Con un dólar que saltó de $1.310 a $1.370 y un riesgo país (índice de desconfianza en la deuda) que trepó de 700 puntos básicos a 829 de una semana a otra por el nuevo escándalo de presunta corrupción, el Gobierno renueva este miércoles letras de corto plazo por casi $9 billones. Son títulos que están en su mayoría en manos de los bancos. Se espera que el ministro de Economía, Luis Caputo, logre refinanciar la mayoría de ellos por una sencilla razón: este lunes les obligó a subir otra vez los encajes bancarios del 45% al 53,5%, con lo cual las entidades financieras no tienen otra que suscribir la mayoría de los nuevos bonos, por más que estén urgidas de liquidez.
El Gobierno ofrecerá un menú de Letras de Capitalización (Lecap, que capitalizan los intereses), las Lelink (está atadas a la evolución del dólar) y las nuevas Tamar. Se prevé que sigan altas las tasas de interés que pague con tal de secar la plaza de pesos y evitar que se escurran al dólar -los bancos no pueden comprarlo, pero sus clientes, sí- y así mantener a raya la inflación, la promesa electoral del presidente Javier Milei. Las entidades, a su vez, ya pagan por el plazo fijo hasta 53% en el caso del Banco Macro, más del doble de la proyección del índice de precios al consumidor (IPC) de acá a 12 meses.
Las elevadas tasas están acumulando un problema en cuanto al futuro gasto público en intereses: para cuanto termine la volatilidad electoral, tras los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre, habrán sumado el equivalente al presupuesto de la Ley de Discapacidad que aprobó el Congreso, vetó Milei y ahora se espera que ratifique el Senado. Así lo calcula la consultora Equilibra, que dirige Martín Rapetti. Se arma una bola de Lecap.
En un informe de la semana pasada, previo a los audios de supuestas coimas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Equilibra advitió sobre los “primeros impactos de las tasas altas”, más allá consabido enfriamiento del crédito y de la actividad económica: “La escalada cambiaria llevó rápidamente a una suba de la tasa de interés del Tesoro qué, tras la finalización de las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez, en julio), terminó de convertirse en la de referencia para toda la economía. Dicho incremento impulsó las tasas activas (de préstamos) y pasivas (de plazos fijos) muy por encima de la inflación esperada, de 2,2% para agosto. Hace ya un mes que las tasas reales en pesos rondan 2% mensual, niveles de los que no se encuentran registros en los últimos años, y son sumamente nocivos incluso para agentes solventes que necesitan acceder al crédito. Y todo indica que el Gobierno mantendrá tasas de interés de punta para contener el dólar oficial y la inflación hasta las elecciones”.
“Esto significa un fuerte encarecimiento del financiamiento en pesos tanto para el sector público como para el privado”, advierte la consultora en la que también se desempeñan Lorenzo Sigaut Gravina y Lorena Giorgio. “Como consecuencia directa de la escalada de tasas, el Tesoro tuvo que ofrecer premio en sus licitaciones de deuda en pesos para poder renovar vencimientos, reabsorber los pesos de las LEFI y captar el exceso de liquidez, junto con suba de encajes, de los bancos. Así, la tasa efectiva mensual de la Lecap más corta, que promedió 2,7% en junio, subió hasta 3,3% en julio y 3,9% en lo que va de agosto. Para tomar noción de la magnitud de este mayor costo de financiamiento para el Tesoro, si sumamos los instrumentos a tasa fija adjudicados en las licitaciones primarias del 16 y 29 de julio, y del 13 de agosto, la suba de tasas implicará que se paguen $1,3 billones (0,13% del PBI) adicionales entre agosto 2025 y febrero 2026 (0,1% del PBI sólo en 2025)”, continúa el informe.
“Si bien este monto no luce demasiado abultado, en las próximas licitaciones seguramente se irá acrecentando, dado que esperamos que las tasas altas se mantengan hasta las legislativas”, advierte Equilibra. “Teniendo en cuenta que hasta fin de octubre vencen $32 billones sólo de Lecap en manos del sector privado y bancos, suponiendo un diferencial de tasas similar al promedio de la última licitación, 1,77 puntos porcentuales versus la tasa del 10 de julio, y un rollover (refinanciamiento) de 90%, el costo financiero de la suba de tasas treparía a $2,6 billones (0,27% del PBI), monto similar al costo fiscal de la Ley de Emergencia en Discapacidad”, concluye el reporte.
Es la misma ley que la Cámara de Diputados ratificó la semana pasada, al tiempo que estallaba el escándalo de supuestos sobornos en esta área tan sensible para la vida de personas vulnerables.
AR/MC