Zannini avanza en la Justicia para demandar a Macri por un resarcimiento económico por el acuerdo con el FMI
El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, prepara el terreno para demandar civil y económicamente al expresidente Mauricio Macri y exmiembros de su gabinete por el acuerdo de 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según confirmaron a elDiarioAR tres fuentes con acceso directo al caso. El gobierno de Alberto Fernández sostiene que el exmandatario y sus colaboradores participaron de una presunta defraudación multimillonaria a las arcas públicas, acusación que niegan desde la oposición.
Como jefe de los abogados del Estado, Zannini realizó una presentación ante la jueza que investiga el caso, María Eugenia Capuchetti, solicitando que la magistrada acepte a la Procuración como actor civil en la causa penal. La jueza aceptó el pedido este miércoles, confirmó una fuente judicial, lo que le permite al Ejecutivo demandar por resarcimiento económico a Macri y a otros investigados en la causa si es que la Justicia penal da por probada la hipótesis criminal.
La cifra de la demanda civil aún está en estudio, respondió una fuente directa del caso a este medio. El crédito con el FMI fue por unos US$45.000 millones.
Por este caso, el fiscal Franco Picardi imputó por los presuntos delitos de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública a Macri y cuatro de sus exfuncionarios: los exministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas) y los extitulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris. Todos o algunos de ellos podrían ser alcanzados por la demanda civil y el eventual pedido de reparación económica al Estado.
El Gobierno ha demostrado un especial interés en este expediente. La causa data de 2019 pero en marzo fue reimpulsada por el Ejecutivo, que presentó una querella criminal a través de la Oficina Anticorrupción (OA) y que había sido anunciada por Fernández en el Congreso. La medida solicitada por Zannini llega además en medio de las negociaciones de la actual administración con el FMI para un posible nuevo acuerdo. No hay denuncias del Ejecutivo contra miembros del organismo internacional por este caso. Ninguno, además, fue imputado en la causa.
La jueza Capuchetti y el fiscal Picardi deben establecer si el acuerdo con el FMI en 2018 implicó conductas delictivas de los funcionarios responsables o si se trató de una “mala política económica”, sostuvo una fuente judicial con acceso directo al expediente. El fiscal solicitó que se realice un peritaje multidisciplinario para intentar determinar si los hechos configuran la comisión de delitos penales, explicó la fuente.
La denuncia
En marzo, la OA aportó a la causa informes técnicos y jurídicos del Banco Central y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) como supuestas pruebas de que los exfuncionarios de Cambiemos destinaron el préstamo del organismo internacional de crédito al pago de títulos de deuda Lebacs adquiridos por individual que luego habrían fugado esos dólares al exterior.
La querella oficial denunció que el gobierno de Cambiemos ejecutó “un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional”, que, dice la denuncia, “en los próximos años deberá afrontar el pago de enormes cuotas del capital y sus intereses, circunstancia que implicó una transferencia extraordinaria, indebida y fraudulenta de activos desde el sector público hacia una parte del sector privado”. La jueza ya solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que informe quiénes son los individuos y sociedades que se habrían beneficiado con esta operación financiera durante el gobierno de Macri.
“La primera mentira fundamental que hoy baten es el crédito del FMI. Los que dicen que se fugaron la plata y se la llevaron los amigos de Macri, la deuda es la misma. No es que debemos 50.000 millones más. ¿Por qué? Porque bajamos el déficit”, se defendió este lunes el expresidente en una entrevista con Joaquín Morales Solá en su programa Desde el Llano. “El FMI no es un banco comercial. Creían en el rumbo que habíamos tomado, por algo nos dieron la presidencia del G20, no de este rejunte que es el Grupo de Puebla”, sostuvo el exmandatario.
El actor civil
El organismo que encabeza Zannini ya era querellante en el expediente pero la figura del actor civil le permite iniciar una demanda contra los acusados del caso penal en buscar del resarcimiento económico y buscar que Macri y sus exfuncionarios paguen de su bolsillo el supuesto perjuicio al Estado por sus decisiones en torno al préstamo del FMI.
La figura del actor civil está contemplada en el Código Procesal Penal Federal, pero no suele ser utilizada, confirmaron fuentes judiciales en Comodoro Py.
La acción puede ser dirigida contra uno o más de los imputados por supuestos daños y perjuicios; permite reclamar medidas cautelares y restituciones, reparaciones e indemnizaciones económicas, según surge de la consulta a la normativa. En este caso, el Tesoro no identificó con nombre y apellido a los posibles demandados pero el Código le permite ir contra cualquiera de los imputados. Una vez constituido como actor civil, el Tesoro debe presentar su demanda en el plazo de tres días.
ED
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