El bueno de la película

En los últimos días, con la guillotina de los vencimientos de deuda sobre la cabeza y el acuerdo sin cerrar, Alberto Fernández le pidió a Carlos Zannini precisiones sobre la querella criminal que ordenó iniciar hace 10 meses por la deuda que el gobierno de Mauricio Macri contrajo con el Fondo. A cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, la causa por defraudación, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos no generó hasta el momento hechos relevantes. En agosto pasado, tal como reveló Emilia Delfino en elDiarioAR, la Procuración del Tesoro se presentó también como actor civil y pidió un resarcimiento económico de parte de Macri y sus funcionarios por el préstamo de 44.000 millones de dólares que recibió la Argentina.  

Miembro histórico del kirchnerismo y detenido durante el gobierno de Cambiemos por Claudio Bonadio en la causa del memorándum con Irán, Zannini presentó más adelante el informe del Staff del FMI, de octubre de 2018, que marca que las autoridades argentinas incurrieron en desvíos respecto de lo pautado en el Programa de Asistencia Financiera, en el primer tramo del desembolso. Además, sumó un Informe de la SIGEN que estima en más de 29 mil millones de dólares el perjuicio para el Estado con el crédito a Macri: sostiene que entre junio de 2018 y diciembre de 2019, Argentina incrementó sus pasivos en más de U$S 20 mil millones y perdió reservas por U$S 9 mil millones de dólares.

Aunque el interés principal de Fernández era demostrar que la causa estaba avanzando, el pedido del Presidente al Procurador del Tesoro puede ilustrar sobre la situación en la que se encuentra su gobierno. A dos años de asumir y a dos meses de la cesación de pagos, sin lograr todavía acordar un sendero que no implique tanto ajuste como el que demandan los laderos de Kristalina Georgieva. Desde el inicio, la causa iniciada por el gobierno del Frente de Todos apunta a enjuiciar a los funcionarios de Cambiemos y deja a un lado a los representantes del Fondo. Zannini pidió de hecho que se reciba la testimonial de los funcionarios del Staff que produjeron el informe de octubre de 2018. Otras presentaciones que se hicieron en ese mismo juzgado, como la de Juan Grabois, incluían en la denuncia a Christine Lagarde y a David Lipton, hoy reciclado como número 2 de Janet Yellen en el Tesoro norteamericano. El dirigente del MTE alineado con Máximo Kirchner pidió ser querellante en la causa pero los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi le negaron la posibilidad. 

El Gobierno se acerca a una instancia de definiciones sin haber logrado salir nunca de su estado de debilidad inicial, solo interrumpido durante el veranito que las encuestas le anunciaban al Presidente en el arranque de la pandemia. La trampa del endeudamiento con el Fondo sigue ahí y la estrategia de Martin Guzmán, que decidió prescindir del organismo en la reestructuración con los privados y trabajó durante 2020 en base a las coincidencias con Georgieva, vuelve a revelarse estéril.  

Aun en semanas en las que la tercera ola de Covid 19 explota en todo el país y los cortes de luz de las distribuidoras eléctricas arruinan la vida cotidiana de cientos de miles de personas, la deuda con el Fondo es lo que condiciona todos los movimientos del oficialismo y lo que mantiene en suspenso a un gobierno que, dos años después de haber asumido, todavía no puede arrancar.

De acuerdo al último informe de Equilibra, 2022 asoma complejo. En la hipótesis de que el acuerdo con el Fondo llegue pero se demore incluso hasta mediados de año, pronostica un crecimiento del 1% con una inflación del 58%. “Estanflación controlada” sería, según piensan, el mejor de los escenarios en un contexto de extrema fragilidad, donde las reservas netas no cubren siquiera un mes de importaciones de bienes. La escasez de agua y la ola de calor extremo potencian la sequía que recorta ya las proyecciones de la cosecha de soja y maíz -5 y 8 millones de toneladas menos, según la Bolsa de Comercio de Rosario- y el contexto internacional se presenta menos benigno.

La consultora que dirige Martin Rapetti y tiene entre sus miembros fundadores a Diego Bossio especula también con un escenario de no acuerdo con el Fondo. ¿Cómo sería? Sin financiamiento de los organismos de crédito, con pago punitorios al Club de París, mayor brecha cambiaria, menos exportaciones, más presión devaluatoria y la posibilidad de un salto del dólar oficial cuando se acaben los verdes de la cosecha, en el tercer trimestre. La economía caería 2% y la inflación aceleraría, según calculan, al 85%.

El problema es que el acuerdo con el Fondo, si es que llega, también tendrá consecuencias negativas. El ajuste impactará sobre la base de la sociedad y vendrá acompañado por una suba del dólar, aumento de las tarifas y tasas de interés más altas; traerá mayor inflación y menor crecimiento al menos en el corto plazo. Guzmán lo sabe. Aunque siempre evitó aludir al tema en público, en sus conversaciones privadas con los altos mandos del gobierno, el ministro de Economía admitió más de una vez que entrar en el proceso de arrears era una posibilidad concreta si el Fondo se endurecía más allá de lo tolerable. Así como el default sería un shock muy duro, decía, un acuerdo que obligara a una dosis de sacrificio desmedido sería como desangrarse con un impacto aún más definitivo y el valor de las empresas también se desmoronaría.

Para salir de ese laberinto, el Presidente envía en estas horas a Santiago Cafiero a Washington para que intente en 48 horas lo que no se pudo desde que Joe Biden asumió en reemplazo de Donald Trump. Tal como contó elDiarioAR esta semana, Fernández y sus funcionarios piensan que el ala política que integran el secretario de Estado Antony Blinken y el Consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan tiene una posición más afín a la de Argentina y pueden influir sobre el Departamento del Tesoro. Piensan que Janet Yellen aterrizó sola y está rodeada de cocodrilos que expresan el poder permanente. El más destacado es Lipton, aquel que pretendía querellar Grabois y que, sin embargo, fue convocado por Yellen para dar el salto del Fondo al gobierno de Biden.

Conscientes del desafío que le toca a Cafiero, en la Cancillería buscan bajarle la expectativa al encuentro con Blinken. Sin embargo, el objetivo de Fernández, Gustavo Beliz, Jorge Argüello y el propio Cafiero es que los políticos influyan sobre la economía. Para el doctor en Relaciones Internacionales y docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Rosario Esteban Actis es muy difícil que la estrategia del Gobierno tenga éxito por tres factores: el predominio de las agencias sobre los agentes en la política de Estados Unidos, el tradicional statu quo de los demócratas frente a la arquitectura financiera internacional y la experiencia más reciente: la decisión de Trump vía el ex secretario del Tesoro Steven Mnuchin, que forzó a Lipton para que autorizara a Macri a usar parte del préstamo del Fondo para frenar la corrida cambiaria. Cuando la política de Estados Unidos se impuso sobre el FMI, el resultado fue un fracaso alevoso.

Algo parecido piensan aunque no lo digan cerca de Guzmán. Desde que volvió del viaje a Roma, donde participó de la cumbre del G20, el ministro comenzó a pensar que no habría ayuda de Biden para la Argentina. Por eso, le resulta tan problemático que el Nuevo Fondo que alguna vez invocó el Presidente sea tan parecido al viejo.  

En la escena que proyectan en el microcine del ministerio de Economía, Georgieva y Yellen -casada con el Premio Nobel George Akerlof, un amigo de Josep Stiglitz- son dos economistas que cuestionan la arquitectura financiera global pero están al frente de estructuras en las que son minoría y no pueden hacer lo que quisieran. Desde esa perspectiva, es por una debilidad que la excede y afecta a la corriente que integran que no pueden auxiliar a la Argentina de los Fernández. 

El ala del gobierno que lidera Beliz apuesta desde que Biden asumió a que se convierta en el bueno de la película, en la cuenta regresiva hacia el default. Una traducción al plano de lo real de la filmografía de Hollywood con personajes identificados con Estados Unidos que, sobre el final, siempre salvan a las víctimas.

Dos semanas más tarde, al otro lado del mundo, el presidente argentino intentará una vez más desplegar otra estrategia que, según entiende, no es contradictoria sino parte del juego multilateral de la Argentina. Irá a buscar ayuda de Vladimir Putin y Xi Jinping. También ellos podrían encarnar, si estuvieran dispuestos, el rol de salvadores en un contexto de escasez y pandemia. Lo que más necesita el Gobierno son dólares y una de las posibilidades que se exploró es la de utilizar los DEGs sobrantes de Rusia y China. Eso o algún otro tipo de salvataje. Por ahora, y cuando el peronismo entra a jugar tiempo de descuento con el Fondo, el papel del bueno está vacante. El Papa Francisco, que lo asumiría sin problemas, tampoco puede obrar milagros. 

Argentina enfrenta problemas estructurales que exceden el endeudamiento. El dato de inflación que cerró 2021 -50,9%- volvió a confirmarlo. Aunque el Presidente intentó hallarle un costado positivo, las previsiones de Guzmán se vieron superadas en un 22%. Es cierto que la etapa actual de la pandemia provocó un aumento de precios internacionales en los alimentos, la energía y los insumos industriales. También que hasta las previsiones de la Reserva Federal resultaron un fiasco y Estados Unidos tuvo la inflación más alta (7%) desde 1982. Pero durante 2021 las tarifas estuvieron pisadas y el dólar subió la mitad que el IPC.

A la inversa, en el primer año de gestión, el Gobierno había tenido una inflación del 36,1% producto de la recesión que también generó la pandemia en su fase inicial. 2022 vendrá a transparentar el estado real de la situación pero todo indica que el piso inflacionario se asemeja más al del último Macri -53,8%- que al de 2020. En diciembre, el IPC núcleo llegó al 4,4% y acumuló 54,9% en 2021. Solo una porción reducida de la población, los asalariados bajo convenio en gremios importantes, logran empardar esos números y no perder por goleada con los precios. 

Los cortes de luz que afectaron al menos a 700 mil usuarios el martes y 300 mil más el viernes entraron también en la polarización de las audiencias redundantes. Tan cierto como que las tarifas están semicongeladas desde hace casi tres años, es que los sueldos de la mayoría están destrozados y que el Gobierno elevó a niveles récord los subsidios, tal como se anticipó en esta columna la semana pasada: se destinaron U$S 10.900 millones al “sistema pro ricos” del que habló Guzmán en abril del año pasado; un 75% más que en 2020 y un 130% más que en 2019.

Según los especialistas, consumada la violenta transferencia de ingresos en beneficio de las empresas que ejecutó Macri, el problema hoy está en el sistema de distribución que tienen a cargo concesionarias como Edenor y Edesur. A nivel de generación, el sistema está relativamente bien para enfrentar incluso temperaturas extraordinarias como las que se registraron en los últimos días. Eso pese a que por la crisis hídrica, la represa de Salto Grande hoy genera 100 de los 500 megawatts que habitualmente genera y Yacyretá 600 de 2000. Claro, las generadoras como Enel -dueña de Edesur-, Central Puerto, Genneia, Pampa Energía y PAE tienen las contratos dolarizadas desde los años de Macri.

Según le dijo a este diario un político que conoce bien el sistema, el Gobierno -que supo con tiempo sobre la sequía 2021- no previó las altas temperaturas y no hizo nada para reducir la indisponibilidad térmica, entre 7000 y 8000 megas de centrales térmicas que estaban inactivas por distintas razones. Tal vez para simplificar una historia larga en la que no hay inocentes -en 1992 Menem otorgó las concesiones hasta 2087-, el nombre de José Luis Manzano volvió a estar en boca de todos. 

Especialista en surfear todo tipo de olas, Manzano dejó Edenor -su gran golpe, hace justo un año- en manos del management de la empresa y se concentró en nuevas adquisiciones. Después de quedarse con la compañía Minera Aguilar, el ex ministro se reunió en Buenos Aires con Gerardo Morales para ponerlo al tanto de su desembarco. Lo contó elDiarioAR en exclusiva hace 10 días. El propio Manzano le dijo a este medio por qué es un optimista irreducible en un contexto de crisis: “No hay transición energética sin metales críticos en la cadena de electrificación. En un periodo de entre 6 y 10 años, la minería puede ser la segunda soja del país”, aseguró. Dueña de un entusiasmo envidiable, incluso en medio del apagón, una parte del Gobierno coincide con él.

DG