Debaten en audiencia pública un alza del 32% del agua, pero AySA propondrá otro aumento adicional este año

A futuro, AySA quiere empezar a cobrar con medidor.

Este jueves se realizará la audiencia pública para elevar la tarifa de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) del 32% en dos tramos, 20% en julio y 10% en octubre, pero la empresa estatal, que preside Malena Galmarini, propondrá otro aumento adicional en 2022. En una Argentina en la que los economistas relevados por el Banco Central prevén un 65% de inflación en el año, la compañía que abastece a la capital y el conurbano juzga que debería equiparar sus precios con los incrementos de la electricidad ya que es el tercer mayor consumidor de esta energía en el país. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) es el que autoriza las subas.

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En la actualidad hay 250.000 beneficiarios de la tarifa social en el área de AySA, subvencionados con un total de $ 1.000 millones. En teoría, la ciudad y la provincia de Buenos Aires deberían aportar al subsidio, pero no lo hacen. El ERAS determina la cobertura de la tarifa social. La empresa tiene en total 3,6 millones de usuarios, de los cuales 2,7 millones son residenciales y 900.000 comercios, industrias e instituciones varias. 

Apenas llegó al frente de AySA, Galmarini -que usa el apellido de su esposo, Sergio Massa, en Twitter y Facebook, pero usa el de soltera en Instagram- calculó con su equipo en enero de 2020 que AySA necesitaba para funcionar y ampliar el servicio a los 4 millones de porteños y bonaerenses sin agua potable y a los 6 millones sin cloacas un alza tarifaria del 500% a todos los usuarios. Y eso que se venía de los tarifazos del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, la nueva administración advirtió entonces que en la anterior gestión había habido un desfasaje entre la tarifa de energía eléctrica y la de agua de un 1.200%. El año pasado, el gasto de electricidad de AySA fue de $5.500 millones y este año lo duplicará, hasta alcanzar los 10.600 millones. Además, entre 2016 y 2018, se transfirieron nueve municipios de Gran Buenos Aires al área de AySA sin los recursos necesarios para cubrir el servicio, según fuentes del equipo de Galmarini.

Con el alza del 32% de la tarifa, esta cubrirá el 10% del presupuesto de la empresa, que implica los gastos operativos y las obras de mejora, el mantenimiento y la expansión. El resto se completará con subsidios del Estado nacional, que considera a AySA un servicio esencial y de salud, sobre todo a partir de la pandemia.

“Hubo un cambio de mirada del Gobierno sobre este servicio. El agua ya no más como un servicio público para nosotros, además es un servicio de salud, es un servicio al medio ambiente, es un servicio al desarrollo, el desarrollo de las personas, el desarrollo local e industrial”, justifican en la empresa estatal. “Si sólo tomamos el servicio de salud estimado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en el mediano plazo, por cada dólar que invertimos en agua y saneamiento se ahorran un promedio de siete horas de atención de salud, tomado el servicio cómo prevención de salud como enfermedades agudas y crónicas.”

La gestión de Galmarini sostiene que en 2019 el gobierno de Cambiemos dejó AySA con un déficit operativo de $ 5.000 millones, con necesidades de inversiones por 3.600 millones y una deuda flotante con proveedores y contratistas de más de 9.000 millones. “No había dinero”, recuerdan. “En ese momento, como hoy, la tarifa no cubría esos gastos, pero tampoco el Estado Nacional transfería para garantizar el servicio. Había faltante de repuestos básicos, no todos los empleados tenían las herramientas pertinentes para hacer sus trabajos. Con la decisión de Malena, y obviamente con la decisión presidencial, se generaron recursos para poner al día la empresa y generar estos niveles de inversión”, aducen.

AySA prevé comenzar a instalar medidores, en principio no para el cobro del agua consumida sino para que a efectos internos sepan cuánto envía a la red, cuánto llega a las regiones y cuánto se pierde en el camino. Ya licitó 400.000 equipos. “Empezamos a cerrar regiones para conocer no sólo el consumo de los usuarios sino para conocer cuál es el nivel de pérdidas de nuestras redes debido a que desde hace décadas no se invertía en mantenimiento y mejora”, explican. “Queremos saber cuánto es en términos exactos el volumen que se pierde en la red y si corresponde al usuario o a una pérdida propia por falta de mantenimiento. Asimismo, estamos trabajando con una empresa israelí, buscando las fugas invisibles a través de tecnología satelital que mide la humedad del suelo, y con esa información hacemos más eficiente el dinero destinado a la mejora y mantenimiento de las redes. A futuro queremos medir a todos y luego tener políticas focalizadas en términos de a quién se le asigna la tarifa social. Estamos caminando hacia una política de que las obras de expansión y las nuevas conexiones vayan con medidor. El agua potabilizada cuesta mucha plata y tenemos todavía que trabajar en la cultura de la escasez, del uso racional, porque estamos muy acostumbrados al derroche”, admiten.

AR

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