La familia estadounidense de la ciudadana canadiense Cynthia Olivera dice sentirse traicionada por el Gobierno de Donald Trump. Ellos, que apoyaban su plan de deportaciones masivas, están sufriendo la detención de Cynthia en California.
Los agentes federales la arrestaron cuando acudía a una entrevista para obtener la residencia permanente en Estados Unidos y ya han iniciado los procedimientos para expulsarla del país. “Lo sentimos completamente como un ataque por la espalda”, dijo a la cadena californiana de noticias KGTV Francisco Olivera, esposo de Cynthia y ciudadano estadounidense. “Quiero que me devuelvan mi voto”, añadió Francisco, que dijo ser votante de Trump.
De 45 años y madre de tres hijos nacidos en EEUU, Cynthia ha pasado a ser una más en la creciente lista de casos que contradicen el relato sobre inmigración de la Administración Trump. Según la versión oficial, la política de mano dura contra los inmigrantes que lidera Trump desde su regreso en enero al Despacho Oval prioriza la persecución de criminales peligrosos.
Por lo general, estar en Estados Unidos sin un estatus legal es una infracción civil y no criminal. Pero para la Casa Blanca cualquier persona que se encuentre en EEUU sin estatus legal es un delincuente sujeto a deportación, por más que digan que la represión de la inmigración tiene como objetivo prioritario librar a EEUU de delincuentes violentos.
Cynthia Olivera está siendo arrollada por medidas que Trump había prometido durante su exitosa campaña presidencial de 2024, durante la que se ganó el voto de su marido, según las declaraciones del propio Francisco Olivera a KGTV.
La mujer solo tenía 10 años cuando sus padres la trajeron desde Toronto a EEUU sin un permiso de residencia, según declaró Cynthia en la televisión. En 1999, cuando tenía 19 años, los empleados de inmigración del puesto fronterizo de Buffalo determinaron que vivía en el país sin estatus legal y consiguieron una orden acelerada para deportarla. La expulsaron, pero a los pocos meses pudo regresar a EEUU cruzando desde México en coche y por la frontera de San Diego. “No me preguntaron la nacionalidad, no hicieron nada”, dijo a KGTV. “Simplemente me hicieron señas para que siguiera adelante”.
Los siguientes 25 años los pasó trabajando en Los Ángeles, pagando impuestos y manteniendo a su familia, dijo. El equipo de investigación de KGTV rastreó las bases de datos de California y las de los tribunales federales, pero no encontró ningún cargo criminal con su nombre. En 2024, en los últimos momentos de la presidencia de Joe Biden, el Gobierno le concedió un permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos. Cynthia llevaba años tramitando la residencia legal permanente en Estados Unidos, conocida popularmente como la green card.
Sin embargo, el marido de Cynthia no dio su apoyo a Kamala Harris, la entonces vicepresidenta que contaba con el respaldo de Biden para sucederlo en el cargo. En las presidenciales de noviembre, Francisco votó por Trump. La promesa de una deportación a gran escala para expulsar a los delincuentes atrajo a Cynthia tanto como a Francisco (pese a que en mayo de 2024, él había sido condenado por falsificación de un registro de negocios). Como otras familias compuestas por miembros con diferentes estatus migratorio, los Olivera creyeron erróneamente que carecer de un permiso de residencia en Estados Unidos no perjudicaría a Cynthia.
El 13 de junio entendieron que sí se vería afectada por su estatus migratorio. Ese fue el día en que acudió a la entrevista para obtener la green card en Chatsworth (California) y fue detenida por los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos [ICE, por sus siglas en inglés], según la información publicada en change.org, donde se pide compasión para Cynthia.
Cynthia habló por videollamada con KGTV desde el centro de detención del ICE en El Paso (Texas) al que la trasladaron a la espera de ser deportada. El trato recibido era inmerecido, dijo durante la entrevista, publicada el 3 de julio por la cadena. “Estados Unidos es mi país; allí conocí a mi marido, allí estudié primaria y fui al instituto. Allí es donde tuve a mis hijos”.
Pero la Administración Trump ha tenido poca simpatía por Cynthia, a pesar del apoyo que su marido dio al presidente Trump. Según un comunicado de un portavoz oficial, Cynthia Olivera solo es “una extranjera ilegal de Canadá”. “Deportada anteriormente, optó por ignorar nuestra ley y volvió a entrar de manera ilegal en el país”, decía el comunicado, según Newsweek. También se subrayaba que se considera delito grave entrar en EEUU sin permiso por segunda vez, tras haber sido deportada. Olivera permanecerá bajo custodia de ICE “a la espera de su expulsión a Canadá”, concluía.
El gobierno de Canadá ha señalado a KGTV que está al corriente de la detención de Cynthia Olivera, pero asegura que no puede intervenir en su favor porque “cada país o territorio decide quién puede entrar o salir por sus fronteras”.
Francisco resumió así su desilusión y la de su esposa: “Hasta hace un par de semanas, mi mujer creía firmemente en lo que iba a pasar los próximos cuatro años”. Cynthia sostiene haber comunicado a las autoridades que ella y su marido estaban dispuestos a pagar el vuelo a Canadá, donde tiene previsto alojarse con un primo en Mississauga. Pero siguen sin tener ninguna indicación sobre la fecha de ese posible viaje a Canadá. “El único delito que he cometido es amar a este país, trabajar duro y mantener a mis hijos”, dijo a KGTV conteniendo las lágrimas.
Traducción de Francisco de Zárate