2022, año récord violencia homicida en Guatemala

Durante el año en curso, en Guatemala, a lo largo de los primeros cuatro meses de este 2022 se registraron  1022 homicidios, según datos recabados por el Centro de  Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). En el detalle del mes de abril  de 223 homicidios, 185 fueron varones y 38 mujeres. 

Después de 26 años del Acuerdo de Paz Firme y Verdadera firmado entre el gobierno de Álvaro Arzu (1996-2000) y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-MAIZ) en 1996, que puso término a la Guerra Civil llamada Conflicto Armado Interno iniciado en 1960 y que duró 36 años, el número de muertos superará al registrado en esas casi cuatro décadas de enfrentamiento armado.

En ese período,  el promedio de muertes diarias era de diez personas,  según el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), nombrada por la Naciones Unidas para recopilar información histórica del conflicto bélico. La guerra civil costó la vida a alrededor de 250.000 personas, 45.000 desparecidos y  cerca de 100.000 desplazados en la República centroamericana de Guatemala que cuenta con 19.740.00 de habitantes.

“La historia inmediata no es suficiente para explicar el enfrentamiento armado. La concentración del poder económico y político, el carácter racista y discriminatorio de la sociedad frente a la mayoría de la población que es indígena, y la exclusión económica y social de grandes sectores empobrecidos –mayas y ladinos– se han expresado en el analfabetismo y la consolidación de comunidades locales aisladas y excluidas de la nación”, concluye la CEH.

Si bien en este país centroamericano desaparecieron los enfrentamientos armados entre el Ejército o fuerzas estatales y el movimiento guerrillero insurgente, la situación de inseguridad cotidiana, en zonas urbanas y rurales, remite a un clima cuasi bélico.

Nuevas expresiones de violencia aparecieron en estos últimos años:  una explosión del crimen organizado que cuenta crecientes cuotas de poder económico  y político; el surgimiento y crecimiento imparable de las pandillas juveniles –las “maras”– que manejan por concepto de chantajes y cobros de impuestos territoriales cantidades millonarias: dos de las pandillas más notorias de Sudamérica la rival Mara Salvatrucha, o MS13, y 18th Street Gang, o Barrio 18, tienen una influencia especialmente fuerte en Guatemala y sus vecinos del Triángulo Norte, Honduras y El Salvador. 

El auge de los carteles del narcotráfico- el Cartel de Sinaloa controla las zonas norte y del Pacífico, así como en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez, Izabal, Zacapa y Petén, en la frontera con México;  el femicidio que aumentó un 13% en marzo en relación con el mismo mes de 2021 y en el departamento de Guatemala, un 63% más en comparación con el año anterior.

Las violaciones de DDHH conocidas como "limpieza social" planificadas y ejecutadas por cuerpos criminales y clandestinos en el interior de la Policía Nacional Civil (PNC) con complicidad por partes de las autoridades se suma a los linchamientos.

Las violaciones de DDHH conocidas como “limpieza social” planificadas y ejecutadas por cuerpos criminales y clandestinos en el interior de la Policía Nacional Civil (PNC) con complicidad por partes de las autoridades se suma a los linchamientos.  A estos factores se le suma la cantidad de muertes por hambre que en 2021 se incrementó un 100% en menores de 5 años por desnutrición aguda en comparación con 2020, conforme a las estadísticas de la estatal Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN). Según los datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Guatemala es el segundo país en Latinoamérica y sexto en el mundo en orden a la desnutrición.

La desnutrición es mucho grave porque implica  la muerte de bebés y niños. Y en los sobrevivientes quedan secuelas cognitivas y físicas durante el resto de sus vidas.

Consecuentemente, la violencia homicida se asienta en un trasfondo de pobreza estructural histórica sin que se pueda disociar un elemento del otro, aunque en la vivencia cotidiana  la criminalidad delincuencial y su resultado en la escalada de homicidios aparece escandalosamente como el principal “pandemonio”. La frecuente expresión “la delicuencia nos tiene de rodillas” asimila violencia con delicuencia sin sopesar las causas de este  fenómeno.

Las diferencias socio-económicas de la sociedad guatemalteca no se originaron con la guerra ni con la intervención del ejército; únicamente profundizó la herida entre ricos y pobres, entre afortunados y excluidos, entre el que sabe y no sabe en un marco general de impunidad, con un sistema de justicia oficial débil o inexistente, ineficiente en el cumplimiento de su función específica, y una justicia maya consuetudinaria deslegitimada por el discurso oficial (según informe del CIEN a seis semanas de las elecciones presidenciales de 2019, la población guatemalteca  no confía en la PNC ni en el Poder Judicial, y de hecho el mismo Ministerio Público reconoce que la gran mayoría de ilícitos denunciados nunca llega a sentencia).

Walter Menchú analista del CIEN informó que si bien en abril se evidenció un leve descenso respecto a con marzo que tuvo 288 homicidios, la tendencia a incrementarse se mantiene. Y advirtió que “el 2022 va ser más violento”.

Los  primeros cuatro meses de 2021, comparados con los del este año  registran 144 homicidios más, lo que representa un aumento del 16%. “Ese incremento está concentrado principalmente en el departamento de Guatemala: en el área metropolitana específicamente es donde están concentrados la mayor cantidad de homicidios”, explicó Menchú.  

El ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, durante una citación que le realizaron los diputado del bloque del congreso que responde al partido derechista Compromiso, Conservación y Orden (CREO), el pasado jueves 2 de junio, informó que el índice de criminalidad en el país para este 2022, se encuentra entre 16 y 17 homicidios por cada 100 mil habitantes, menor al 2019, año pre pandemia cuando fue de más de 40 por cada 100 mil. “Guatemala sigue siendo el país más seguro entre México, El Salvador y Honduras” afirmó sin reconocer en ningún momento que la violencia constituye un problema de salud pública. Sin tampoco recordar las semanas de protestas de los pueblos indígenas y de organizaciones sociales y estudiantiles pidiendo la renuncia del Presidente Alejandro Gimmattei por desatender la educación y la salud pública en la pandemia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que existe una epidemia cuando se da una tasa superior a los diez homicidios por cada 100.000 habitantes en un período de un año.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) realizó 1, 114 necropsias por arma de fuego y arma blanca, en los primeros cuatro meses del año: enero 291, febrero 272, marzo 312 y abril 239.

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