Las empresas imputadas por desabastecimiento presentaron sus descargos y el Gobierno evalúa multas de hasta $10 millones

Cuando faltan algunas horas para que venza el plazo dispuesto, las 11 grandes empresas imputadas por la Secretaría de Comercio Interior por retención de producción o falta de entrega presentaron ya sus descargos. Las compañías, todas de consumo masivo, insisten en que no hubo desabastecimiento y que si existió alguna irregularidad en la entrega se debió a factores externos, como el paro de aceiteros o alteraciones vinculadas a la pandemia de Covid-19.  

Según pudo saber elDiarioAR, los informes están siendo analizados por el equipo de la Dirección de Inspecciones y se derivarán luego a la Coordinación de Infracciones, que determinará la sanción correspondiente. La magnitud de las multas, que van de $500 a $10 millones, dependerá de cuánto de los faltantes pueda ser justificado, por ejemplo, por cierre de líneas por la pandemia, cuestiones de logística o falta de insumos. Sin embargo, fuentes de la cartera que conduce Paula Español explicaron que la prioridad es lograr la regularización de la situación y no recaudar vía multas que, por otra parte, pueden resultar insignificantes para estas compañías, todas de gran volumen.

Los informes de las compañías son las respuestas a las imputaciones anunciadas por la Secretaría de Comercio Interior el miércoles de la semana pasada a Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian por “retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”. La decisión se tomó luego de verificar que esas firmas habrían incumplido la intimación a “incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, establecida en la reglamentación del programa de Precios Máximos. 

“Mandamos la documentación respaldatoria que mostraba que la producción y el abastecimiento eran los correspondientes; nunca incumplimos y reafirmamos nuestro compromiso. Ahora tenemos que esperar el proceso de análisis de ellos, pero lo tomamos como un ejercicio de rutina, no me consta que haya habido alguna irregularidad”, señalaron en una de las grandes empresas imputadas, que tiene una posición predominante en varias categorías de consumo. 

La misma respuesta se repitió en distintas empresas alcanzadas. Aseguran que no hubo desabastecimiento, sino todo lo contrario: una voluntad por continuar la producción aún con ganancias por debajo del costo. En el caso de las empresas alimenticias, también señalaron la “enorme” repercusión que generó en la capacidad productiva el paro de aceiteros, que se levantó el 30 de diciembre pasado después de 21 días. 

Las empresas insisten en que se trata de un procedimiento de rutina: que en el marco de las inspecciones recurrentes que lleva a cabo el Gobierno, se les demanda información sobre producción y comercialización. En Comercio, en cambio, precisaron que se recibieron denuncias sobre faltantes, se abrió una investigación, se confirmó que efectivamente los hubo y se pidió a las empresas información que justifique la situación. Este proceso administrativo, que cursa dentro del Ministerio de Producción, implicó una “imputación” para las empresas, pero que sólo pasará al plano judicial si alguna de ellas decide apelar la multa asignada. 

La gran tensión entre las empresas y el Gobierno radica en el programa Precios Máximos, que en marzo de 2020 congeló los precios de todos los productos de alimentos, bebidas, artículos de limpieza y higiene personal y permitió aumentos no superiores al 10% a lo largo del año, en el que la inflación oficial cerró en 36,1%. “El aumento de costos que hemos tenido, no sólo de materia prima sino de logística, de ajustes de salarios, está muy por encima de lo que nos han permitido aumentar precios en 2020. Necesitamos sí o sí que el Gobierno entienda que ahí hay un problema a resolver”, señaló una de las firmas. 

Mientras las empresas lo reiteran en off, quien lleva adelante este reclamo de manera abierta es la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), presidida por Daniel Funes de Rioja. La organización aspira a que la renovación del programa, que vence el 31 de marzo próximo, se habiliten ajustes de mayor magnitud, movimiento que iría en contra de la estrategia del Gobierno de cerrar 2021 con una inflación en torno al 20%. De todos modos, el deseo final de las compañías es que el programa se disuelva —ya que fue pensado como una herramienta de emergencia en el marco de la pandemia que luego se fue prorrogando— y que el Gobierno mantenga sólo Precios Cuidados, conformado por una canasta de productos acordada de manera voluntaria con las empresas. 

DT