“No estamos hablando de discriminación. Es apartheid de género. Una lógica del régimen talibán que les permite mantener el poder. Han borrado a las mujeres de la vida pública y ponerle un nombre abre la puerta al nivel adecuado de rendición de cuentas”. La activista británico-afgana Sahar Halaimzai no duda en pronunciar las palabras que, para ella, definen con precisión lo que ocurre en Afganistán desde el regreso de los talibanes al poder hace justo cuatro años en agosto de 2021.
“Llamarlo apartheid de género es estratégico, como también lo es que se incluya en el tratado de crímenes de lesa humanidad que algunos países y organizaciones están intentando impulsar”, insiste la activista en una entrevista con elDiario.es.
Este viernes se cumple el cuarto aniversario de la toma de Kabul por parte de los talibanes. Desde su regreso al poder, la jerarquía integrista afgana ha borrado a las mujeres y a las niñas de la vida pública y les ha negado los derechos más básicos. Lo ha hecho de forma sistemática y metódica con un centenar de decretos que les han negado el derecho de asistir a la escuela secundaria, ir a la universidad, trabajar en la mayoría de sectores o desplazarse solas, entre otros. Estas prohibiciones tienen un impacto devastador en las tasas de alfabetización, la pobreza, la salud maternoinfantil y el bienestar mental de las mujeres.
Halaimzai, que dirige la Iniciativa para Afganistán del Fondo Malala —la organización formada por la activista premio nobel de la paz Malala Yousafzai— sabe que las palabras importan, pero que en este caso también pueden ser una herramienta jurídica. Su objetivo es que el término se codifique como un crimen en el nuevo Tratado sobre Crímenes de Lesa Humanidad que Naciones Unidas ha comenzado a preparar. El reconocimiento no sería solo simbólico: obligaría a los Estados a actuar y abriría la puerta a que los líderes talibanes pudieran ser perseguidos internacionalmente.
A diferencia de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad pueden cometerse tanto en tiempos de guerra como de paz, y de aprobarse el tratado podrían incluir la desaparición forzada, la violación y la esclavitud sexual, las ejecuciones extrajudiciales masivas y el apartheid.
El Fondo Malala ha tejido alianzas con personas expertas en la lucha contra el apartheid de Sudáfrica —la Fundación Nelson Mandela les ha dado su apoyo desde el inicio— con el objetivo de dar pasos firmes hacia el fin de un sistema que niega los derechos más básicos a la mitad de la población del país.
La activista subraya que el uso del término “apartheid de género” no es retórico. “Es el único que capta la naturaleza totalitaria del régimen talibán”, afirma. La expresión se inspira en el apartheid racial de Sudáfrica. El paralelismo no es casual: como entonces, el sistema se basa en leyes y prácticas que buscan excluir de la vida pública a un grupo entero de personas por su condición, en el caso de Afganistán, el género.
“Sin ese reconocimiento legal, se sigue tratando como una manifestación cultural y no como un delito deliberado”, advierte. El objetivo es cerrar esa brecha para que la comunidad internacional esté obligada a actuar, desde la política exterior hasta la ayuda humanitaria y la protección a personas refugiadas.
Halaimzai insiste en que no basta con denunciar. Es necesario actuar. “El reconocimiento legal del apartheid de género permitiría una acción internacional coordinada, desde la política exterior hasta la distribución de la ayuda humanitaria. Codificarlo como crimen de lesa humanidad daría herramientas para proteger a las víctimas y perseguir a los responsables”. Ese reconocimiento, afirma, permitiría cerrar una brecha que ha permitido que la violencia de género sistemática se trate como una cuestión cultural y no como una violación del derecho internacional.
Nombrar el crimen para acabar con la impunidad
Desde 2021, Afganistán es el único país del mundo que prohíbe expresamente la educación secundaria y universitaria a las niñas. Las mujeres tienen vetado trabajar, moverse libremente, acudir solas a un médico o aparecer en público sin un acompañante masculino. “Esto no es una práctica cultural o religiosa. Es una estrategia codificada de control”, recalca Halaimzai.
El marco para esa codificación es el futuro Tratado sobre Crímenes de Lesa Humanidad. La resolución 79/122 de la Asamblea General fue aprobada por consenso en diciembre de 2024 y se prevén conferencias diplomáticas en 2028 y 2029 para cerrar el texto, tras un periodo de trabajo que incluirá la definición de crímenes, jurisdicción y obligaciones de los Estados.
Amnistía Internacional ha subrayado que este tratado ofrecería “la oportunidad de remediar algunos de los compromisos que se alcanzaron en Roma hace más de 25 años. También contribuiría a incorporar los avances del derecho internacional producidos desde entonces, algo especialmente importante en lo que respecta a la igualdad de género y a la protección contra los delitos de género”. La nueva convención mejoraría los estándares internacionales en materia de justicia de género, reconociendo crímenes que han recibido poca atención, como el apartheid de género o el matrimonio forzado.
En junio de 2024, durante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrado en Ginebra, el secretario general de la ONU, António Guterres, se sumó al creciente número de voces que reclaman reconocer formalmente que la situación de las mujeres y niñas en Afganistán constituye un apartheid de género. Guterres instó a la comunidad internacional a adoptar “medidas efectivas” para poner fin a esta discriminación sistemática, comparables a las que contribuyeron a desmantelar el apartheid en Sudáfrica.
Halaimzai destaca que “España ha jugado un papel crítico en impulsar el tratado”. “Está actuando con una claridad moral propia”, afirma. Su expectativa es que el Gobierno español mantenga el liderazgo político y diplomático hasta la adopción final. Para la activista, la posición española es también una oportunidad para enviar un mensaje claro: ningún Estado debe reconocer al régimen talibán como legítimo. “Volvieron al poder no porque el pueblo afgano lo quisiera. Hubo una negociación con Estados Unidos y el pueblo afgano no fue invitado a la mesa”, recuerda.
En enero de este año, El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó a los jueces del tribunal la aprobación de dos órdenes de arresto, una contra el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y otra contra el presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani, por persecución por motivos de género en Afganistán.
Una red de resistencia
El trabajo de Halaimzai no se limita al plano diplomático. El Fondo Malala ha redirigido sus programas para seguir apoyando la educación de las mujeres y las niñas en un contexto de prohibiciones. Los programas de educación alternativa del Fondo Malala tienen la capacidad de llegar a dos millones de niñas en el país mediante clases clandestinas en casas particulares, clases por radio, televisión o plataformas digitales y aplicaciones.
Además de formación, ofrecen apoyo emocional en un país donde, por primera vez, las cifras de suicidio de las mujeres superan a las de los hombres. “Es un contexto increíblemente complejo y nuestros socios son muy audaces y creativos para sortear las trabas”, señala Halaimzai quien, a pesar del amplio alcance de sus programas, subraya que “no dejan de ser un recurso para mitigar un problema que es profundo y sistémico”.
Las cifras confirman el colapso social. El 80% de la población vive en la pobreza. El desempleo femenino ha empujado a muchas familias a la mendicidad. Las clínicas han cerrado. La venta de anticonceptivos ha sido prohibida. La mortalidad materna está en uno de los niveles más altos del mundo. Según el último índice de ONU Mujeres, el 78% de las mujeres afganas entre 18 y 29 años no trabaja, no estudia ni recibe formación.
Halaimzai se esfuerza también por cambiar algunos relatos falsos. “Afganistán es un país conservador, pero la mayoría de los hombres están a favor de la educación de las mujeres y las niñas”, plantea. La activista cita una encuesta sobre la opinión pública afgana realizada por The Asia Foundation en 2017 que mostró que la mayoría de la población, sin distinción de género ni de grupo demográfico, considera que las mujeres deberían tener las mismas oportunidades que los hombres en educación y empleo. En concreto, el 72,4% estuvo de acuerdo en que las mujeres deberían poder trabajar fuera del hogar y el 82,3% opinó que deberían tener las mismas oportunidades educativas. Ese estudio se basó en una muestra representativa de más de 10.000 personas de todas las provincias de Afganistán y en distintos grupos étnicos.
La activista señala que el sistema diseñado por los talibanes es perverso y obliga a colaborar a los hombres para que opriman a las mujeres. “La noción de que los padres y hermanos oprimen a sus hijas y hermanas no es correcta. Es más complejo. Los talibanes también castigan a los hombres si las mujeres de su familia se atreven a desafiar las normas. Te pueden quitar el coche y eso puede significar no tener pan en casa”, explica.
“La situación de las mujeres y las niñas en Afganistán es otra prueba de fuego para la comunidad internacional sobre cuáles son los límites de lo aceptable”, señala la activista. Naciones Unidas no reconoce a los talibanes como el gobierno legítimo de Afganistán. Hasta la fecha, solo Rusia ha otorgado ese reconocimiento formal, motivada por una combinación de intereses geopolíticos, estratégicos y de seguridad regional.
Moscú aceptó las credenciales del embajador talibán y colocó su bandera en la embajada afgana en julio de 2025. Otros países, como China, Irán, Pakistán, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán, han aceptado a diplomáticos designados por los talibanes —en calidad de embajadores o cónsules— y, en algunos casos, han restablecido misiones diplomáticas o entregado el control de las embajadas.
El reto, dice, es convertir las palabras en acción sostenida: “La comunidad internacional tiene que actuar con honestidad. Han creado las condiciones para el regreso de los talibanes. Ahora deben actuar con legalidad, con diplomacia, para apoyar a las mujeres y a las niñas y ayudar a la población afgana dentro y fuera del país”.
Sahar Halaimzai comparte su experiencia personal para mostrar una situación que se repite generación tras generación en su país. La activista nació en Kabul y llegó al Reino Unido con 13 años, con su hermano y sin estudios formales. “Llegamos solos como menores no acompañados y no hablábamos inglés”, explica, y avisa: “Es una situación que se repite una y otra vez, y tuvimos la suerte de llegar a una sociedad que en ese momento nos acogió. Ahora hay otra ola de familias de Afganistán que se ven obligadas a marchar y lamentablemente se enfrentan a un clima mucho más hostil”.