Se agrava el conflicto en los puertos mientras el Gobierno defiende la desregulación

En pleno paro en los puertos, el Gobierno endureció su discurso. El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió en una conferencia de prensa en Casa Rosada la desregulación del practicaje dispuesta por el Decreto 690/2026 y advirtió que aplicará sanciones a los prácticos que sostienen la protesta. El funcionario sostuvo que la actividad integra un “servicio esencial” que los profesionales “deben sostener” y responsabilizó a un sector del practicaje de resistirse a la apertura de la competencia que introdujo la norma.

“Intentamos bajar el costo argentino. En esta materia [transporte marítimo] la Argentina tiene un costo elevado, comparado con otros países. Esto se resuelve con competencia. Abrimos la competencia para permitir, en este caso del practicaje, que puedan entrar nuevos jugadores, con precios más competitivos”, planteó Ravier, y agregó que, en la medida en que la apertura reduzca los costos del traslado de mercaderías, el efecto “eventualmente” impactará en “mejoras para empresas y consumidores”. El vocero fue más duro con los prácticos en huelga: “Hay personas que operan en ese mercado que, ante la entrada de competidores, plantean este reclamo y hacen esto para perjudicar la logística. Este es un servicio esencial que estas personas tienen la obligación de sostener, y van a tener sanciones”.

El decreto que originó el conflicto, publicado el 31 de julio y firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sustituyó el reglamento que regía el practicaje desde 1991. Entre sus cambios centrales, quita el límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico, permite que armadores y agencias marítimas los contraten en forma directa, establece topes de tarifas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y habilita a capitanes con determinada experiencia a navegar sin contratar un práctico. Sturzenegger había resumido el espíritu de la reforma con una frase que anticipó el tono del conflicto: la norma buscaba, dijo, “desarmar kioscos” en una actividad que consideraba protegida por barreras artificiales.

Del otro lado, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó al decreto de inconstitucional y anticipó una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo ante la Justicia Federal, además de una denuncia penal por una eventual afectación a la seguridad de la navegación, contemplada en el artículo 190 del Código Penal. Junto con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos, sostienen que los cambios podrían derivar en un deterioro de las condiciones de seguridad y de trabajo del sector, un argumento que choca de lleno con la lectura del Gobierno sobre un conflicto motivado, según el Ejecutivo, por la resistencia a perder posiciones de mercado.

Mientras la disputa se judicializa, el impacto económico del paro empezó a extenderse más allá del practicaje. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras, advirtió que cada demora de un buque cuesta entre 50 y 100 mil dólares por día y alertó sobre el riesgo de que la Argentina termine en una “lista de país sucio”, es decir, percibido como poco confiable para cumplir contratos de exportación. Desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) confirmaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas están interrumpidas por la falta de prácticos y advirtieron sobre eventuales dificultades en el abastecimiento energético. En Neuquén, la restricción en el puerto de Bahía Blanca ya frenó la construcción de la terminal offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur.

La paralización abarca los puertos de todo el país, desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, con especial impacto en el Río de la Plata y el río Paraná, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas. Decenas de buques permanecen sin actividad en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, el corazón del complejo agroexportador del país.