Mientras en Colombia el presidente Gustavo Petro conmemora los 97 años de la Masacre de las Bananeras y busca avanzar con una reforma laboral que refuerza derechos, en Argentina los juicios contra empresas responsables de crímenes de lesa humanidad se estancan y el empresariado impulsa una contrarreforma que amenaza con regresar a principios del siglo XX. Aunque la comparación podría extenderse a toda América Latina, acá tenemos dos países, dos pasados de violencia corporativa, dos futuros opuestos para el conjunto del pueblo trabajador.
Colombia, de la UFCO a Chiquita
La presencia de Petro en la conmemoración en Ciénaga, Magdalena, fue un hito histórico. Es el primer mandatario en hacer presencia en este acto de memoria. No sólo eso. Anunció un plan de reparación colectiva que reconoce al movimiento sindical como sujeto de reparación en el marco del conflicto armado y presentó un proyecto de ley para conmemorar oficialmente la masacre de obreros cometida en 1928 por la empresa estadounidense United Fruit Co., de cara a su próximo centenario.
En su discurso, Petro lanzó una línea al pasado con un sentido lleno de presente: “La United Fruit Company hoy se llama Chiquita Brands y ha seguido matando trabajadores de Colombia”, dijo. En 1928, los obreros asesinados superaron el centenar, siendo una especulación conservadora, pues diversas fuentes hablan de miles de víctimas. El presidente los recordó, comparándolos con los miles de trabajadores bananeros asesinados en Urabá entre los años 80 y principios del siglo XXI, bajo la “gobernanza paramilitar”. Así, se refirió explícitamente al involucramiento de Chiquita Brands en la financiación del paramilitarismo (en concreto, de las Autodefensas Unidas de Colombia). La conexión es plena: Chiquita es sucesora directa de la UFCo. En 2007, se declaró culpable en EEUU y pagó una multa de 25 millones de dólares al gobierno de aquel país. La justicia para las víctimas llegó recién en 2024, 17 años más tarde, cuando un jurado la condenó a pagar 38.3 millones de dólares a 16 demandantes. Asimismo, la justicia colombiana avanzó por la vía penal y este año condenó a siete ex directivos de Banadex (filial de Chiquita) a 11 años de prisión. Durante el proceso, Chiquita Brands evitó disculparse con las víctimas. Tanto en este caso como en el de la Masacre de 1928, la estrategia corporativa fue clara: la negación, el olvido, intentando estigmatizar y culpabilizar a los obreros por subversión.
La línea al presente es clara. Durante la conmemoración, Petro y su ministro de Trabajo advirtieron que la violencia laboral continúa. Inspecciones del Ministerio del Trabajo han hallado en estos días en fincas bananeras del Magdalena situaciones similares a la de hace un siglo: jornadas de más de 10 horas, con mujeres ganando la mitad que los hombres. En otros casos, han hallado condiciones de lo que llamamos la “esclavitud contemporánea”.
Argentina: camino a La Forestal
El caso Chiquita no es excepcional en América Latina. El enjuiciamiento de esta violencia empresarial fue ejemplar hace no mucho en Argentina. Pero ahora, ha entrado en un pantano.
Como la UFCo, Argentina tuvo episodios trágicos a comienzos de la década de 1920. La masacre de los obreros de La Forestal en el norte de Santa Fe hoy es recordada para rechazar toda reforma laboral que nos devuelva a la superexplotación de los hacheros. La empresa negó siempre su responsabilidad, justificando la explotación con eufemismos como “civilización” o “modernidad”. La masacre de obreros de la Patagonia tiene una política de memoria arraigada y un pedido de investigación judicial. La masacre de Napalpí, en el Chaco, es un caso atípico, no por el acontecimiento centenario, sino porque en 2022 alcanzó el umbral de la justicia. Luego de un siglo, un juicio por la verdad condenó los crímenes cometidos contra los indígenas convertidos en mano de obra barata bajo servidumbre. Sin embargo, la reparación es lenta, pese al gran esfuerzo de los fiscales.
Así como Gabriel García Márquez reincorporó la violencia de la UFCo en “Cien Años de Soledad”, Gastón Gori y Osvaldo Bayer –también en los años 60 del pasado siglo- rescataron del olvido las masacres corporativas argentinas, que hoy están profundamente documentadas.
Aquella violencia corporativa de los años veinte se reinventó en los años dictatoriales. En Argentina, los estudios sobre estos hechos fueron innovadores, marcando el camino en el exterior. Hoy se cumplen diez años de la publicación del informe “Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad”, que documentó cómo empresarios (Ford, Acindar, Ledesma, La Fronterita y Las Marías, entre 25 empresas) fueron “partícipes necesarios” en las prácticas condenadas por el derecho internacional humanitario. Una causa judicial contra Ford Motor Argentina alcanzó un hito en diciembre de 2018 cuando dos exejecutivos fueron condenados a 10 y 12 años de prisión por secuestro y tortura de trabajadores en la planta de General Pacheco. Con gran iniciativa de las víctimas, se consiguió la primera sentencia de altos funcionarios de una firma multinacional por estos delitos, aunque Ford negó sistemáticamente su responsabilidad.
Diez años después de aquel informe, el Poder Judicial muestra una resistencia estructural a avanzar contra los civiles. El Ingenio La Fronterita, elevado a juicio oral en 2021, es el primer caso en la fila de los juicios, sin fecha de inicio para el debate. La causa Acindar, que usaba el albergue de solteros como Centro Clandestino de Detención, ha finalizado escandalosamente con absoluciones. El caso Mercedes Benz está pendiente de la Corte Suprema, la misma que evitó condenar al dueño de Ledesma, Carlos Blaquier, y que en 2019 rechazó la compensación a víctimas de Techint (Dálmine-Siderca) al considerar que no podía haber reclamo civil por la desaparición de trabajadores en la planta o en tránsito a ella.
La Comisión Bicameral de la Verdad que investigaría la complicidad económica y financiera de la dictadura creada por ley en 2015, nunca fue implementada. Mientras tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde se llevaban adelante estas investigaciones sobre responsabilidad corporativa, fue desmantelada.
Reformas laborales y responsabilidad política de las corporaciones
A la luz de estas trayectorias, no es raro escuchar en Argentina el grito de “No queremos ser como los hacheros de La Forestal”. Así es. La herencia de la violencia corporativa ilumina los rumbos divergentes de la política laboral en el Cono Sur, partiendo, por supuesto, de dos realidades completamente diferentes. Argentina, pese a la gran precarización de las últimas décadas, parte de condiciones históricas más favorables para los trabajadores.
En Colombia, la nueva Ley 2466 de 2025 que promovió el gobierno de Petro busca reforzar derechos laborales: establece el contrato a término indefinido como regla general, aumenta recargos nocturnos y festivos, y crea miles de inspectores del trabajo para verificar su cumplimiento. Es una victoria legislativa en respuesta a las históricas demandas de dignidad y justicia. En Argentina, el intento de reforma laboral impulsado por el sector empresarial es regresivo. Busca dar preeminencia a la negociación colectiva por empresa, con salarios más bajos o jornadas más largas, una regresión a las relaciones laborales de hace un siglo. Además, busca eliminar las indemnizaciones y la ultraactividad de los convenios colectivos, obligando a los sindicatos a negociar sin red.
En el informe sobre la participación empresarial en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina, se priorizó hablar de “responsabilidad” en lugar de “complicidad”. Responsabilidad histórica, política, moral. Hablamos de una responsabilidad que puede entrar en el terreno legal, penal o civil, pero que es más profunda: exige que las corporaciones asuman las consecuencias de su historia, no solo sus ganancias. Cuando Ford, Techint o Chiquita rechazan su responsabilidad histórica, no solo evaden el pasado: luchan por proteger las estructuras de la violencia corporativa, que va desde la destrucción del medio ambiente y el desfalco económico hasta la esclavitud moderna, la amenaza constante del despido, la precarización y la masacre. Luchan por naturalizar una violencia que las memorias y la investigación ponen al descubierto. Por eso en Argentina además atacan a la ciencia, desfinanciando la investigación académica, el Conicet y las universidades.
Cruzar el umbral de la memoria es un acto político indispensable para confrontar la violencia sistémica del futuro. Mientras Colombia intenta romper ese ciclo con justicia y reforma laboral, Argentina se pierde en la ciénaga del vasallaje.
El autor es historiador y periodista, fue co-coordinador y co-autor del informe Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad.