El Gobierno denunció que la oposición estaba realizando un “golpe institucional”, presionó a gobernadores e intentó negociar con aliados, pero no pudo evitarlo. La oposición se autoconvocó en el Senado, consiguió quórum y abrió el recinto para aprobar un incremento a las jubilaciones, la emergencia en discapacidad y un paquete de medidas destinadas a fondear las cuentas públicas de las provincias. El oficialismo intentó, con el apoyo de los gobernadores aliados que habían dado quórum, boicotear los proyectos sociales, pero volvió a fracasar: el peronismo consiguió el número para tratar los temas y se prepara para convertirlos en ley.
“Hay quórum, Silvia andá a presidir”, espetó la cristinista Juliana Di Tullio cuando pasaron 15 minutos de las 14 y la pantalla del Senado daba cuenta que había una cuarentena de senadores presentes. Victoria Villarruel se había negado a presidir la sesión autoconvocada hasta que la oposición demostrara su poder de fuego: hasta la trasmisión oficial de SenadoTV estaba en blanco, a la espera de que la presidencia de la Cámara alta diera el okey. La oposición se anticipó, y la vicepresidenta primera, la peronista Silvia Sapag, se levantó a dar inicio a la sesión.
Con la zanahoria de los proyectos destinados a distribuir automáticamente los ATN y a coparticipar el impuesto de combustibles líquidos, la oposición consiguió el número para dar inicio a la sesión ordinaria con facilidad. No hubo casi ausencias, incluso entre los más aliados de La Libertad Avanza.
Los 34 senadores peronistas dieron el presente, así como la larretista Guadalupe Tagliaferri, y los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco: los principales impulsores de la sesión. Pero no eran los únicos. También estaba el jefe de bancada radical, el proto oficialista Eduardo Vischi, así como la cordobesa Alejandra Vigo (pareja del exgobernador Juan Schiaretti) y la rionegrina Monica Silva.
Hasta el correntino “Camau” Espínola, que hasta hace unas semanas sonaba como posible candidato a gobernador de LLA, bajó al recinto a dar quórum. Era el desafío de los gobernadores a Javier Milei, a quien le reclaman recursos para sus provincias. El malestar se venía gestando hace tiempo, pero la estrategia electoral de Karina Milei de priorizar las listas “puras” por sobre los acuerdos territoriales con los caciques locales había terminado de dinamitar los puentes. “A los gobernadores los cerrás con recursos o con política, sino es imposible”, mascullaba un operador de Casa Rosada molesto con la estrategia de la hermana presidencial.
Abandonado a su debilidad numérica, el Gobierno apostó todas sus fichas a embarrar la sesión para ganar tiempo. Desde el operativo fallido del comunicador oficialista Alejandro Fantino, que salió a alertar que la aprobación de los proyectos opositores harían tambalear al Gobierno, hasta el propio Javier Milei: todo el aparato oficialista salió a denunciar que la sesión en el Senado representaba un “golpe institucional” contra el Gobierno.
“Hoy el kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado, plantándole a la Vicepresidente una sesión autoconvocada para arrebatarle el poder a la Presidencia del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno”, denunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, minutos antes de que comenzara la sesión.
En el recinto, luego de que Villarruel asumiera la presidencia, el oficialismo adoptó la misma estrategia. “Quieren doblar el reglamento y la Constitución”, denunció Ezequiel Atauche, el jefe de la bancada libertaria y el foco de todas las críticas de la oposición, al ser quien se negó a convocar la comisión de Presupuesto para tratar los proyectos previsionales -la moratoria previsional, la actualización del bono de jubilados a $110 mil y el incremento del 7,2% de todos los haberes jubilatorios- y el de emergencia en discapacidad.
“Todo esto es responsabilidad de un solo senador. No es responsabilidad de los 10 que nos juntamos, sino del presidente de la comisión que no sabe cumplir con sus compromisos y responsabilidad”, le respondió, furioso, el radical Pablo Blanco, aludiendo al verdadero fondo de la discusión: la validez o no de los dictámenes emitidos en la comisión de Presupuesto que la oposición había autoconvocado sin el aval de Atauche.
La oposición sostiene que tienen validez y que, por este motivo, se requiere solo una mayoría simple para sancionar las leyes previsionales y la emergencia en discapacidad. El oficialismo, en cambio, apuesta a impugnarlos y, así, exigir que haya una mayoría de dos tercios para poder tratar las iniciativas: un número que la oposición no tiene, ya que los gobernadores radicales y del PRO no tienen interés en aprobar esos proyectos.
A los mandatarios provinciales solo les interesa aprobar las iniciativas destinadas a fondear sus cuentas públicas. Solo eso, y porque planean utilizar la media sanción como herramienta de negociación con el Gobierno. Fueron los aliados, incluso, quienes se encargaron de llevar a cabo la verdadera estrategia oficialista. Es decir: desconocer los dictámenes para evitar que pudieran ser sancionados en el recinto.
“Esto va a terminar en una sesión judicializada. No podemos permitir que un día se reúnen 9 senadores y dejan el dictamen que quieren”, cuestionó, por ejemplo, la mendocina cornejista Mariana Juri. Los gobernadores buscaban diferenciarse, así, de la oposición más dura: ellos no eran kirchneristas y no avalaban el aumento a las jubilaciones, que significaba un 1,9% del PBI.
Tras casi dos horas de debate reglamentario, sin embargo, la oposición consiguió el número para imponer su interpretación del reglamento. Presionada por su propio Gobierno, que la estaba atacando a través de las redes sociales por haber habilitado la sesión, Villarruel intentó forzar la interpretación de que se necesitaban dos tercios. Pero el jefe de la bancada peronista, José Mayans, la cortó: “Usted es la presidenta del cuerpo, usted es del Poder Ejecutivo, no puede decidir”.
Villarruel miró a su secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, y él hizo un gesto de asentimiento: ya no había lugar para seguir resistiéndose. Se sometió a votación la moción de Mayans y, con 42 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, el Senado habilitó la interpretación de la oposición. Acompañaron con su voto los peronistas, los radicales Blanco, Lousteau y Kroneberger, la larretista Tagliaferri e, incluso, el cordobés amigo del presidente, Luis Juez. En contra votaron los gobernadores radicales y PRO aliados del Gobierno.
Enfurecidos, los oficialistas abandonaron el recinto. Ya por esas horas, en Casa Rosada amenazaban con judicializar la sesión.
MC/MC