¿Por qué algunos extranjeros son bienvenidos y otros rechazados? ¿Hay distintas categorías?

El 21 de julio, el diputado bonaerense Agustín Romo presentó un proyecto para arancelar el acceso de extranjeros sin residencia permanente a los hospitales públicos y a las universidades de la provincia. Firmaron 18 de los 20 diputados del bloque libertario y también el PRO. Patricia Bullrich lo respaldó en público. Los fundamentos dicen que los recursos bonaerenses son limitados y que hay que priorizar a los bonaerenses.

Dos semanas después, el canciller Pablo Quirno hablaba en A24 sobre la reforma de la “Ley de Tierras”, como se conoce al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que, en uno de sus capítulos, buscaba eliminar el tope del 15% de territorio en manos extranjeras. Le preguntaron si un extranjero podría comprar un pueblo o una provincia entera y dijo que sí, que eso iba a producir beneficios para la Argentina.

Los recursos de la provincia de Buenos Aires son limitados cuando se trata de una cama y de un pupitre, y se vuelven ilimitados cuando se trata del suelo. Hoy hay 13,3 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras y 31 departamentos que ya pasaron el límite legal. Desde 2024 se firmaron 111 certificados de habilitación para nuevas compras, 47 de ellos en lo que va de 2026.

El sociólogo argelino Abdelmalek Sayad pasó treinta años estudiando la inmigración argelina en Francia, y llegó a una conclusión que continúa explicando muy bien lo que pasa acá: el inmigrante existe para algo. Su presencia se justifica por lo que produce, y por eso queda sometido a una prueba permanente de utilidad que ningún nacional tiene que rendir. Sayad lo llamaba el “pecado original”, la condición de provisorio no se levanta nunca, dura toda la vida, sobrevive a los papeles, a los años, a los hijos nacidos allí. En otras palabras, el francés existe porque existe, pero el argelino tiene que seguir demostrando para qué.

Las nociones de Sayad sirven para graficar las diferencias que ocurren acá, como cuando una mujer boliviana que hace catorce años cocina en un comedor de La Matanza sosteniendo con su trabajo a treinta pibes del barrio, es nombrada por el proyecto de Romo como “alguien que se atiende gratis”.

Aníbal Quijano es claro para pensar esto, porque visibiliza cómo la clasificación racial y el reparto del trabajo nacieron juntos en América. La misma operación que decidió quién era indio y quién era español decidió quién trabajaba la tierra y quién cobraba por ella. Esa clasificación siguió funcionando hasta hoy. Por eso, al estudiante que nació en Salta y llega a una universidad de Buenos Aires le preguntan hace cuánto que está en el país. Contesta que nació acá, pero a la semana siguiente se lo vuelven a preguntar. Nadie le está pidiendo el documento, le están leyendo la cara, y en esa lectura la palabra boliviano puede caerle a un salteño con la misma facilidad con la que la palabra inversor le cae a alguien que no habla castellano.

Al inversor nadie le mira la cara. Le preguntaron a Quirno si un extranjero podría comprar un pueblo o una provincia entera y contestó que sí, porque iba a producir beneficios para la Argentina. Con eso alcanzó. Nadie le preguntó qué beneficios, ni para quiénes, ni en qué plazo. El vocero Adrián Ravier fue más lejos y explicó que el límite vigente choca con las bases que planteó Alberdi sobre atraer capital extranjero. En otras palabras, para el gobierno actual, un “tipo de extranjero” puede comprar el suelo de la provincia de Buenos Aires; mientras que otro “tipo de extranjero” no puede sacar un turno gratis en un hospital de la provincia de Buenos Aires. Las dos cosas se discutieron el mismo mes, en el mismo Congreso, y solamente la segunda se presentó como un problema de soberanía.

En diciembre de 2024 se derogó la Ley de Emergencia Territorial Indígena, la norma que permitía a las comunidades registrar los territorios que ocupaban, y les permitía frenar los desalojos mientras ese registro estuviera en curso. Sin esa ley, una comunidad que vive hace generaciones en el mismo lugar tiene que probar ante un juzgado que efectivamente vive ahí, con expedientes, testigos y peritajes que pueden llevar años. En el mismo período, el RIGI le garantiza a las grandes inversiones treinta años de beneficios impositivos y aduaneros: ya se aprobaron veintiún proyectos, en su mayoría mineros. De nuevo, a unos se les quitó el instrumento con el que demostraban que pertenecía a la tierra; a otros, se les quitó la obligación de demostrar cualquier cosa.

Soberanía es la palabra que aparece cuando alguien usa una cama de hospital y desaparece cuando alguien compra el suelo donde está construido el hospital. Una cama se desocupa, una vacante se renueva cada cuatrimestre. La tierra vendida no vuelve. Quien la compra decide qué pasa con el agua que corre por debajo, con el glaciar que la alimenta, con el camino que llega hasta el lago, durante un tiempo que excede a todos los que hoy estamos discutiendo esto.

Quijano nos enseñó a leer el presente como efecto de una clasificación colonial que ocurrió en el pasado. Agrego algo distinto que llamo colonialidad del futuro: hay decisiones que se toman ahora y cuyo efecto entero cae sobre un tiempo al que ninguno de nosotros va a llegar. El agua de Mendoza en 2090 se está definiendo en 2026. Los que van a tomarla, o los que no van a poder, todavía no nacieron y no tienen cómo entrar en la discusión. Ningún territorio se conquista con tanta comodidad como el que todavía está vacío de gente. Por eso mientras discutimos aranceles y turnos, que son decisiones que se revisan el año que viene, se están firmando plazos de treinta y de cien años que ningún gobierno posterior va a poder tocar.

El Canciller Pablo Quirno dijo que vender una provincia entera va a producir beneficios para la Argentina. La pregunta que faltó hacerle es cuál Argentina, porque quienes van a estar acá todavía no tienen voz para discutirlo, y quienes tienen voz y voto ahora están ocupados averiguando cuántos inmigrantes sudamericanos hay en la guardia o en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Alberdi escribió que gobernar es poblar. Doscientos años después seguimos discutiendo a quién dejamos entrar, mientras el suelo donde vamos a discutirlo está en duda.