El rechazo al proyecto para castigar las llamadas “denuncias falsas” llega a la ONU y a la OEA
El proyecto de Carolina Losada que endurece las penas de denuncias falsas acumula críticas en organismos de derechos humanos de todo el mundo. El rechazo a la iniciativa, que ya fue cuestionada por organizaciones feministas y por las mismas víctimas del entrenador de fútbol que le dio nombre a la ley (Diego Guacci), llegó ahora a la ONU y a la OEA. En su último informe, el Comité de Expertas de la OEA encargado de prevenir la violencia contra la mujer en todo el continente advirtió que, de avanzar la ley de Losada, la Argentina violaría tratados internacionales.
Hace meses que Losada busca incluir la ley en alguna de las sesiones convocadas por Patricia Bullrich en el Senado. La iniciativa, que endurece las penas para los delitos de denuncias falsas y de falso testimonio en casos de violencia de género, cuenta con el apoyo de Javier Milei, con quien Losada tiene una relación directa, según señalan en el oficialismo. Iba a tratarse en la sesión del jueves pasado, cuando se debatió la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero debió posponerse porque no podían incluir nuevas iniciativas al temario (ya que era la continuación del cuarto intermedio de otra sesión).
La senadora radical busca, ahora, la revancha, pero empieza a chocar con el mismo fenómeno que hizo caer el capítulo de extranjerización de tierras. Es decir: a medida que pasa el tiempo, el debate se dilata, las críticas contra el proyecto se acumulan y los senadores que, hasta hace un mes, estaban dispuestos a votar a favor, empiezan a dudar. “Losada insiste con su proyecto y no se da cuenta de que le está pasando lo de la Ley de Tierras, perdió la batalla cultural”, desliza un senador aliado al Gobierno.
Las primeras en salir a denunciar el proyecto fueron las organizaciones de abogadas que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género, que advirtieron que la iniciativa tendría como consecuencia el desincentivo de las denuncias por un tipo de delito ya de por sí muy subregistrado. Según datos oficiales, sólo el 18% de las víctimas de femicidio denunciaron previamente situaciones de violencia (Corte Suprema, 2024). Los delitos contra la integridad sexual, mientras tanto, son el delito violento menos reportado: solo el 12,5% de las víctimas lo denuncia (INDEC, Encuesta Nacional de Victimización, 2018).
Frente a este escenario, Losada y Bullrich negociaron modificaciones en el proyecto con el resto de los bloques aliados. Para alejar el proyecto de su foco original sobre las denuncias por violencia machista, la senadora suprimió las referencias explícitas a la violencia de género o a la violencia contra las infancias. Las matizó pero las incluyó indirectamente, ampliando el endurecimiento de las penas para todos los “delitos dolosos graves” o que tengan como víctimas a “personas vulnerables”.
Incluyó, además, un agravamiento de hasta 6 años de prisión –hoy es de dos meses a un año– para los casos de denuncias falsas que deriven en “restricciones a derechos patrimoniales y familiares”. Una narrativa que sostienen habitualmente los grupos que hacen lobby contra las denuncias falsas. Es decir: la idea que las denuncias son estrategias de las madres para separar a los padres de sus hijos.
“En caso de aprobarse esta reforma se daría la paradoja de que tendríamos penas más severas para las falsas denuncias y falsos testimonios que las contempladas actualmente para el delito de abuso sexual, que está penado con prisión de 6 meses a 4 años”, explican diversas organizaciones de la sociedad civil –como ELA, CELS o INECIP–, que publicaron un documento cuestionando el nuevo dictamen modificado de la ley hace un par de semanas. Las organizaciones denuncian que no solo viola el principio de proporcionalidad de las penas, sino también el de legalidad, ya que no existe el concepto “delito doloso grave” en el Código Penal.
“Habilita márgenes amplios de discrecionalidad judicial”, analizan las organizaciones en el informe, en el que cuestionan que se lleve a cabo una política criminal con consecuencias graves para las mujeres basándose en un “fenómeno marginal” que sólo explica el 0,09% del total de causas penales registradas. Según un relevamiento del Observatorio de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal sobre la base de más de ocho millones de investigaciones penales de los últimos 3 años, la falsa denuncia representa una causa aproximadamente cada mil en el sistema penal.
El rechazo de los organismos internacionales
A las críticas de las organizaciones locales se les sumó, el martes, la del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI). En un comunicado, el Comité advirtió que la aprobación de la ley “constituiría una violación de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de la Convención de Belém do Pará y podría comprometer su responsabilidad internacional”.
El comunicado del MESECVI, sin embargo, no es el único informe que advirtió sobre las consecuencias que la Ley Guacci –llamada así porque la autora intelectual del proyecto original es Andrea Guacci, esposa del entrenador de la Selección femenina de fútbol que fue denunciado por abuso y acoso sexual por cinco jugadoras ante la FIFA en 2021– podría tener sobre las mujeres que denuncian. Antes que este organismo, que depende de la Organización de Estados Americanos, se pronunció la ONU.
En junio, el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas de Naciones Unidas manifestó su preocupación por el proyecto de ley. Y advirtió que la reforma podía “reforzar los estereotipos arraigados sobre la supuesta deshonestidad de las mujeres, aumentar la discriminación, equiparar las acusaciones no probadas con denuncias falsas” y, a su vez, podía tener un efecto disuasorio no solo sobre las víctimas de violencia, sino también sobre los familiares, profesionales de la salud y testigos que participan de la denuncia.
A principio de año, incluso, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) se pronunció respecto de las regresiones normativas, institucionales y presupuestarias que afectan la vida de mujeres y niñas en la Argentina, como parte de su evaluación del cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de prevención de la violencia de género. En ese mismo apartado final, la CEDAW hizo una mención especial al proyecto de Losada y solicitó al Estado que retirara la propuesta porque crearía “obstáculos” para hacer denuncias.
MCM/MG
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