México: AMLO avanza con su reforma electoral para hacer la mayor reestructuración política desde la Revolución Mexicana

Desde que asumió la presidencia en 2018,  Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por él fundado, han tenido logros políticos no menores. En menos de una década, Morena ha ganado dos tercios de las gobernaciones del país, la mayoría de las legislaturas estatales y la mayor cantidad de las bancas del Congreso. Estos mismos logros han acentuado la fragilidad de la oposición ante el efectivo poder político del oficialismo.

En septiembre 2022, el Congreso de México aprobó una reforma, presentada por el presidente AMLO, de traspaso a la Guardia Nacional de las tareas de seguridad, sin detenerse en la separación entre amenazas a la seguridad nacional -el ámbito de los militares- de los problemas de seguridad pública -el terreno de los policías civiles. Fue una victoria para AMLO, quien, a pesar de su política de seguridad de “abrazos, no balas”, ha ampliado el papel de los militares y ha puesto a las FFAA a cargo de todo, desde proteger los puertos hasta la construcción de proyectos de infraestructura clave, incluida la Sección 5 del Tren Maya.

Esta victoria política evidenció aún más la endeblez de la alianza VA por México, compuesta por tres partidos tradicionales: Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que ha servido como contrapeso a la mayoría legislativa de Morena: bloquearon la reforma de la electricidad estatista de AMLO en abril.

El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, se puso del lado de Morena en la reforma de la Guardia Nacional, que causó grietas dentro de su propio partido y mostró la capacidad de Morena de cooptar al PRI, que supo ocupar el asiento presidencial durante casi 80 de los últimos 100 años, hasta 2018 cuando fue el voto castigo debido a una ola de escándalos de corrupción que involucró al gobierno priista de Felipe Calderón (2006-2012). Y del que AMLO gusta diferenciarse: en su cuarto informe de gobierno del 1 de septiembre de la Unión se difundieron videos que insistían “No somos iguales”, “No somos lo mismo” denunciando también a los gobiernos liberales.

La reforma del sistema electoral y del sistema institucional de la Unión

De promulgarse la reforma del sistema electoral, una de las prioridades legislativas de AMLO, que no cuenta en el Parlamento con la mayoría de 2/3 necesaria para asegurar su aprobación, gravitaría en el orden institucional del país.

México es una república federal compuesta por 31 Estados autónomos en su régimen de gobierno interno y un Distrito Federal (DF). El poder supremo de la Federación se divide en tres poderes, distribuidos entre el Poder Legislativo ejercido por el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo a cargo del presidente de la República y el Poder Judicial, representado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Circuito.

Los Poderes Ejecutivos de la Unión, de los Estados y del Distrito Federal son nombrados por 6 años sin posibilidad de reelección y se ejercen por el Presidente de la República, los Gobernadores de cada Estado y el Jefe de gobierno del DF.

En cada entidad federativa, los poderes legislativos se componen de una sola Cámara, mientras que el Congreso de la Unión cuenta se con Cámara de Diputados (500 miembros, de ellos 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional) que se renueva cada tres años y Cámara de Senadores (128 miembros, 64 por mayoría relativa- 2 candidatos por cada entidad federativa).

El Poder Judicial de cada una de las 32 Entidades Federativas lo encabezan sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia, en tanto que el Poder Judicial Federal con 11 ministros electos cada 15 años

Cómo se vota en México y quién controla la votación

En el ámbito federal lo compone: el Instituto Nacional Electoral (INE), una autoridad administrativa regulada en el artículo 41 de la Constitución, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una autoridad jurisdiccional que se encuentra regulada por el artículo 99 constitucional y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, organismo especializado de la Procuraduría General de la República, encargado de investigar los delitos electorales a nivel federal.

El Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo público e independiente en sus decisiones y funcionamiento, encargado principalmente de organizar las elecciones federales y locales, estas últimas en coordinación con las autoridades electorales de las entidades federativas. El INE tiene sus oficinas centrales en el DF y para cumplir con sus fines en todo el país, cuenta con representaciones en las capitales de las 32 entidades federativas y en los 300 distritos electorales en que se divide el territorio nacional, llamadas juntas locales y distritales ejecutivas, respectivamente.

El Consejo General es el máximo órgano de dirección del INE y está integrado por once miembros con derecho a voz y voto, llamados Consejeros Electorales (uno de ellos, como presidente del Consejo); consejeros del Poder Legislativo, uno por cada grupo parlamentario presente en el Congreso (con voz, pero sin voto); representantes de los partidos políticos nacionales con registro (con voz, pero sin voto) y Secretario Ejecutivo del INE (con voz pero sin derecho a voto).

El INE organiza y supervisa las elecciones, a la vez se encarga de administrar el tiempo que le corresponde al Estado en radio y televisión para fines electorales; revisar y ajustar el número de distritos electorales a nivel federal; organizar y mantener actualizado el Registro Federal de Electores; entregar los recursos que por ley les corresponden a los partidos y agrupaciones políticas nacionales y vigilar que los usen adecuadamente.

El financiamiento público que debe ser equitativo para los partidos políticos quedan registrados en el informe anual obligatorio ante el INE. Estos informes y las resoluciones del INE en materia de financiamiento y fiscalización de los partidos políticos se difunden a la comunidad en la página de internet del INE.

El prestigio y la confianza de las y los mexicanos por INE durante todo lo que lleva el siglo XXI ha sido garantizado por la eficacia de la compleja organización electoral mexicana más de tres centenares de convocatorias electorales. Un proceso que no ha sido sencillo. En el INE  todavía se recuerda “la noche de los cuchillos largos”. Así se le llamó en alusión a macabro episodio de 1934, cundo Hitler eliminó a sus enemigos, por al despido de varias decenas de empleados públicos del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en los inicios del proceso electoral de 1994, como secuela de la desconfianza que despertaban entre los partidos de oposición. La institución todavía era dirigida por la Secretaría de Gobernación y su titular, Jorge Carpizo, concedió aquella purga: cada partido hizo listas (también el PRI que gobernaba, hizo una para ser parejos) y, sin más razones que las de la antipatía y la sospecha, ese personal fue despedido unas horas después. La decisión arbitraria no sirvió de gran cosa; las vacantes se ocuparon con otro grupo de funcionarios que tampoco despertó la confianza de los partidos.

 A fines de 1996, las elecciones las dejó de organizar el gobierno y empezaron a estar en manos de los ciudadanos a través del Instituto Federal Electoral (IFE) órgano autónomo, encabezado por la sociedad civil (avalado por los partidos políticos) y bien dotado de recursos, que a partir de 2014 fue el Instituto Nacional Electoral (INE). Al año siguiente de su creación y tras organizar su primera elección, por primera vez en la historia de México el PRI no tuvo mayoría en la Cámara de Diputados. En ese momento, AMLO era dirigente nacional del PRD, en una entrevista posterior, declaró: “En 1997, el logro más importante es el de la autonomía del Consejo del IFE, la forma como se llegó a tener consejeros independientes. Eso fue una negociación política importante porque no pudieron tener ellos (el gobierno) el control, es decir, ya no tienen la mayoría en el Consejo del IFE. No solo dejó el IFE de depender de (la Secretaría) de Gobernación, no solo se cortó el cordón umbilical, sino que ya el órgano de dirección del IFE se formó tomando en consideración la opinión de los partidos de oposición”.

 

Las tres claves de la reforma electoral

La reforma presentada por el gobierno va en tres avenidas. La primera, amparada en la necesidad de austeridad de gastos públicos, reducir los recursos que se entregan al INE y a los partidos políticos que si bien ha contado con el beneplácito de la mayoría ciudadana no ha dejado de despertar suspicacias de que se retiren recursos a la oposición cuando en 2023 se realizarán elecciones a gobernador en Estado de México y  en 2024, los  comicios presidenciales.

La segunda, reducir el número de legisladores, tanto a nivel federal como local, también con un respaldo casi unánime. La controversia se origina respecto a los criterios que se emplearán, si éstos le otorgarán más poder a Morena y menos a los partidos más pequeños y de oposición. De ser así, echaría por tierra la lucha por la democratización del sistema electoral que AMLO y sus seguidores persiguieron por años. La tercera, los consejeros del INE sean nombrados mediante el voto popular que sostiene AMLO democratizaría la entidad y no por los dos tercios en la Cámara baja y que puedan ser propuestos por el Poder Ejecutivo que pone en tela de juicio la neutralidad política.

De prosperar la reforma propuesta por AMLO, se despedirán 84% de las y los funcionarios que hoy integran la estructura profesional del INE. Lo mismo,  todos los vocales, menos uno por cada distrito, que han hecho posible el trabajo de campo en México. También, aproximadamente 2,000 empleadas y empleados públicos que han colaborado en las oficinas centrales a causa este proceso diseñado bajo la consigna de ahorrar dinero. La reforma tiene previsto que de aprobarse cuando se deba enfrentar el proceso electoral presidencial de 2024, se contratará personal temporal para cubrir los cargos de los profesionales de carrera despedidos

 

“El INE no se toca” 

El 13 de noviembre, decenas de miles de mexicanos salieron a las calles contra el proyecto del presidente de reforma electoral. La protesta de la sociedad civil apoyada por el PRI que sostiene que la propuesta de AMLO conlleva el riesgo de socavar la democracia, fue la más populosa contra las políticas de gobierno y mostró un respaldo para la oposición. La manifestación revivió la esperanza de que el PRI una vez dominante pueda defender dos de sus bastiones en las próximas elecciones en el estado de México y el estado norte de Coahuila el próximo junio.

Alrededor de gran parte de la Ciudad de México (DF), el estado de México, conocido como Endomex,  la región más poblada del país es ‘la madre de las batallas’ para todo candidato que ingresa a la carrera de elecciones presidenciales. El PRI nunca ha perdido una elección de gobernador allí o en el Estado de Coahuila, ubicado al nordeste del país, en el límite del rio Bravo con EEUU.

Morena tiene más del doble del apoyo de sus rivales más cercanos, pero las encuestas han sugerido que si el partido de centro izquierda Movimiento Ciudadano (MC) une sus fuerzas con el resto de la oposición, las elecciones podrían acercarse significativamente; sin bien a la fecha MC ha tratado de posicionarse como independiente tanto de Morena  como de los partidos de oposición más establecidos, que AMLO ha caracterizado como corruptos.

Independientemente de que la controversia de INE anima a los votantes, la oposición aún no ha presentado candidatos que capturan la imaginación del público. “Ganar en Coahuila y el estado de México es más factible que las elecciones presidenciales”, sostuvo Antonio Ocaranza, portavoz del ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000).  

El proceso legislativo de la reforma logró el 7 de diciembre la aprobación de la Cámara de Diputados: y se prevé su  dictamen en la Cámara de Senadores para febrero. De promulgarse, sobrevendrán litigios por las acciones de inconstitucionalidad que han anunciado los partidos de oposición, las controversias que interpondrá el Consejo General del INE, los litigios laborales que se acumularán por parte de los funcionarios del SPE que sean despedidos, y los amparos que, eventualmente, promueva la ciudadanía en defensa de sus derechos políticos. Un alud de decisiones jurisdiccionales que tendrá que ser resuelto con prisa, pues cualquiera que sea el resultado, afectará la organización de las elecciones presidenciales en junio del 2024.

AGB