Un caso iniciado por Gambia

Un fallo histórico del máximo tribunal de la ONU concluye que Myanmar cometió genocidio contra la minoría rohingya

Icíar Gutiérrez

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En un fallo histórico y muy esperado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohingya durante las atrocidades cometidas en sus operaciones militares de 2017, entre ellas miles de asesinatos y violencia sexual generalizada.

Se trata del caso presentado por Gambia hace siete años contra el Estado birmano por supuestas violaciones de la Convención contra el Genocidio en el máximo tribunal de las Naciones Unidas para las disputas entre Estados. Nueve jueces frente a seis, incluida la Nobel de la Paz Navi Pillay (que es jueza ad hoc en el caso), votaron a favor de determinar que el país asiático cometió genocidio en el norte del estado de Rakáin, violando el tratado internacional.

El juez Yuji Iwasawa leyó la decisión este jueves en el Palacio de la Paz de La Haya y es definitiva, sin posibilidad de recurso, pero el tribunal tiene opciones limitadas para hacerla cumplir. De todas maneras, el fallo puede tener grandes repercusiones, al sentar un precedente y dar pistas a los juristas sobre cómo demuestra la corte la intención genocida: se cree que su contenido podría influir en otros casos sobre el que se considera uno de los crímenes internacionales más graves, incluido el litigio abierto contra Israel por su última ofensiva militar en Gaza tras la demanda de Sudáfrica.

El caso no buscaba juzgar penalmente a militares o dirigentes concretos, sino determinar si Myanmar, como Estado, incumplió sus obligaciones de prevenir y castigar el genocidio. Es la primera vez que la CIJ declara a un Estado responsable de cometer un genocidio, y no solo de no haberlo prevenido ni sancionado –en 2007, declaró que las matanzas de Srebrenica constituían genocidio, aunque no declaró a Serbia responsable de haberlo cometido directamente–.

Más de 700.000 rohingyas huyeron a Bangladesh en 2017 tras una ofensiva del Ejército de Myanmar en el estado de Rakáin, acompañada de denuncias de asesinatos, violaciones, incendios de aldeas y expulsiones masivas. Esta minoría musulmana lleva décadas sometida a discriminación y restricciones de derechos, incluida la falta de reconocimiento de su ciudadanía por las autoridades de Myanmar, un país de mayoría budista.

La corte afirma que “la única inferencia razonable que puede explicar las acciones de Myanmar es la intención de destruir una parte sustancial del grupo protegido, a saber, la población rohingya en el norte del estado de Rákain”, cumpliendo así el umbral legal para ser considerado genocidio.

“El tribunal concluye que todas las pruebas presentadas ante él, consideradas en su conjunto, respaldan la inferencia razonable de que las fuerzas de seguridad de Myanmar actuaron con intención genocida”, dijo el juez, que argumentó que la magnitud y la naturaleza de las acciones y los métodos fueron “mucho más allá de lo que se requeriría para castigar a la población y, en cambio, son característicos de una intención de destruir una parte sustancial del grupo”.

Según la corte, se estima que 10.000 rohingyas murieron durante las operaciones militares, citando pruebas que lo respaldan. “El tribunal considera que las fuerzas de seguridad de Myanmar asesinaron a miles de civiles rohingya, perpetraron actos generalizados de violencia sexual, así como actos de violencia extrema contra niños, y atacaron a los rohingya que huían cuando intentaban escapar en masa a Bangladesh”, declaró la corte.

La sentencia confirma que las fuerzas de seguridad de Myanmar “y otros órganos del Estado” cometieron de forma intencionada actos específicamente prohibidos contemplados en el artículo II de la Convención sobre el Genocidio, en concreto matar a miembros de un grupo (a) causar daños físicos o mentales graves a miembros del grupo (b) e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo (d).

La corte internacional determinó asimismo que el país incumplió sus obligaciones de prevenir la comisión de genocidio por parte de particulares que actuaban junto a sus fuerzas de seguridad; de sancionar el genocidio y otros actos enumerados en la convención; y de promulgar la legislación necesaria para dar pleno efecto a dicho tratado. No obstante, la misma corte determinó que el Estado birmano no incitó, de manera directa y pública, a la comisión de genocidio por parte de particulares contra el grupo rohingya en el norte del estado de Rakáin.

El tribunal de la ONU considera, además, que Myanmar infringió la obligación de adoptar medidas eficaces para evitar la destrucción y garantizar la preservación de pruebas relacionadas con las denuncias de actos de genocidio. El juez Iwasawa señaló que se llevó a cabo una “destrucción exhaustiva de pruebas” mediante la incineración de cadáveres o su eliminación por otros medios, y también indicó que se incendiaron y arrasaron con maquinaria pesada los lugares donde tuvieron lugar “operaciones de limpieza”, obstaculizando así cualquier investigación efectiva sobre lo ocurrido en 2017.

El fallo exige a Myanmar poner fin a cualquier violación en curso mediante la promulgación de legislación que dé pleno efecto a sus obligaciones conforme a la convención; adoptar medidas inmediatas y eficaces para investigar a todas las personas de las que se sospeche razonablemente que cometieron actos contrarios al tratado y, cuando proceda, procesarlas y sancionarlas; ofrecer seguridades y garantías de no repetición, a fin de evitar que se produzcan violaciones similares en el futuro.

La corte también ordena adoptar medidas de reparación en beneficio de los rohingya —incluida la posibilidad de un retorno seguro, voluntario y digno a sus lugares de residencia, así como la reunificación familiar para aquellos rohingya que fueron desplazados como resultado de los actos ilícitos de la parte demandada, ya sea dentro de Myanmar o en el extranjero—; e indemnizar al grupo rohingya y a sus miembros por los daños causados, aunque los detalles de estas compensaciones se determinarán en una fecha posterior.

Fotografías y videos muestran cómo una gran multitud en un campo de refugiados rohingya en Bangladesh siguió atentamente el veredicto de la CIJ.

“Un reconocimiento histórico”

Rara vez se demostró la existencia de un genocidio en los tribunales internacionales, en gran medida porque se debe demostrar la existencia de una intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Sí se reconoció en un número limitado de casos, como el del genocidio de Ruanda en 1994.

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) habían calificado la decisión de la CIJ como “un momento crucial en la búsqueda de justicia de los rohingya” y advirtieron que la persecución de esta minoría continúa y se requiere apoyo internacional para garantizar su retorno seguro y voluntario.

“Genocidio. Esta es la conclusión inequívoca de la CIJ. Tras años de negación, impunidad y ocultamiento de la verdad, este fallo constituye un reconocimiento histórico y contundente de las atrocidades cometidas contra los rohingyas, así como un inusual momento de justicia para los supervivientes, las víctimas y sus familias”, declaró la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard.

Médicos Sin Fronteras (MSF) también destacó que esta sentencia supone “un importante reconocimiento de lo que tuvo que soportar el pueblo rohingya, ya que es la primera vez que un órgano judicial se pronuncia sobre si Myanmar cometió un genocidio contra los rohingya”. “Para MSF, la cuestión fundamental es que la persecución sistemática del pueblo rohingya no terminó en 2017. Se les siguen negando sus derechos más básicos, incluida la ciudadanía de la que fueron despojados en 1982. Los rohingya que permanecen en Rakáin siguen sufriendo violencia selectiva, además de las consecuencias del conflicto más amplio”, dice en un comunicado Paul Brockmann, director de operaciones de MSF para Bangladeh, Malasia y Myanmar.

Gambia presentó la demanda ante el tribunal de la ONU en 2019, con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica, y otros 11 países intervinieron después en el procedimiento. Fue la primera vez que un país invocaba la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio ante la Corte Internacional de Justicia sin tener vínculos territoriales o nacionales directos con los supuestos crímenes y las víctimas.

La delegación gambiana sostuvo que las pruebas demuestran una intención de destruir total o parcialmente a los rohingyas y presentó testimonios de supervivientes, que declararon a puerta cerrada por razones de seguridad. Myanmar rechazó las acusaciones y su representante, Ko Ko Hlaing, defendió que las operaciones militares de 2016 y 2017 respondieron a ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA), al que calificó de grupo terrorista.

La Corte ordenó en 2020 medidas cautelares para que Myanmar previniera actos de genocidio, protegiera las pruebas y controlara la actuación de sus fuerzas de seguridad.

Con información de agencias