, incluso con horas extra. Los despidos —13 en depósito, 9 en administración y los 2 delegados— fueron anunciados de forma irregular y ejecutados sin mediación efectiva del Estado. En la segunda audiencia convocada por el ministerio, la empresa directamente no se presentó.
“Están ensayando cómo aplicar la reforma laboral antes de que sea ley”, afirmó Gómez. La denuncia apunta a una maniobra para desmantelar las condiciones de trabajo previas —jornadas fijas, horarios estables, derechos sindicales— en línea con el modelo de desregulación que promueve el gobierno de Javier Milei.
El caso cobró mayor relevancia política por la intervención de la senadora provincial de La Libertad Avanza Florencia Arietto, quien respaldó a la empresa en redes sociales y descalificó públicamente a los trabajadores, llamándolos “parásitos”. Según los delegados, el esposo de Arietto recorrió la planta durante semanas previas a los despidos, lo que alimenta la hipótesis de una operación coordinada para disciplinar al plantel.
La ofensiva incluye, además, el desconocimiento de la tutela gremial, que protege a delegados de despidos sin causa justificada. La ausencia de telegramas, el silencio institucional y la falta de medidas correctivas por parte del Estado hacen temer que se siente un precedente peligroso para otras empresas que busquen avanzar contra la organización sindical.
“Nos preocupa que esto se naturalice. Si una empresa chica puede hacer esto sin consecuencias, una grande lo va a replicar sin problemas”, advirtió Gómez. A pesar de la gravedad del caso, la CGT aún no se pronunció públicamente ni estableció contacto con los trabajadores. Solo algunos referentes gremiales y organizaciones sociales se acercaron a expresar su solidaridad.
Como respuesta, los trabajadores organizaron un festival en la puerta de la planta, que reunió a más de 700 personas entre familias, vecinos y militantes. El evento permitió recaudar fondos para sostener la protesta, dado que la empresa tampoco garantizó el pago de los días caídos. “No sabemos si vamos a cobrar. La empresa no acata la conciliación, y eso le da vía libre para no pagar”, explicó Gómez.
A pesar de los despidos, la planta sigue funcionando parcialmente, con tareas desorganizadas y falta de personal en sectores clave. “Los puestos que eliminaron eran necesarios. Esto no se trata de un ajuste por necesidad, sino de una decisión política para debilitar a los trabajadores”, afirmó el delegado.
Lustramax no respondió los pedidos de audiencia posteriores, y el Ministerio de Trabajo no adoptó nuevas medidas para forzar la reincorporación ni sancionar el incumplimiento. Para los trabajadores, la inacción estatal refuerza el mensaje disciplinador que busca instalar la empresa: que es posible despedir sin justificación y vulnerar derechos sin consecuencias.
El conflicto sigue abierto. La asamblea continúa en la planta, sin soluciones a la vista. Los trabajadores insisten en que no se trata solo de recuperar sus puestos, sino de frenar un experimento que podría replicarse en todo el país.
JJD