¿En qué pensamos cuando pensamos en “inseguridad”? Los politólogos y doctores en ciencias sociales Gabriela Seghezzo y Nicolás Dallorso –que también es abogado– investigan con un enfoque disruptivo ese fenómeno. Dentro del Instituto Gino Germani de la Facultad Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) integran un equipo de investigación que apunta a los empresarios poderosos que con sus evasiones y elusiones impositivas, con sus corrupciones y con sus contaminaciones ambientales producen más daño en la sociedad que los delicuentes en los que se centran los medios de comunicación.
–¿Qué es lo que están investigando concretamente?
Gabriela Seghezzo: –Durante muchos años estuvimos trabajando cómo se construía la inseguridad como problema, porque aparecía como un eje central de la agenda política, mediática, incluso académica. Y la cuestión es que esa forma de construcción hegemónica de la seguridad invisibiliza otras prácticas que en algunos casos son delitos, pero son profundamente dañosas para el conjunto social, como son los ilegalismos de los poderosos. Es decir, las prácticas en un continuum legal e ilegal que llevan adelante grupos de poder. A fines de los 90, en paralelo al resquebrajamiento de la hegemonía de la convertibilidad, había habido una fuerte caracterización social peyorativa de estas tramas que protagonizaban los poderosos. Por ejemplo, sobre las privatizadas y los bancos, dos sectores que habían sido claros ganadores durante los 90.
Nicolás Dallorso: –En general, en la agenda mediática aparecen los delitos que se llaman callejeros, que llevan adelante los sectores populares y eso desconoce que las tramas de ilegalidad atraviesan todo el cuerpo social y sobre todo, quedan invisibilizados los que llevan adelante los sectores más poderosos.
–Imagino por qué, ¿pero qué opinan ustedes del motivo de esa invisibilización?
Dallorso: –En la criminología se habla de una selectividad penal, es decir, muchas de las prácticas que producen daño que llevan adelante los sectores poderosos ni siquiera son tipificadas en el Código Penal. Eso es lo que se llama un déficit en la criminalización primaria. Entonces, por ejemplo, una empresa puede generar un daño ambiental muy grande y no necesariamente eso es delito porque no fue tipificado, pero eso no quiere decir que no produzca daño. Segundo, hay algunos daños, algunos delitos que sí están tipificados en el Código Penal, como la evasión impositiva, el fraude de balances, el tráfico de información privilegiada, las coimas, pero hay un déficit en la política criminal, es decir, no se persiguen esos delitos. Son delitos que en general cometen sectores poderosos. Entonces no se persiguen. Por último, en los casos en que está tipificado el delito y se los persigue, en general por su condición de poderosos, no son condenados. Entonces ahí tenemos un déficit en la criminalización secundaria y terciaria. Por todas estas razones, además de la cobertura mediática, la percepción social y el propio funcionamiento del aparato penal criminal, quedan por fuera estas prácticas que algunas son legales, algunas ilegales. Pero esto no quiere decir que no generen gran daño social. Hay una corriente de estudio europea anglosajona que se llama zemiología, con z, que proviene de la criminología, que trae aportes de la criminología crítica y se centra no tanto en los delitos, sino en las prácticas que generan daño.
–¿Qué daños?
Dallorso: –Daño ambiental, daño económico, daño en la salud, daño en las condiciones laborales. Empieza a fijarse en eventos como pueden ser un genocidio, que no necesariamente se lo persigue penalmente pero obviamente genera un gran daño social, o desastres ecológicos, o grandes empresas que no pagan cargas sociales y que eso afecta a las condiciones laborales de sus trabajadores, o políticos y empresarios que no declaran sus bienes, entonces no pagan impuestos. Todas estas cuestiones, que no necesariamente son delitos siempre, sino que a veces entran y salen también de los plexos normativos y de la persecución del Estado, o sea, de la persecución criminal.
Seghezzo: –La criminología crítica pudo poner en palabras esta dimensión geopolítica y política primero de la cuestión de los ilegalismos. Hay ciertas prácticas que son consideradas delito y en algún momento dejan de estar en los plexos normativos. Por ejemplo, hace poquito (Donald) Trump eliminó una legislación que impedía pagar por parte de empresas norteamericanas sobornos en terceros países. Fíjate vos qué clave, ¿no? No todas las prácticas que hoy señalamos como delitos fueron históricamente consideradas delitos. Y prácticas que habíamos considerado delitos luego salen de algunos plexos normativos y se impiden la persecución de esas prácticas. Entonces, esa tolerancia o intolerancia respecto de la criminalidad económica, sobre todo, está estrechamente vinculada con la disputa política y con la disputa geopolítica en nuestros países. A nosotros nos interesa mirar qué pasa con estos grandes casos.
–¿Qué sectores están investigando?
Seghezzo: –Puntualmente estamos trabajando en tres sectores: energético, agroalimentario y pesquero. Pero en el horizonte seguiremos avanzando sobre otros. En este recorrido nos aparecen una serie de figuras clave para pensar cómo se producen estas prácticas, cuando hablamos de catástrofes ambientales, evasión impositiva de los grandes grupos económicos, subfacturaciones, coimas o prácticas que están al borde de la legalidad: aparecen lo que nosotros llamamos cross informal advisors, que son una suerte de asesores informales con la particularidad de que ponen en relación al sector privado del que forman parte con el sector público. Y esos contactos que tienen o articulan les permiten llevar a cabo esas prácticas que producen grandes daños sociales. Pero además estas figuras clave de este ilegalismo económico organizado permiten una extracción neocolonial de las economías periféricas hacia las economías centrales. En ese juego geopolítico de grandes compañías que extraen plusvalor no solo del trabajo que se desarrolla en los países periféricos, sino también y sobre todo de estos ilegalismos económicos organizados, los cross informal advisors permiten esa articulación porque ponen en relación un saber local, por ejemplo, el conocimiento de los plexos normativos, de las normas del derecho en los países periféricos, de los huecos legales que permitan, legitiman y avalan esa prácticas de extracción de valor hacia las las economías globales.
–¿Ya han detectado algún hallazgo en estas investigaciones que vienen haciendo de estos tres sectores en particular?
Dallorso: –Estamos teniendo hallazgos por ahora preliminares: encontramos prácticas que generan grandes daños sociales, principalmente en estos tres tipos de daño: lo que podríamos llamar al erario público, en el sentido de que se genera evasión impositiva, fuga de capitales o van reduciendo la capacidad recaudatoria del Estado. Una segunda área de daños está vinculada a los daños ambientales: tanto la industria agroalimentaria, el sector energético, sobre todo petrolero, y el sector pesquero hacen un uso abusivo del ambiente, generando daños permanentes y en muchos casos no se pueden retrotraer. Y el tercer tercer tipo de daño que logramos identificar está vinculado con el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores que contratan estas empresas. Si bien tienen una cantidad importante de trabajadores con las condiciones laborales en blanco, también hay una serie de subcontrataciones que no están directamente ligadas a la empresa, pero que generan inseguridad laboral en las condiciones de vida de los trabajadores.
AR/DTC