Sin igualdad no hay democracia y no hay democracia sin mujeres
Queremos comenzar este año inaugurando un espacio nuevo, un canal de comunicación semanal en el que podamos encontrar algo en común: el interés compartido por los derechos, por la igualdad, por la democracia. Donde podamos recordar y recordarnos qué convicciones nos unen, qué recorridos hemos transitado de manera colectiva, qué anhelos compartimos.
En 2023 nuestra organización cumplió 20 años de trayectoria y el país cumplió cuatro décadas de democracia. Cuando creamos ELA sabíamos que teníamos algo para contribuir al debate público, que era importante sumar al conjunto de organizaciones de la sociedad civil que ya estaba aportando una mirada crítica a ese proceso de reconstrucción que siguió a la crisis del 2001. Desde ELA ofrecimos una mirada enfocada en las mujeres, en la igualdad de género, en el acceso a la justicia y con perspectiva feminista. Una mirada hacia otro mundo posible.
Desde entonces, ELA creció junto con una agenda que definimos como prioritaria. Nos nutrimos de la visión, la potencia y el liderazgo de aquellas con quienes compartimos ese camino y buscamos ser un puente entre las realidades que viven las mujeres en toda su diversidad y los espacios de poder. Apostamos a la importancia de tejer redes, impulsando la creación de conocimiento colectivo y desarrollando investigaciones que permitan diseñar políticas públicas basadas en evidencia, que mejoren el presente y promuevan un futuro más justo e igualitario.
El resultado de las recientes elecciones nacionales fue un gran llamado de atención sobre aquellas conquistas que considerábamos logradas. Una señal de alerta sobre la insatisfacción que siente una parte importante de la población, fundamentalmente las juventudes, que no encontraron en las fuerzas políticas más tradicionales una interpelación que refleje sus intereses y preocupaciones. Se impusieron las propuestas basadas en la confrontación y la adjetivación agraviante antes que el intercambio de ideas y el debate político. Pero además, se impusieron las propuestas partidarias menos receptivas de una agenda comprometida con la igualdad de género. Perdió protagonismo político la potencia del movimiento de mujeres y sus demandas por una vida libre de violencias, reivindicativa de los avances y al mismo tiempo en lucha por una agenda de igualdad pendiente en otras dimensiones sociales y económicas.
Llevará tiempo comprender cómo pasamos de convocar la movilización de cientos de miles de mujeres en todo el país interpelando a la región de América Latina con la consigna #NiUnaMenos para denunciar los femicidios, a esta dirigencia que percibe a las políticas públicas que promueven la educación para la igualdad como amenaza. Si bien responde a un fenómeno regional y global, lo cierto es que encontró espacio en una sociedad agobiada por las crisis sucesivas y la incapacidad de distintas fuerzas políticas para comprender la dimensión de los problemas irresueltos y su impacto en las vidas cotidianas. A 40 años de la primera elección presidencial de este período democrático, la evolución en los derechos de las mujeres y su reconocimiento como derechos humanos enfrenta un momento crítico.
Un recorrido por los hitos que marcaron estos 40 años de democracia para las mujeres permite dimensionar los avances y conquistas que supimos conseguir. Un movimiento de mujeres plural, diverso, intergeneracional que construyó lazos con otros movimientos sociales fue forjando un camino que hoy podemos mirar con orgullo aunque también con enorme preocupación.
🇦🇷 40 años de democracia, 40 años de lucha feminista.
— ELA (@EquipoELA) December 20, 2023
⏳En ELA diseñamos una línea de tiempo virtual e interactiva que navega por los principales avances y cambios normativos relacionados a los derechos humanos desde el retorno a la democracia.
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El contexto actual, con las primeras medidas que se anunciaron en los cambios en la estructura del Estado que elimina el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (creando en su lugar una subsecretaría muy recortada en sus facultades), el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 (que establece restricciones en los cambios inicipientes que se habían iniciado en materia de cuidados) y el proyecto de Ley Ómnibus (que restringe, entre muchas otras innovaciones problemáticas, la comprensión sobre la violencia de género y la implementación de la paridad en la política) impone la pregunta sobre qué tan sólidos son los cimientos en los que se asientan los derechos, las políticas, los consensos que se forjaron en las calles, en las aulas, en los recintos y en la vida familiar.
Para el primer gobierno democrático elegido en 1983 el voto de las mujeres fue decisivo. Raúl Alfonsín las interpeló directamente durante la campaña electoral llamando “a las mujeres argentinas [que] sufren las consecuencias de una sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos les decimos que vamos a concretar en serio la igualdad que establece la ley y le niegan los hechos”.
El retorno de la democracia permitió al Congreso Nacional tomar varias medidas para eliminar las barreras formales que contradecían la promesa de igualdad de la Constitución Nacional. No sólo equipararon los derechos de las mujeres con respecto a la crianza de sus hijas e hijos al reformar las disposiciones del Código Civil para garantizar la patria potestad compartida. Luego de un debate participativo, esa regulación central para la vida cotidiana fue reformada nuevamente en 2015 para introducir un concepto más moderno de responsabilidad parental y el reconocimiento del aporte que implican las tareas de cuidado al bienestar de las familias.
Esos primeros años de la etapa democrática brindaron mucho más: aseguraron el andamiaje jurídico que permitió fortalecer los argumentos en los que cimentaron las conquistas que siguieron. Con la ratificación de la Convención América de Derechos Humanos y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Argentina inauguró en los primeros años del gobierno de Alfonsín una etapa de incorporación de estándares internacionales de derechos humanos. Con la reforma constitucional de 1994 los principales tratados pasaron a integrar el bloque de constitucionalidad, fortaleciendo su jerarquía jurídica. Esto puede parecer ajeno y lejano, pero la participación en los foros internacionales que ofrece el marco internacional de los derechos humanos y la práctica periódica de evaluación del país ante los comités especializados, permite un ejercicio republicano de rendición de cuentas en los que participan organizaciones sociales e instituciones de defensa de derechos humanos. Esto ha permitido en las últimas décadas avanzar en cambios regulatorios y en políticas públicas centrales como el acceso a la justicia para las mujeres que atraviesan violencia de género y el a los derechos sexuales y reproductivos. En momentos en que parece peligrar la continuidad de ciertos acuerdos sociales básicos, la mirada internacional será clave para brindar una plataforma de exigibilidad para que no haya retrocesos.
La década del noventa fue el inicio de un nuevo período marcado por las consecuencias de los cambios macroecómicos, la privatización de empresas públicas, la feminización de la pobreza, el crecimiento de la precarización laboral y el desempleo. Sin barreras formales que impidieran su acceso a los cargos públicos, el ejercicio democrático no fue suficiente para abrir los espacios de decisión a la participación sustantiva de las mujeres. En la primera conformación de la Cámara de Diputados las mujeres eran menos del 5% de sus integrantes y para el inicio de la década del noventa esa presencia había crecido apenas arriba del 6%. No parecía factible llevar al Congreso con éxito los argumentos para promover el derecho de las mujeres a ejercer su autonomía reproductiva o diseñar mecanismos efectivos para protegerse de las violencias machistas sin las voces de las mujeres ni sus experiencias enriqueciendo el debate público. Fue entonces que la sanción de la Ley de Cupo en 1991 que imponía que un 30% de las listas fueran conformadas por mujeres, transformó a la Argentina en un país pionero en la generación de medidas de acción afirmativa. Con su entrada en vigencia a partir de las elecciones de 1993 se empieza a reflejar un incipiente incremento en la cantidad de legisladoras en el ámbito parlamentario con un impacto directo en la posibilidad de avanzar en ciertas agendas.
Pasaron más de 20 años de conquistas y transformaciones sociales profundas hasta que se hizo evidente que el compromiso con una democracia de calidad exigía más: abogar por la paridad. Hacia el horizonte de la democracia paritaria se encaminaba toda la región. La paridad es el compromiso ético y político que parte de la convicción de que las mujeres deben estar presentes en los espacios de representación política porque la ausencia de mujeres en el ámbito público no solo limita su ejercicio pleno de los derechos ciudadanos sino que además restringe la calidad de la demoracia y la pluralidad de voces en el debate público.
El año 2015 trajo un nuevo punto de inflexión para la agenda de la igualdad de género. Un grito colectivo se hizo visible en el mes de mayo y se extendió desde la Ciudad de Buenos Aires, hacia todo el país y la región. Comenzó en un breve mensaje de una periodista en la red social que habitualmente las convoca luego de una sucesión de femicidios de mujeres jóvenes cuyas noticias debieron cubrir en distintos puntos del país: “Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales ... mujeres, todas, bah... no vamos a levantar la voz? NOS ESTAN MATANDO” escribió Marcela Ojeda, el 11 de mayo de 2015.
Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales ... mujeres, todas, bah.. no vamos a levantar la voz? NOS ESTAN MATANDO
— Maͣrͬcͨeͤ Ojeͤdͩaͣ (@Marcelitaojeda) May 11, 2015
La historia que siguió es conocida. La respuesta inmediata de colegas, amigas fue potenciada por activistas con del movimiento de mujeres, referentes sociales y culturales que llevó a un proceso de verdadera construcción colectiva para hacer visible lo que hasta entonces parecía oculto: las muertes violentas de mujeres eran una realidad cotidiana que no parecía encontrar freno en las normas, políticas o planes de acción. El movimiento que se conoció bajo la consigna “Ni Una Menos” encontró en esa interpelación pública y esa convocatoria a la expresión colectiva la oportunidad de cohesionar décadas de lucha organizada de las mujeres y los feminismos.
El año 2018 dio nuevos impulsos a viejas luchas. Desde la recuperación de la democracia el reclamo por los derechos sexuales y (no) reproductivos ocuparon un lugar central para los feminismos. Fue un logro importante que en esos primeros años (1986) se derogara la prohibición de la compra y venta de anticonceptivos, estableciendo las bases para el derecho a decidir sobre la propia reproducción. La década del noventa, con acercamientos desde el Poder Ejecutivo al poder eclesiástico, no permitió avanzar en un debate más profundo sobre el rol del Estado en la promoción de una política pública más amplia sobre los derechos reproductivos.
💚El 30 de diciembre de 2020 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.610 IVE, en la que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto para todas las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. pic.twitter.com/QBW4no4Vmw
— ELA (@EquipoELA) December 30, 2023
Años más tarde, entre los meses de marzo y agosto de 2018 se trató en el Congreso el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y trabajado de manera transversal, multipardiaria, intersectorial. Este debate articuló activsmo, academia, organizaciones sociales y comunicadoras, movilizando a millones de personas que se manifestaron en favor del derecho al aborto en diferentes puntos del país. Fue el debate más plural, más informado y profundo de la democracia en nuestro país. De todos modos, hubo que esperar dos años más para que el aborto volviera a la agenda parlamentaria hasta que finalmente en diciembre de 2020 se aprobó la Ley 27.610 de interrupción legal y voluntaria del embarazo.
La próxima conquista pendiente para los feminismos es abordar la desigual e injusta organización social del cuidado, esa causa raíz que explica muchas de las desigualdades sostenidas en distintos órdenes de la vida social, política y económica en nuestro país y en toda la región. Esta es la agenda pendiente: existe un punto clave para liberar el potencial de las mujeres, promover el desarrollo de su autonomía y mejorar la calidad de vida presente y futura y es su rol en la organización social del cuidado. Sin cuidados no hay reproducción social y hoy no se produce el cuidado sin una fuerte carga inequitativa sobre las mujeres.
Pero el contexto actual es desafiante. Se percibe un desencanto democrático de la ciudadanía frente a una clase política que muestra poca autocrítica ante los principales problemas que diagnostican pero que las gestiones de distinto signo político no han logrado superar: la pobreza, la inflación, la crisis económica, la inseguridad. Un país que tiene desde hace años más del 40% de la población sumida en la pobreza, donde 6 de cada 10 niños y adolescentes son pobres y donde tener empleo, aún empleo formal, no es suficiente para garantizar un nivel de ingresos básico. Las mujeres se ven afectadas por esa situación con mayor profundidad, como suele suceder. Están sobre-representadas entre los sectores más postergados de la sociedad, tienen más posibilidades de tener empleo informal o de tiempo parcial, generalmente están a cargo de los hogares monomarentales que, en el 50% de los casos cuando tienen derecho a una pensión de alimentos por sus hijos e hijas no logran hacer efectivo su cobro. Mujeres que viven violencia en sus parejas en una proporción que afecta a una de cada dos mujeres en el país y para quienes recurrir a la justicia suele significar someterse a un laberinto de burocracia que no necesariamente logra protegerlas de las violencias más extremas.
A lo largo de estos 40 años de democracia hemos aprendido que para la agenda de la igualdad de género las estrategias colaborativas y la articulación de esfuerzos desde distintos espacios es indispensable.
Por eso es momento de volver a buscar aquello que tenemos en común. Aquello que compartimos. El desafío es sostener los logros, fortalecer alianzas y seguir avanzando.
Natalia Gherardi es directora ejecutiva de ELA
ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género es una organización de la sociedad civil apartidaria y feminista, creada en 2003 que trabaja para alcanzar una sociedad más justa y equitativa, promoviendo los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género a través del derecho y las políticas públicas. www.ela.org.ar @EquipoELA
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