A 29 años del atentado a la AMIA: una investigación infructuosa, el reconocimeinto internacional y detenciones imposibles

A 29 años del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, en la calle Pasteur 633, ciudad de Buenos Aires, que provocó 85 muertos y más de 300 heridos, la Cámara Federal de Casación tiene pendiente desde noviembre del año pasado la confirmación o no del fallo que absolvió al abogado y ex desarmador de autos Carlos Telleldín por su presunta responsabilidad en el ataque contra la AMIA en 1994.

El fiscal Raúl Pleé pidió que Telleldín, quien solo está condenado por haber recibido un pago ilegal de 400 mil dólares por parte de la SIDE para involucrar falsamente a policías bonaerenses en el atentado, también sea considerado responsable por el ataque en sí.

Para el fiscal, Telleldín “se representó que con su aporte favoreció al hecho de que otras personas carguen con explosivos la camioneta por él entregada para perfeccionar el atentado terrorista”.

En aquel juicio hubo otras absoluciones (entre ellas Carlos Menem) y condenas, por ejemplo para el ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, quienes investigaron el atentado, a dos años de prisión en suspenso.

La agrupación de familiares de víctimas Memoria Activa pidió que se rechace el pedido y se agrave la condena, pese a que durante el Gobierno de Cambiemos y a instancias del ex ministro de Justicia Germán Garavano, el Estado argentino decidió no formular acusación contra ambos.

Sobre la investigación del atentado, el mes pasado el juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional de cuatro libaneses sospechados de haber tenido una participación “secundaria” en la voladura de la mutual judía.

A pedido de la Unidad Fiscal que investiga el atentado, Rafecas ordenó las detenciones de Hussein Mounir Mouzannar, Alí Hussein Abdallah (alias ´el alto´, ´el Tawil´ o ´Alí El Taweel´), Abdallah Salman, (también conocido como José El Reda, Manuel Gutiérrez, Salomons Abdalla, Abdallah Rammal y Farouk Abdul Hay Omairi.

“Existen fundadas sospechas de que resultan colaboradores u agentes operativos del brazo armado de Hezbollah”, la organización libanesa sospechada de estar detrás del ataque, sostuvo Rafecas.

En octubre de 2022, el Estado argentino reconoció nuevamente su responsabilidad “por la violación al derecho a la vida, a la seguridad y a la no discriminación” de las víctimas del atentado contra la AMIA ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En una sesión que tuvo lugar en Uruguay, la representante argentina Natalia D´Alessandro admitió que “el Estado argentino no tomó las medidas adecuadas de protección de las víctimas a pesar de la situación de riesgo general de la comunidad judía en Buenos Aires”.

La admisión de la responsabilidad se produjo en el marco de una demanda internacional presentada por Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Quienes estaban a cargo del poder público: fiscales, juez, fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y el Poder Ejecutivo de entonces tomaron la decisión de encubrir la verdad y torcer la investigación, acusando a inocentes y resguardando a personajes cercanos al Gobierno”, admitió el Estado argentino.

Tras ese reconocimiento, el procurador general de la Nación Interino, Eduardo Casal, dispuso la creación “en el ámbito de la Unidad Fiscal AMIA, de un área específica de análisis de la totalidad del acervo documental de inteligencia desclasificado, con la invitación a las víctimas constituidas en querellantes para que participen de los procesos evaluatorios”.

Casal designó al frente de esa área al fiscal Pablo Ouviña, actual titular de la “Unidad de Asistencia en causas por violación a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gran parte de esa documentación fue hallada en un sótano inundado, descuidada parcial o totalmente destruida.

Por el atentado, hay una segunda causa en trámite, en la que los ex secretarios de Galeano, Javier De Gamas, Susana Spina y Carlos Velasco, fueron procesados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La Cámara Federal abrió las puertas a ampliar esa acusación incluyendo las figuras de “encubrimiento, peculado, privación ilegal de la libertad y prevaricato”. Esa situación procesal también permanece irresuelta.

Centralización de la documentación vinculada a la causa AMIA

El Ministerio de Justicia, a cargo de Martin Soria, concluyó el pasado martes 11 de julio la primera etapa de centralización de la documentación vinculada a la causa AMIA en las Instalaciones del Palacio Barolo, “que refleja el compromiso del Estado Argentino” con el “esclarecimiento de uno de los peores atentados que sufrió nuestro país” y “con la construcción de memoria colectiva”, según informaron hoy fuentes de la cartera.

El objetivo de esta tarea es que el material esté a disposición de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA), además de los familiares de las víctimas, que podrán acceder a información desclasificada.

Desde mediados de 2021, el ministerio realizó obras de remodelación y reacondicionamiento de las instalaciones para garantizar las condiciones necesarias para el resguardo de la documentación, además del traslado y centralización de informes y archivos desclasificados vinculados a la Causa AMIA, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 229/17.

El martes 11 de julio concluyó la primera etapa de las tareas de traslado de la totalidad de la documentación vinculada a la causa AMIA que aún se encuentra en dependencias de la Agencia Federal de Inteligencia (ex Secretaría de Inteligencia del Estado).

Dicha centralización permite que todo el acervo documental se encuentre a disposición directa de la UFI AMIA, permitiendo que los familiares de las víctimas del atentado accedan a la información desclasificada por el Gobierno Nacional y que esté a disposición de los trabajadores que tienen a su cargo el relevamiento documental de estos archivos.

El traslado de la documentación se concretó “gracias al trabajo conjunto y coordinación con la Agencia Federal de Inteligencia y luego de una serie de mejoras edilicias y gestiones llevadas a cabo por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con la finalidad de garantizar su resguardo, su conservación, digitalización, análisis y su consulta por quienes sean parte en la causa judicial en la que se investiga el atentado”, detallaron.

Las mejoras edilicias incluyeron la reparación y pintura de paredes, cielorrasos y pisos; el reemplazo de artefactos de iluminación; la adquisición, reparación y reposicionamiento de estanterías; la colocación de nuevas bombas de agua; la delimitación de espacio seguro para el resguardo de la documentación y diversas tareas de limpieza profunda en espacios destinados a la conservación de la documentación.

Finalizadas estas obras, se encomendó al Ministerio la realización de un informe profesional que dé cuenta de la capacidad del lugar para el resguardo de la documentación y para la funcionalidad del mismo como lugar de trabajo para el grupo de relevamiento documental de la UFI AMIA.

Dicho informe fue elaborado por Archivo Nacional de la Memoria que, en base a sus conocimientos específicos sobre el tema, además de evaluar las obras realizadas y el estado de las instalaciones, dio cuenta de la capacidad del lugar para recibir la totalidad de la documentación.

Una vez concluidas las instancias de reparación y de evaluación mencionadas, desde el Ministerio se propiciaron reuniones de coordinación institucional con las dependencias involucradas, con el objetivo de agilizar las gestiones que permitan concretar la centralización de la documentación que fuera desclasificada a comienzos del año 2015, mediante el Decreto N° 395 y que se encontraba en dependencias de la Agencia Federal de Inteligencia.

Con información de agencias.

IG