Siempre se encontraron cerradas las puertas de los tribunales españoles. La Ley de Amnistía de 1977 o la prescripción de los delitos denunciados, que la judicatura española no considera crímenes de lesa humanidad, suponen un revés continuo para las miles de personas que demandan verdad, justicia y reparación. A todas ellas les une lo mismo: ser víctimas del franquismo.
El 14 de abril de 2010, varias de esas víctimas comenzaron a andar un tortuoso camino cargado de esperanza y lucha al iniciar lo que pronto se convertiría en una macroquerella. La jueza argentina María Romilda Servini es la encargada de esclarecer miles de casos entre desapariciones forzadas, trabajo esclavo, bebés robados, torturas y asesinatos producidos en España desde 1936 y 1978.
En esta década y media de instrucción judicial, marcada por la nula colaboración por parte del Estado español ante los requerimientos internacionales de la magistrada, la investigación dejó grandes hitos por el camino. Más allá de las figuras como el torturador Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, o antiguos ministros durante la Transición, como Rodolfo Martín Villa, uno de los grandes avances que supusieron las indagaciones fue que las víctimas, por primera vez, fueron escuchadas en sedes judiciales. Por delante todavía quedan años de resistencia al olvido con la firme determinación de que solo la muerte, cercana en muchas de ellas, será lo único capaz de hacerles decaer.
Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), recuerda que en aquel 2010 el juez Baltasar Garzón ya había sido imputado por prevaricación al intentar investigar los crímenes del franquismo de la primera etapa, hasta los años 50. “Fuimos a Argentina porque en su propia constitución recogen la aplicación del principio de justicia universal. Aun así no fue fácil iniciar la querella, pero lo conseguimos”, comenta.
15 años después son miles las denuncias integradas en esta macrocausa. “A pesar de las capacidades limitadas del juzgado, se han abierto diferentes líneas de investigación en muchos ámbitos”, añade el letrado. Así, el acopio de pruebas testimoniales, periciales, documentales y comisiones rogatorias exigidas por Servini y que prácticamente nunca ha cumplido el Estado español han sido la tónica judicial durante la instrucción, que todavía continúa.
Grandes hitos de la macrocausa
Según el abogado de Ceaqua, la dificultad no estriba únicamente en el periodo tan largo que se investiga de la historia de España, sino su particularidad cuantitativa, pues “son miles de personas que reclaman una investigación judicial en objeto a los hechos que cada uno denuncia”. En este sentido, Lara destaca diversos momentos de la querella argentina que “ponen al Estado español frente a un espejo francamente incómodo, ya que discuten su modelo de impunidad”.
Lara indica 2013 como el año en que dos personajes imputados por torturas por la jueza Servini: Billy el Niño, ya fallecido, y Jesús Muñecas Aguilar. Además, en 2014 terminaron imputadas otras 20 personas. “Se han emitido numerosas órdenes de extradición pero siempre neutralizadas por el Estado español, que se ha convertido en el principal valedor de estos presuntos criminales imputados por hechos tan sumamente graves como crímenes contra la humanidad”, desarrolla el letrado.
La querella argentina también sirvió para que el antiguo ministro de Relaciones Sindicales durante la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria y ministro del Interior durante los altercados de San Fermines 78, Rodolfo Martín Villa, declarara ante Servini. De hecho, la jueza validó la petición del letrado de la familia de Gustau Muñoz, asesinado de un balazo de la Policía el 11 de septiembre de 1978 en Barcelona, de incluirle en la macrocausa. La magistrada entiende que, a pesar de la muerte de Franco, en España seguían operando los mismos resortes dictatoriales ante la nula depuración de los estamentos políticos y policiales.
Desapariciones, trabajos forzados y robo de bebés
Entre los casos de desaparición forzada que la jueza argentina investiga está el de la familia de Paqui Maqueda. Sus antecesores republicanos sufrieron persecución, torturas, trabajos forzados y asesinatos. A sus 60 años, recuerda a su bisabuelo, Juan Rodríguez Tirado, asesinado en aplicación de bando de guerra tras la ocupación de Carmona, un pueblo sevillano. “No sabemos dónde está su cuerpo”, expresa con vehemencia.
Tenía cuatro hijos. El mayor de ellos, Enrique, huyó para defender Madrid del avance sublevado. Tras volver a Carmona le detuvieron y le obligaron a trabajar en el llamado Canal de los Presos. “Mi tío fue un preso esclavo del franquismo”, explica esta portavoz de la querella argentina en Andalucía.
Pascual, hermano de Enrique, terminó acribillado a tiros por falangistas. “Oficialmente, dicen que se intentó escapar después de que lo detuvieran. Tampoco sabemos a ciencia cierta dónde puede estar su cuerpo”, añade. Otro hijo de su bisabuelo, José, terminó en campos de concentración franquistas tras ser obligado a alistarse con las tropas alzadas y pasarse al bando republicano.
El calvario que Maqueda puso en conocimiento de Servini en 2013 no queda ahí. “Pensamos que en 1963 a mi madre le pudieron quitar a su primer hijo en un supuesto caso de robo de bebés. Pensarían que éramos una familia de rojos que no íbamos a reclamar”, opina la también presidenta de la Asociación Nuestra Memoria de Sevilla. “Me escuchó, pero me da mucha rabia tener que cruzar 10.000 kilómetros para que se haga justicia. Los crímenes se cometieron en España, las víctimas eran de España, los verdugos también, y aquí deberían investigarse y juzgarse”, sostiene esta familiar de tantas víctimas.
Bebés desaparecidos
No solo Maqueda piensa que ocurrieron este tipo de sustracciones. Soledad Luque, portavoz del área de bebés robados de Ceaqua, afirma que esta desaparición forzada de menores se originó de manera sistemática y se prolongó durante mucho tiempo. “Nos consta que al final de la Guerra ya había órdenes que legalizaban y legitimaban la separación de los niños de sus padres”, sostiene.
Sin embargo, continúa, “no terminó ahí. A partir de entonces, ya no era ni siquiera necesario ese cuerpo legal que legitimaba el robo, sino que se realizaba con cierta habitualidad en clínicas y maternidades”, añade Luque. Las mujeres víctimas ya no solo eran las presas, sino aquellas madres solteras, con muchos hijos, muy pobres, prostitutas o simplemente ingenuas. “Ni siquiera se hacía por dinero. Hay casos en los que los bebés eran regalados a las familias. Se trataba de un conjunto represivo cuyo paraguas era la impunidad y todos los preceptos del nacional-catolicismo, donde el Estado y la Iglesia suponían un tándem perfecto para este crimen”, desarrolla.
Apenas existen cifras sobre estos hechos. Luque subraya que hasta 1953, unos 30.000 niños fueron tutelados por el Estado, entre los que se incluían también huérfanos de guerra e incluso menores secuestrados en el extranjero a españoles exiliados. El siguiente dato que manejan procede de la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024. “Entre 2011 y 2023 se abrieron unas 2.200 diligencias de investigación por casos de bebés robados, y algunas más de 500 se judicializaron. En realidad, no sabemos todavía cuántas denuncias se han interpuesto”, se queja.
Ahora en Argentina son decenas las denuncias por sustracción de bebés cometidas durante el franquismo y la democracia que se investigan como posibles casos de desaparición forzada desde la primera interpuesta por estos motivos en 2013. “Los tribunales españoles no entienden la desaparición forzada como un crimen susceptible de ser considerado de lesa humanidad, y no los investigan porque han prescrito”, se queja, al igual que hacen las demás fuentes consultadas.
Torturas en la DGS
Sobre la mesa de Servini también reposan cientos de expedientes de personas torturadas al final del franquismo e inicio de la democracia. Jesús Rodríguez Barrio tiene 71 años, fue uno de los fundadores de la Asociación La Comuna de presos y represaliados por la dictadura franquista y estuvo detenido en tres ocasiones: en 1972, 1974 y 1975. También pasó por la prisión de Carabanchel dos veces. “El mismo Billy el Niño me detuvo en persona cuando ya militaba en la Liga Comunista Revolucionaria. Intenté escapar, pero disparó, y me paré”, rememora.
Sus repetidos pasos por la Dirección General de Seguridad, situada en la Real Casa de Correos de Madrid, hoy sede el Gobierno regional en la Puerta del Sol, le hicieron ver cómo la policía del régimen se las gastaba con jóvenes como él. “Antes de preguntarte nada ya te habían golpeado. Te destruían, te humillaban. Ni siquiera buscaban información, lo hacían para reducir a la nada al detenido para que una vez saliese de allí no fuera capaz de hacer absolutamente nada”, describe Jesús . Él declaró ante Servini en enero de 2014 desde el consulado argentino de Madrid. Es una de los cientos de personas que busca allá la justicia que le niegan en su país.
Crímenes franquistas sin Franco
La jueza argentina también investiga lo sucedido el 8 de julio de 1978 en Pamplona. Entonces, disparos de la Policía mataron a Germán Rodríguez. Tenía 23 años. Fermín, su hermano, incide en que en 1982 los tribunales españoles dieron carpetazo al asunto. No hubo ningún detenido por aquella muerte. Se sumó a la querella argentina en 2014 y cinco años después testificó ante Servini: “Era la primera vez que en más de 40 años me podía explicar delante de un juez. Siento cierto alivio de que se investigue lo sucedido, pero personalmente me parece una vergüenza que se haga a 10.000 kilómetros de distancia de donde ocurrieron los hechos”.
Desde su punto de vista, España tan solo tendría que cumplir los tratados internacionales que ha suscrito en materia de derecho internacional y Derechos Humanos. “La democracia española tiene una asignatura pendiente con la justicia, porque las víctimas del franquismo y la transición no podemos acceder a ella”, agrega Fermín.
Lara, el abogado de Ceaqua, apunta que “la querella argentina puede parecer que languidece, pero está muy viva y Servini ha demostrado ser una jueza independiente”, en referencia al Gobierno presidido por el ultraderechista Milei. Asimismo, denuncia que la actual Ley de Memoria Democrática española no habilita a los tribunales a investigar estos crímenes. “No podemos permitir que 50 años después de la muerte de Franco nos sigamos encontrando en esta situación. Tienen que reaccionar desde el Estado Español, y una muy buena forma de hacerlo sería acceder a las comisiones rogatorias de Servini”, concluye.