Más poder para Adorni: controlará la base de datos más grande del Estado, las compras públicas y la comunicación

El Gobierno publicó este jueves en el Boletín Oficial el Decreto 269/2026, que reorganiza en profundidad la Jefatura de Gabinete de Ministros. La norma, firmada por Javier Milei, no es un mero reordenamiento burocrático: formaliza una acumulación de poder en la figura de Manuel Adorni, quien está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito por la Justicia.

El eje más pesado del decreto, aunque el menos visible, es la asignación formal a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología —dependiente de la Jefatura de Gabinete— de la dirección del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

El SINTyS es la red de datos más grande del Estado argentino. No tiene una base propia, sino que coordina el intercambio de información entre más de un centenar de organismos nacionales, provinciales y municipales: cruza datos patrimoniales, tributarios y sociales de todas las personas físicas y jurídicas del país. Desde el historial impositivo ante ARCA hasta los beneficiarios de planes sociales, pasando por registros del ANSES, obras sociales, domicilios y padrones.

Según la propia descripción oficial, permite a cualquier funcionario público obtener información de una persona física o jurídica, consultar su obra social, detectar fallecidos, verificar condiciones de cumplimiento de planes sociales e identificar incompatibilidades con otros programas. Su cobertura alcanza al 96% de la población argentina.

Hasta ahora, el SINTyS dependía del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, un organismo de la Presidencia de la Nación. El decreto lo coloca bajo la órbita directa de quien conduce la Jefatura de Gabinete, y le asigna a esa secretaría funciones de desarrollo de marcos regulatorios para inteligencia artificial, gobernanza de datos y blockchain en el sector público.

El control de todas las compras del Estado

El decreto también consolida en el organigrama de Adorni a la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), el órgano rector del sistema de contrataciones de toda la Administración Pública Nacional. La ONC es la autoridad que dicta las normas bajo las cuales se compran todos los bienes, servicios y obras del Estado nacional, administra el registro de proveedores del Estado (SIPRO) y gestiona el sistema COMPR.AR, la plataforma electrónica por donde pasan todas las licitaciones públicas nacionales.

Si bien la ONC ya operaba técnicamente en la órbita de la Jefatura de Gabinete, el decreto la incorpora explícitamente al nuevo organigrama y la ubica bajo la Secretaría Ejecutiva que depende directamente de Adorni, junto a las subsecretarías de Coordinación Interministerial y de Evaluación Presupuestaria.

Ciberseguridad, ciencia y datos genéticos

El decreto también reorganiza las tutelas institucionales bajo la órbita de Adorni. La Jefatura de Gabinete ejercerá el control tutelar sobre el ENACOM (telecomunicaciones), el CONICET, la CONAE, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). A su vez, administrará las participaciones accionarias del Estado en AR-SAT y en el Correo Oficial.

El control legal de la comunicación

El decreto formaliza además otra transferencia políticamente significativa: la Dirección de Asuntos Legales de Comunicación y Medios, que hasta ahora funcionaba bajo la órbita directa de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia, pasa a depender de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Jefatura de Gabinete. El control legal sobre la estrategia de medios del Gobierno —quién puede publicitar, qué se comunica oficialmente, cómo se gestionan los conflictos jurídicos con la prensa— deja de estar en manos de la hermana del presidente y queda bajo el mando del ex vocero.

Esto ocurre el mismo día en que el Gobierno cerró la sala de prensa de Casa Rosada y prohibió el ingreso a unos 60 periodistas acreditados, luego de denunciar a dos trabajadores del canal TN por filmar con anteojos con cámara algunos pasillos de Balcarce 50.

El decreto también incorpora un nuevo objetivo explícito a la Unidad Gabinete de Asesores de la Jefatura: coordinar “la comunicación institucional, la relación con la prensa y los medios de comunicación y la difusión de contenidos y el desarrollo e implementación de la imagen institucional”. La Secretaría de Comunicación y Prensa, que ya estaba en su órbita, mantiene el control directo sobre las subsecretarías de Prensa, Comunicación y Actos de Gobierno, y Medios Públicos —que incluye a Radio y Televisión Argentina (RTA).

El decreto aclara que los cambios “no implican incremento en la cantidad de unidades organizativas”. Pero el mapa de poder que dibuja es otro: en una sola firma, Adorni concentra el control de los datos sensibles de todos los argentinos, la caja de compras del Estado, la ciberseguridad, el aparato científico y tecnológico, y el paraguas jurídico de la comunicación oficial.

MC