Es toda tuya, campeón, hacete cargo

Falta un año para las elecciones presidenciales y Luis Caputo ya las usa para explicar los problemas de hoy. En el coloquio de IDEA -y cuando puede- el ministro atribuyó la suba del riesgo país al contexto internacional y al temor de los inversores a una derrota de Javier Milei en 2027. El argumento convierte las dificultades de la gestión en razones para pedir su continuidad. La responsabilidad siempre queda afuera y el objeto de la ocurrencia de las fallas del modelo pueden ser la herencia recibida, la oposición golpista y/o antidemocrática, el “riesgo kuka” o una elección que todavía no ocurrió y a la cual no sabemos cómo se llegará.

Dicho esto, a pesar de que en 2026 no hay elecciones nacionales, el programa económico lleva casi tres años de implementación y sus decisiones ya tuvieron tiempo de producir resultados. Si el empleo formal sigue cayendo, la actividad pierde impulso y vuelve a encarecerse el financiamiento para millones de familias endeudadas por comprar artículos básicos, hace falta revisar qué está haciendo el Gobierno.

El riesgo país supera los 700 puntos básicos y es una señal incómoda para una administración que busco la confianza financiera del mercado como medida de su éxito. Los bonistas –y el FMI- necesitan que el país consiga dólares y pueda refinanciar sus vencimientos, que se garantice el pago de las obligaciones y que esto se sostenga en el tiempo. No alcanza con declamaciones acerca de la disciplina fiscal y la obtención de un supuesto superávit acompañado de fraseos pro mercado, sino que hay que ejecutar un programa económico integral que permita un crecimiento robusto con mejores condiciones de empleo que garantice su sostenibilidad. Como eso no se produce la duda sobre el destino y alcance temporal de la economía local es lo que está presionando a la gestión de Caputo a enfrentar una sobretasa y un riesgo país tocando techo en el año.

Evidentemente las condiciones internacionales influyen, por ejemplo, con una tasa más alta en Estados Unidos que encarece el financiamiento en mercados internacionales. Pero cuando ese impacto mundial afecta de manera específica a la Argentina es claro que el programa financiero basado en una “avalancha de dólares” comerciales pero sin efectos domésticos es el que tiene problemas, una economía que está dependiendo de la buena voluntad de actores externos como el Tesoro de Estados Unidos o el FMI. Allí el programa se tensiona generando muchísimos costos económicos y sociales en una situación ya crítica. Mientras tanto tiempo se insiste con las mismas recetas: haber usado extendidamente el tipo de cambio bajo, y la propia recesión como anclas inflacionarias. Ello explica lo demás: una notoria inflación en dólares que ejerce presión sobre la rentabilidad del sector productivo, vuelve caro al sector servicios y afecta a la actividad industrial destruyendo empleo de calidad. Si a eso sumamos una inflación amesetada en torno al 2%, la situación es muy preocupante.

Asimismo, tenemos una particular situación de peligro en el horizonte cercano a la cual prestarle atención. Abultados vencimientos están a la vuelta de la esquina en 2027, hay que pagar intereses y capital, sobre todo al FMI. Si la actividad no acompaña, por más cosecha récord que se pueda llegar a lograr, se torna complejo que se sostenga el acompañamiento de la sociedad y el empresariado afín a una estrategia económica basada primordialmente en la primarización de la economía.

El Gobierno eligió privilegiar el resultado inmediato sobre un modelo de crecimiento. Es cierto que bajó la inflación pero para ello, extrajo cuantiosos recursos de los sectores medios y bajos y los transfirió a los sectores más concentrados, reduciendo el impuesto a los bienes personales, pero incrementando servicios públicos un 860% frente a una inflación del 261% desde 2023, dicho desde otra perspectiva: en el último año, el peso de las tarifas en el ingreso familiar pasó de alrededor del 10,8% al 12,9% y desde 2023 casi que se cuadruplicó.

En el trabajo registrado, el retroceso tiene más historia. El informe oficial del SIPA contabilizó en julio 134.500 asalariados privados menos que un año antes, profundizando la contundente caída de casi 370 mil puestos de trabajo formales perdidos en la gestión y cuestionando la promesa de que el retiro del Estado y la disciplina fiscal bastarían para que el sector privado se expandiera, aún con la reforma laboral regresiva y la ley Bases. Contratar depende de cuánto se espera vender y de la posibilidad de financiarse. Reducir el costo laboral tampoco crea los clientes que faltan. El ajuste termina afectando al sector privado al que prometía liberar. Esto sumado a la problemática de la mora que hemos hablado en el anterior artículo y del cual el gobierno jamás se hará cargo, sea por incapacidad, por ideología o por preferencia moral.

Esa dinámica negativa encuentra nuevas fuerzas en el proyecto de Presupuesto 2027. Allí el gobierno propone quitar la actualización automática de la AUH y las asignaciones familiares, intentando que el ajuste lo sigan pagando los sectores de menos recursos mientras siguen sin aparecer las supuestas bondades del programa económico del gobierno.

Cuando la actividad se debilita, recaudar se vuelve más difícil. Responder con nuevos recortes para preservar a cualquier costo el objetivo fiscal puede prolongar el estancamiento y exigir un esfuerzo mayor para conseguir el mismo resultado. El ajuste debilita la base productiva de la que el Estado necesita gravar, sobre todo a nivel provincial donde el deterioro de las cuentas fiscales se nota con mayor preocupación. Sostener el superávit se vuelve más trabajoso porque la economía no crece.

La lectura política del riesgo país también merece darse vuelta. Si los inversores temen una derrota oficialista por el deterioro del empleo y de las condiciones de vida, están mirando las consecuencias del programa. Culpar a la eventual respuesta de los votantes permite omitir lo que viven antes de entrar al cuarto oscuro. La incertidumbre sobre la continuidad de Milei es , en parte, una expresión del costo social de sus decisiones.

Todo esto no implica que el esquema esté a punto de colapsar, conserva capacidad de maniobra y ya sobrevivió a tensiones fuertes. Una nueva asistencia o una mejora externa pueden darle aire. Corresponde discutir cuánto cuesta económica, productiva y socialmente cada prórroga y qué deja a los argentinos. La estabilidad financiera puede coexistir durante bastante tiempo con el deterioro de la vida cotidiana. El deterioro social puede continuar a costa de mantener el rumbo económico establecido aun cuando no haya una crisis abierta, algo que conocemos bien de anteriores modelos similares. Esperar el derrumbe para discutir el rumbo es una irresponsabilidad de la dirigencia opositora supone aceptar mientras tanto ese costo.

El Gobierno pide paciencia como si las dificultades fueran producto de una demora ajena a sus decisiones. La estrategia que subordinó la actividad y los ingresos al superávit y la calma financiera encuentra obstáculos incluso para sostener esas prioridades. En un año sin elecciones nacionales, la explicación electoral ya no alcanza. Después de casi tres años, el programa debe responder por la economía que genera y por las condiciones en las que deja vivir a quienes tienen que sostenerlo. Creemos que la respuesta está en otro modelo, que no cargue los costos en los mismos de siempre y permita crecer.

El autor es economista y docente (UBA), socio en Nómika Consultores.

AR