Durante sus cuatro años de mandato, Mauricio Macri tuvo a su disposición una maquinaria judicial que parecía arrolladora. Espectaculares detenciones de desprestigiados exfuncionarios ataviados con casco y chaleco antibalas, excavadoras en la Patagonia, fiscales repartidores de sortijas para arrepentidos, fuero alegal de Claudio Bonadio, Doctrina Irurzun, cámaras ocultas, amenazas extorsivas desde el prime time televisivo, fotos en pijama de algún arrestado, espías ilegales, camaristas jugadores de paddle en Olivos y de fútbol en Los Abrojos, y una Corte Suprema dispuesta a avalar toda esa podredumbre.
A la hora de la verdad, cuando el festival de deuda externa dio paso a la recesión y la escalada inflacionaria, la candidatura de Macri a la reelección retornó al punto de partida. Cambiemos sumó 30% en las primarias de 2015 (Macri-Sanz-Carrió) y Juntos por el Cambio cosechó 31.8% en las de 2019.
La aventura judicial y de Inteligencia del macrismo demostró haber sido muy distorsiva para juzgar los serios indicios de corrupción surgidos durante los Gobiernos de los Kirchner y bastante más eficiente para proteger a los propios. El balance institucional del Ejecutivo que se proclamaba defensor de la República fue penoso y el resultado electoral, si se comparan los resultados de 2015 y 2019, más bien neutro.
A la hora de la verdad, cuando el festival de deuda externa dio paso a la recesión y la escalada inflacionaria, la candidatura de Macri a la reelección retornó al punto de partida
Vía el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y su par de Interior, Guillermo Francos, el Gobierno ultraderechista pareció optar por una senda más propensa al statu quo y el acuerdismo antes que el “vale todo” para eliminar al adversario y garantizar impunidad al oficialismo.
Hay otra vertiente en el Gobierno de Milei: la fuerza “moral” de Karina, Sandra Pettovello y, según versiones encontradas, probablemente Santiago Caputo. Patricia Bullrich, al fin, demuestra coherencia. La jefa de Seguridad no se despegó del abordaje de la era Macri y se muestra ávida por dar la pelea en tribunales mediante ese entretejido de jueces, medios y espías, que sigue vigente. Al enemigo, ni justicia, y al propio, lapicera para redactar la ley Bases con sus abogados corporativos.
El hipopótamo blanco
Pettovello tiene un “equipo de investigación”. El “hipopótamo blanco”, como llama un severo crítico interno de su gestión en el megaministerio de Capital Humano, “porque no es siquiera un elefante, está abajo del radar, nadie lo ve”, se muestra incapaz de mover políticas sociales elementales o prever conflictos con universidades y sindicatos. Lo que no es imprevisión, es motosierra de Luis Caputo. Queda el circo.
La dinámica se repite. Pettovello inicia una “investigación”. Surgen datos ciertos o falsos pero siempre grotescamente hilvanados, algún caso con color mediático y una proyección de cifras de defraudación con varios ceros. Periodistas que conocen la intimidad de los Milei en Olivos esbozan algún punteo ante cámaras, con la mirada en el celular (“me dicen”), del que se entiende poco y nada, y luego se publica un dossier más consolidado en La Nación, Clarín e Infobae, al unísono.
Lo que no es imprevisión, es motosierra de Luis Caputo. Queda el circo
Ocurrió con los tratamientos de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, con el programa de Integración Socio Urbana y, en días recientes, la ofensiva recargada contra los planes sociales y los comedores populares. Pettovello inauguró su propia doctrina procesal. Es incapaz de auditar la distribución de partidas, función que le cabe a todo funcionario, y al mismo tiempo asistir con tratamientos, condiciones de hábitat y comida a quienes los necesitan.
La tesis que el Gobierno trata de consolidar es que existe un sistema de desfalco al Estado perpetrado por organizaciones clientelares que orbitan en el peronismo y la izquierda. Con la pantalla de la asistencia, esas entidades se aprovecharían de los más pobres, el peor de los pecados.
Javier Milei lo explicitó el viernes en Madrid: “El peronismo vivió ufanándose de que era el movimiento que protegía a los pobres y sucede que, en realidad, creaban pobres para convertirlos en esclavos”.
Maniobras de Comodoro Py
Esta fase de la causa principal, que tramita en el juzgado federal de Sebastián Casanello, queda delimitada en datos informados por Emilia Delfino en este diario. De 13.310 llamadas a la línea 134 habilitada por Bullrich en diciembre para denunciar extorsiones en la entrega de planes sociales, el ministerio de Bullrich atendió 2.720. De ellas, esa cartera otorgó verosimilitud a 924. El fiscal federal Gerardo Pollicita investigó 45 llamadas que atañían a su jurisdicción, Capital Federal, pero sólo siete personas fueron contactadas, de las que cinco aceptaron declarar. Los comedores involucrados en supuestas extorsiones (pases de lista para acudir a marchas, entrega de algún monto, “colaboraciones” ad honorem) corresponden al Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie.
Pollicita pretendió que el juez ordenara 27 allanamientos con potestad de indagar y encarcelar a 28 de sus responsables, lo que habría causado sensación en los medios con terminales en el Gobierno
En paralelo, la cartera de Pettovello dijo haber auditado 2.646 comedores populares, de los que 1.247 no fueron validados como tales. Si se toman los datos como ciertos, entra a jugar lo que informó este medio hace meses. A las pocas semanas de la asunción de Milei, dado el abrupto corte de la entrega de mercadería, muchos comedores cerraron sus puertas o cambiaron a la modalidad de entrega de bolsones, o abren uno o dos días por semana.
Pollicita pretendió que el juez ordenara 27 allanamientos con potestad de indagar y encarcelar a 28 de sus responsables, lo que habría causado sensación en los medios con terminales en el Gobierno. El fiscal argumentó que dirigentes de esas organizaciones demandaban a sus empadronados en el plan Potenciar Trabajo pagar por alimentos enviados por el Gobierno, entregar una “cápita”, asistir a protestas y a laborar gratis en la venta de comida.
Casanello entendió que no había elementos para indagar a imputados por un delito concreto ni mucho menos para privarlos de la libertad, por lo que seguir investigando fortalecería el expediente. Finalmente, una sala de la Cámara Federal ordenó los allanamientos, aunque sin disparar indagatorias ni detenciones.
Una fuente tribunalicia evalúa que no está claro siquiera que se haya configurado un delito. Por lo pronto, el Polo Obrero, la organización más señalada, dirigida por Eduardo Belliboni, hace tiempo hizo público en entrevistas y en los propios órganos del Partido Obrero que cobra una “cápita” a sus empadronados en el Potenciar Trabajo, con el argumento de que la identificación y organización de ese programa requiere presencia territorial y capacidad burocrática. Si ese acuerdo público es mutuo entre el Polo Obrero y los beneficiarios, no habría extorsión. Y si las cinco llamadas al ministerio de Bullrich fueran corroboradas, la escala hacia un plan sistemático de malversación de fondos en detrimento de los más pobres está en veremos. El ciudadano que haya visto la multitud de fotos inculpatorias de Belliboni y sus colegas en los portales de mayor difusión y en las pantallas de los canales de noticias probablemente llegue a una conclusión, al menos, apresurada.
Otro dato que surge de la causa es que el Potenciar Trabajo, un programa que promueve una senda de ingreso al empleo entre los sectores más vulnerables —el estipendio de abril fue de $78.000—, no involucra la entrega de comida, por lo que la conexión entre acceder al beneficio a cambio de acudir a marchas también requeriría pruebas más sólidas.
Alcance incierto
En el juzgado de Casanello —uno de los pocos jueces de Comodoro Py que no formó parte de la trama urdida durante el macrismo— tramitaron dos de las causas por delitos de corrupción cometidos durante los gobiernos de los Kirchner que avanzaron a paso más firme: la que terminó en una condena por lavado de dinero contra Lázaro Báez, bautizada por los zócalos de la tele como “ruta del dinero K” (en la que no resultó condenado ni procesado ningún apellido con K), y la de fraude y supuestos sobornos de las empresas Odebrecht y Roggio a funcionarios de Planificación en la construcción de plantas de de Aguas y Saneamientos (AySA).
Los planes sociales a gran escala llevan dos décadas en Argentina. La principal asistencia, Asignación Universal por Hijo (AUH), no tiene intermediarios y probablemente explique la contención de desbordes en contextos críticos como el actual, a la vez que las organizaciones sociales brindan un puente imprescindible hacia barrios resequebrajados por años de crisis estructural. Pero a la vez, hay trazos de clientelismo, perceptibles en manifestaciones en las que no todos quienes acuden parecen consustanciados con la causa.
La mera percepción de un periodista no es prueba; tampoco la pobre defensa de algunos de los dirigentes del Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa, que dicen estar a la cabeza de la detección de fraudes, pero se vuelven elusivos a la hora de hacer públicos nombres y casos concretos. Dadas las prácticas evidentes en Argentina, nadie debería descartar alguna trama corrupta que se aproveche de los más débiles.
El ministerio de Bullrich fue rechazado como querellante en la causa. Se habría dado la situación absurda de que la cartera que comanda a las fuerzas policiales federales que allanan comedores se convirtiera en parte del expediente. Capital Humano, de Pettovello, ya pidió aterrizar como querellante y promete agitar una “estrategia hiperofensiva”.
Aviso: habrá más partes oficiales tranformados en notas periodísticas.
Aplausos en Madrid
Tampoco corresponde sacar conclusiones apresuradas sobre presunto clientelismo de otro orden.
No hay pruebas para pensar que la sintonía del periodista Luis Majul con el Gobierno de Macri obedeció al video de cuatro minutos sobre “la historia del periodismo”, por el que el Ejecutivo de entonces pagó $ 964.000 (unos US$ 64.300 de entonces), en 2016, ni a los múltiples contratos por millones de pesos otorgados por el Gobierno de la Ciudad a la productora del periodista, La Cornisa.
El viernes, en el primer show del fin de semana ultraderechista que se regala Milei en Madrid —una publientrevista en el diario La Razón, de editorial Planeta, la misma casa que publicó una falsa biografía de solapa en el libro que fue a presentar el mandatario—, la más entusiasta a la hora del aplauso ante propuestas tan sensatas como cerrar el Banco Central fue Bettina Guardia, esposa de Alejandro Bulgheroni, accionista de una de las principales empresas argentinas de gas y petróleo, Pan American Energy.
La divulgada amistad de Guardia con Karina Milei la lleva a sentarse a su lado en los encuentros del Presidente con empresarios y le valió la designación como embajadora de Marca País. En esta ocasión, la especie indica que la esposa de Bulgheroni se encontraba ocasionalmente en Madrid y obtuvo una silla por su cuenta, sin formar parte de la comitiva oficial.
El viernes, en el primer show del fin de semana ultraderechista que se regala Milei en Madrid, la más entusiasta a la hora del aplauso ante propuestas tan sensatas como cerrar el Banco Central fue Bettina Guardia, esposa de Alejandro Bulgheroni
La relación entre la empresaria y la menor de los hermanos Milei surgió, al parecer, años atrás, en los pasillos del canal América 24, cuando la primera conducía el programa “Puentes de Esperanza” y la segunda asistía a Javier en las tareas de Corporación América.
Junto a Gerardo Werthein —embajador argentino en Washington y dueño de varias empresas—, Facundo Garretón —exdiputado del PRO y productor de cannabis—, Gabriel Hochbaum —socio de Vila y Manzano en el Grupo América— y Jean Jacques Bragard —vinculado al sector del Partido Nacional de Luis Lacalle Pou—, Guardia es accionista del diario y portal uruguayo El Observador, vinculado con la radio FM homónima argentina y una de las más aguerridas del oficialismo, dirigida por Majul. El sábado, Milei concedió una entrevista a El Observador España, un medio que acaba de nacer.
A un Gobierno que terceriza la redacción de leyes en estudios jurídicos corporativos y que deja que circulen por Olivos abogados de las firmas Marval, O'Farrel y Mairal, Bruchou y Funes de Rioja, y Kesselstatt, Deppeler y Asociados, no se le puede pedir demasiado en cuestiones de decoro, aunque en momentos en que se debate el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), vehículo de exenciones impositivas por miles de millones de dólares, mayor distancia de las empresas directamente beneficiadas sería acorde a las reglas de Suiza, el país al que, según Milei, se parecerá Argentina en 2059.
SL/MG